Ya transcurrieron ocho meses desde que la Justicia resolvió otorgar la planta de la pesquera Fripur y sus permisos de pesca a la empresa multinacional Cooke Aquaculture, con sede en Canadá. La empresa se comprometió a pagar 15 millones de dólares al contado, y aún no lo ha hecho. Con esa cifra superó en el proceso concursal al proyecto de autogestión que habían presentado los ex trabajadores de Fripur, nucleados en una cooperativa. A diferencia del proyecto de los trabajadores, que proponía utilizar la planta e incorporar actividades con valor agregado, Cooke Aquaculture sólo se comprometió a usufructuar los permisos de pesca con 90 trabajadores en tripulación para captura y diez empleados administrativos.
En julio, el síndico de Fripur, Francisco Cobas, dijo a la diaria que la empresa pagaría una vez que estuviera pronta la escritura. “La actuaria del juez tiene todos los títulos, hay muchos inmuebles y muchos vehículos; el tema del estudio de títulos es engorroso”, argumentó Cobas en aquel momento. De todos modos, acotó que desconocía “la entidad de la demora”.
Tres meses después, según denuncian los trabajadores, la empresa depositó sólo tres millones de dólares a manera de garantía. Por depositar ese dinero, la jueza le otorgó las acciones de la pesquera Fripur en Argentina (que pertenecen a la empresa constituida en Argentina Grinfin SA). Sus activos consisten en cuatro barcos con sus correspondientes permisos de pesca para aproximadamente 8.000 toneladas de merluza, plantas procesadoras en tierra y un apartamento en Buenos Aires. Según valoran los trabajadores, el valor de la totalidad de estos activos asciende a 15 millones de dólares.
Jorge Bentancor, ex trabajador de la pesquera e integrante de la cooperativa Eco-Fripur, sostuvo que según la ley concursal, la venta en bloque debe realizarse, como su nombre lo indica, en bloque: un pago por la totalidad de los activos, y la entrega de la totalidad de los activos; y no en partes, como se está haciendo en este caso. “No entendemos cómo se puede enajenar parcialmente el bien, cuando la venta en bloque establece claramente un pago total contado”, cuestionó Bentancor.
Los trabajadores denuncian que con estas acciones en su poder, la empresa transnacional, sin pagar lo que debe, podrá proceder a venderlas por un monto mayor, y de ese modo hacerse con el dinero necesario para pagar lo que debe. Sostienen que la Justicia promueve de este modo “la especulación financiera”.
La cooperativa también expresa su preocupación ante los movimientos de la flota perteneciente a la ex Fripur en el puerto y en coordinación con la Administración Nacional de Puertos (ANP), cuando no ha pagado lo que debe, no se han escriturado los bienes ni se le han entregado.
Bentancor explicó que los ex trabajadores de la planta solicitarán la nulidad del proceso concursal debido a estos incumplimientos.