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Afonso Renan y Luciano Teixeira. Foto: Adrián Mariotti

Encargados de la construcción de escuelas por PPP en Brasil comparten su modelo y opinan sobre planes locales

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Belo Horizonte, la tercera ciudad más grande de Brasil y capital del estado de Minas Gerais, ha construido en los últimos años 51 centros educativos primarios por Participación Público Privada (PPP), un mecanismo que el gobierno anunció que utilizará para la construcción de 44 jardines de infantes, 33 escuelas de tiempo completo y 15 Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) en el transcurso de 2018. Por este motivo, el Ministerio de Economía y Finanzas invitó al secretario adjunto de Educación de la municipalidad de Belo Horizonte, Brasil, el profesor Afonso Renan, y al gerente de la Unidad de Participación Público-Privada de la empresa brasileña PBH Ativos SA, Luciano Teixeira, a presentar su experiencia frente a funcionarios públicos. Ayer, en diálogo con la diaria, compartieron reflexiones sobre el encuentro y los proyectos.

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La idea de llevar a cabo un proyecto por PPP en el sector educativo de Belo Horizonte comenzó a gestarse por necesidad. “Teníamos un problema de demanda. No nos alcanzaban los cupos para los niños entre cero y cinco años en las escuelas, y los recursos propios del servicio público eran muy limitados para atenderlos; entonces buscamos una alternativa: el sector privado”, contó Renan.

A fines de 2010 se comenzó a pensar en el modelo y, después de una licitación, el municipio y la empresa de ingeniería y construcción Odebrecht firmaron un contrato por una concesión a 20 años, en julio de 2012. Un año después, fueron entregadas las primeras tres unidades y en 2015 ya se había terminado la construcción prevista. “El desafío fue pensar un proyecto de manera que tanto el sector público como el privado se beneficiaran, pero para eso se necesitaba que el que lo desarrollara fuera lo suficientemente calificado para garantizar una buena ejecución y gestión, y al mismo tiempo que el proyecto fuera atractivo desde el punto de vista económico y financiero”, agregó.

La “clave”, según los brasileños, está en la distribución de riesgos. “Algunos riesgos son propios del poder público, otros del privado y otros son compartidos. Lo que hicimos fue especificar en la licitación la división de tareas y, a partir de eso, el privado, cuando realiza la propuesta, lo hace poniendo un precio a los riesgos que enfrenta”, explicó.

Según el secretario adjunto, hay dos indicios que dan cuenta de la satisfacción por parte de los privados: por un lado, que decidieron sumar 17 unidades más al proyecto original, construyendo en total 51 centros; por otro, que ya se percibe el interés en un segundo proyecto de PPP que está implementando la municipalidad en el área de la salud.

En cuanto a los resultados, consideran que se dio “una sinergia entre ambos sectores”: “Tanto la directiva como los maestros de la escuela se dedican más a la parte educativa, despreocupándose del mantenimiento de la infraestructura, de las gestiones burocráticas y de la limpieza”, dijo Renan. Desde el otro lado, “el estímulo del privado está en que si la directiva del centro no aprueba su tarea, va a cobrar menos por su trabajo”, consideró Teixeira.

El secretario afirma que esta iniciativa generó un problema colateral: “La demanda educativa aumentó aun más por los resultados del proyecto. Personas de clase media y alta decidieron empezar a mandar a sus hijos a la escuela pública por estos nuevos centros, por lo que se percibe que la cantidad no fue suficiente”.

Temas de ideología

Así como ocurre en Uruguay, Renan sostuvo que al principio la metodología levantó resistencias en Belo Horizonte. “Por tratarse de educación, se crean inmediatamente dos sospechas: una es que no se entiende lo que va a ganar el privado comercialmente con esto, mientras que la otra está relacionada a la ideología, fundamentalmente desde la izquierda, ya que se entiende como una privatización”.

Las tareas se dividen desde un principio, en el contrato, entre público y privado. “La parte privada se ocupa de todos los servicios, excepto los educacionales y asistenciales: la construcción, el mantenimiento y la conservación, la limpieza, la lavandería y la seguridad. La política educativa, la capacitación de los profesores, los proyectos educativos, incluso la alimentación de los niños, siguen estando a cargo de lo público”, aseguró.

Según un estudio llevado a cabo por la municipalidad, al día de hoy el servicio tiene 90% de aceptación de la población. “La realidad es que la gente ahora se queja de las unidades escolares que no son PPP. Las familias nos dicen que los predios y la higiene están mejor cuidados y que todo siempre tiene un muy buen aspecto”, contó.

La manera de lograr la aprobación pública fue principalmente mediante la transparencia. “Se tiene que transmitir confianza, y para eso ser claro, transparente, decir realmente lo que estás haciendo y cómo”, dijo. “Nosotros fuimos a cuanto debate surgió en el Poder Legislativo y con la sociedad civil, para explicar el proyecto que estábamos haciendo, demostrando que era un método más beneficioso y económico para la población”, agregó Teixeira.

Una mirada externa

Consultados respecto del caso uruguayo, Renan consideró que “se está buscando en el camino adecuado” y Teixeira afirmó que es necesario “no quedarse encerrados en formatos externos”. “No creo que haya que traer un modelo e insertarlo en el país, sino tomar lo que es bueno de cada proyecto y adaptarlo a la realidad uruguaya”, agregó.

En tanto, Renan sugirió realizar “construcciones estandarizadas”, para que “sirva económicamente en escala”, dada la baja población y densidad del país.

Buenas expectativas

Según el portal de Presidencia, la directora de proyectos de Participación Público Privada (PPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Silvina Panizza, indicó que el proyecto que se comenzará a licitar el mes que viene consta de cuatro niveles: primera infancia, educación inicial, educación primaria y educación secundaria, con una inversión global estimada de 432 millones de dólares. En el caso de esta primera etapa, dedicada a la primera infancia, las administraciones públicas contratantes son el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay por los centros CAIF y la Administración Nacional de Educación Pública por los jardines de infantes. Panizza agregó que en la licitación los privados tendrán cinco meses para preparar las ofertas y luego habrá otros cuatro para su evaluación.

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