José Olascuaga, responsable de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DGDR, MGAP) y coordinador nacional de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur, habló desde ese doble rol. Al igual que lo hizo luego Norma Carugno, presidenta de la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay, Olascuaga se refirió a los tres pilares de la autonomía: el económico, el político y el físico. Explicó que la autonomía política implica que las mujeres rurales participen en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas. Respecto de Uruguay, comentó que el MGAP impulsa desde 2005 un modelo de desarrollo basado en la descentralización, pero comentó que existe “una cultura machista” y que por más que se genera la oportunidad para la participación femenina, se “dificulta bastante la participación más efectiva de las mujeres en estos ámbitos”; reconoció el desafío de cambiar esa realidad.
En cuanto a la autonomía económica, Olascuaga comentó que la REAF impulsó un diagnóstico para evaluar el acceso a la tierra, a la asistencia técnica, al crédito, a apoyos a la producción y a registros que tienen las mujeres. “Constatamos desigualdades importantes a nivel regional y muchas brechas en el acceso de mujeres a estos instrumentos”, lamentó. Con respecto a la autonomía económica de la mujer rural en Uruguay, expresó que en los últimos tres años se han generado intervenciones tratando de revertir esas desigualdades. Precisó que “en la DGDR se revisó el registro de producción familiar, permitiendo la cotitularidad, eliminando la referencia del varón como única cabeza de familia”, y que del mismo modo, el Instituto Nacional de Colonización (INC) generó la posibilidad de establecer la cotitularidad de la tierra en los predios de colonización. Jacqueline Gómez, presidenta del INC, comentó luego que esa “era una reivindicación histórica de las mujeres rurales” y que sólo 12% de los campos del INC estaban a nombre de mujeres. El INC tomó en 2014 la resolución de la obligatoriedad de la cotitularidad; Gómez informó que desde entonces más de 60% de los nuevos registros están a nombre de los dos integrantes de la familia. Con esto, la mujer no sólo pasa a involucrarse con el INC, sino que además tiene acceso a beneficios sociales, a la salud y al crédito, enumeró Gómez.
La autonomía física refiere a algo elemental: la protección de la integridad de las mujeres de la violencia física del varón. Olascuaga informó que la DGDR implementó un curso de sensibilización y capacitación en políticas de desarrollo con enfoque de género porque “nuestros extensionistas y técnicos de campo no tienen una formación específica”. El curso se instrumentó por medio de una plataforma de educación a distancia y se han hecho varias ediciones; lo han cursado 90% de los técnicos de la DGDR, funcionarios de las unidades departamentales del MGAP, del INC y técnicos del ámbito privado; en total, unas 170 personas. Olascuaga agregó que recientemente se acordó que los técnicos del Instituto Plan Agropecuario también reciban la formación. Se apunta a que los técnicos que llegan al interior profundo se sensibilicen ante la problemática de la violencia de género y puedan estar atentos a determinadas situaciones.
Cuestión de soberanía
Carugno pidió reconocer “el rol protagónico de la mujer rural en la producción agropecuaria y en la alimentación” y valorarlas “como productoras y guardianas de semillas nativas y criollas: somos defensoras, luchadoras y transmisoras de esos saberes que preservan la biodiversidad”. Reclamó asegurar el acceso a la tierra y a las formas de producción que permitan “elegir qué comer, nosotras y nuestras familias”. Aclaró que no es lo mismo “seguridad alimentaria” que “soberanía alimentaria”, porque esta última implica “defender nuestro territorio”, conservar las semillas y evitar la contaminación; reprochó que los “los gobiernos piensan en asegurar la alimentación” pero que “no es lo mismo que dejarnos producir lo que queremos”.
Señaló “una dicotomía entre el hacer y el decir”, puesto que “se dan procesos de formulación de políticas que terminan por no ser asertivas o no implementarse como se planificaron”, debido a “la no participación de las mujeres rurales en el diseño”. Recomendó “garantizar la participación de la sociedad civil en todas las etapas de elaboración, implementación y monitoreo de las políticas”. Con respecto a la autonomía económica, identificó “trabas sistemáticas” en “las dificultades de acceso a la tierra, al crédito, a la asistencia técnica y capacitación, a las herramientas e infraestructura productiva, el no reconocimiento de la producción nacional y la competencia desleal en los mercados”.
Desde el territorio
Carugno vive en Totoral del Sauce, una zona rural del departamento de Canelones. Contó a la diaria que ha vivido toda su vida en el campo, donde se dedicó a la chacra, y que forma parte de un grupo de mujeres que hace artesanías (pintura en tela, en madera, tejidos, crochet). Dijo que la soledad es el mayor problema que padecen las mujeres rurales, y que el aislamiento, producto de las distancias, hace que “no se enteren de los derechos que tienen”. Dijo que la violencia física “está muy disimulada, muy escondida porteras adentro de los predios, y no hay a quién recurrir”. “Queremos lugares más cercanos a los pueblos donde la mujer pueda apoyarse”, dijo, y comentó que una mujer que vive en Canelones, en el límite con Lavalleja, tiene que ir hasta la ciudad de Canelones si quiere acudir a una comisaría especializada: “Es imposible llegar, y menos una mujer que no tiene muchos recursos: una de las violencias es económica, y si no tiene dinero, no puede ir”. En ese sentido, saludó la capacitación a los técnicos rurales.
Blanca Mary Cazaux, de 48 años, estaba entre el público, con su hija María Caraballo, de 28 años. Blanca integra el grupo Mujeres Rurales de San Antonio (Canelones) que desde hace 12 años se dedica a la producción rural. De las 14 que iniciaron el proyecto quedan tres, pero están al firme; en una extensión de cuatro hectáreas plantan cebolla, papa, boniato, ajo y arvejas, que venden al Mercado Modelo. Pero en tres meses deberán devolver el terreno y están intentando conseguir otro. El objetivo es que puedan integrar a sus hijos. María trabaja en cuadrillas que plantan y cosechan frutas y verduras; contó a la diaria que a veces tiene que recorrer una hora en moto para llegar al predio en el que trabaja. Cobra por día, y cuando llueve, no recibe ingresos; hace ocho años que trabaja en cuadrillas. Le gustaría producir con su madre; es modista, pero al igual que su madre, prefiere la tierra. En las cuadrillas son más mujeres que varones. Contó de algunos prejuicios que en sus casos se potencian por “ser mujeres y jóvenes”: “A veces estamos con gente que ya están en las casas y nos miran como diciendo ‘qué van a hacer con la edad que tienen’, y al terminar el día nos dicen ‘ay, quedamos asombrados del cuerpito de ustedes, cómo son jóvenes y cómo trabajan’. Realmente, hay mujeres que trabajamos por dos o tres hombres”, dijo, señalando que a veces ellos se distraen conversando o mirando el celular y que ellas entienden que “si vamos a trabajar, trabajamos”.