“Creo que si no se avanza en este aspecto y se solucionan las dificultades, la reforma del cannabis va a quedar trunca por la falta de acceso a servicios financieros de las empresas que quieren operar en el sector. El gobierno debe y tiene que actuar en este sentido”.
La frase pertenece al abogado Leonardo Costa, y el reclamo al Poder Ejecutivo está relacionado con las dificultades que han tenido al menos tres proyectos vinculados a la investigación y desarrollo de cáñamo al momento de operar con bancos locales, incluyendo el Banco República (BROU), a pesar de contar con las autorizaciones correspondientes del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca).
El ex prosecretario y titular de la Junta Nacional de Drogas (JND) explicó que las casas matrices de algunos bancos que operan en el país se niegan a procesar pagos de proveedores, tiendas y otros negocios vinculados al cannabis porque entienden que eso contravendría las convenciones de Viena, en tanto podrían llegar a registrarse posibles casos de lavado de dinero con sustancias prohibidas. “El tema es que en algunos estados de Estados Unidos y en Uruguay se trata de una actividad legal, como todos sabemos; por lo tanto, no se les debería prohibir el acceso a servicios financieros a aquellas empresas que trabajan en el sector”, continuó Costa.
También recordó que en 2014, el Tesoro estadounidense emitió una normativa especial que habilita a estas empresas a tener una actividad bancaria normal, algo que aquí no ha sucedido. “El Banco Central del Uruguay (BCU) debería tomar cartas en el asunto”, reclamó. Y agregó: “Incluso les han cerrado algunas cuentas bancarias. Esto complica también a otros proyectos que tienen interés en invertir en Uruguay. Es incomprensible esta negativa, porque en Uruguay están operando en un marco de absoluta legalidad. Prefiero no decir nombres, pero hay proyectos que tienen los permisos del Ircca de investigación y desarrollo para cáñamo y cannabis a los que les han negado los servicios. Estos son los casos que conozco, pero el problema podría afectar además a los dos licenciatarios que tienen permisos del Estado para vender marihuana legal a las farmacias; a ellos le podría pasar lo mismo”, advirtió.
El gobierno ya está al tanto de la situación. Diego Olivera, secretario de la JND, reconoció que conoce la situación y dijo que en los próximos días intentará reunirse con jerarcas del Ministerio de Economía y Finanzas, el BCU y el BROU. “Estamos analizando la situación. La primera evaluación es que debería poder resolverse, porque es una actividad absolutamente legal. Estamos trabajando para resolverlo. Nos preocupa porque afecta a uno de los aspectos que más nos interesa desarrollar, que es generar investigación y desarrollo en torno al cannabis. El Ircca, por poner un ejemplo, tiene sus cuentas bancarias y no ha tenido problemas. Son cosas esperables para una actividad que recién se está empezando a desarrollar, es algo que se debería resolver”, agregó.