“Ha habido avances, pero no como aspiramos. Los derechos como ciudadanas deben ser totales y plenos, y no parciales o fragmentados como nos llegan”, planteó en primer lugar Silvia Páez, secretaria de la Red de Grupos de Mujeres Rurales. Un control “más severo” del uso de los agrotóxicos y pesticidas, una mejor conectividad y, con esta, un acceso “integral y pleno” a los servicios de salud son algunos de los puntos que reclamó la trabajadora. “Debemos decidir cuándo nos enfermamos, coincidiendo con el día de visita del médico de turno. Dejemos de lado las urgencias, que tienen un costo mayor o menor según la distancia que el médico deba tener que trasladarse. Y en el caso de trasladarnos a una localidad cercana, no podemos ir cómodamente en un asiento del ómnibus, porque la reserva telefónica también se nos suprimió”, enumeró.
Alix Cardoso, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, puso sobre la mesa la necesidad de una educación con una “visión integral del mundo rural”. “Queremos cambiar esa reproducción de imágenes del campo y del trabajo rural asociada a signos de ‘atraso’, en contrapartida del ‘desarrollo’ del ámbito urbano, donde se aceptan como ‘naturales’ y ‘dadas’ nuestras condiciones de vida”, afirmó.
También sostuvo que un tema que “preocupa, y mucho”, es el cambio climático. “Somos las mujeres que trabajamos y vivimos en el medio rural quienes nos damos cuenta, cada vez de manera más alarmante, de los efectos del cambio del clima en nuestra producción y de su impacto en nuestro modo de vida”, dijo, y afirmó que este tema “debería estar sobre la mesa de cada familia”. “El cambio climático no reconoce fronteras nacionales ni departamentales y, al igual que la garrapata, no lo frenan los alambrados”, expresó. Luego sostuvo, con base en documentación del Banco Mundial, que “un dólar invertido en prevención significa de cuatro a siete ahorrados en reparación”.
En este sentido, también reclamó “el derecho a participar en la toma de decisiones”. En diálogo con la diaria, sostuvo que no han sido consultadas para la realización de, entre otras, la Ley de Riego. “Hay cosas que están bien, pero hay cosas que podrían ser perjudiciales para los productores familiares. Las mujeres rurales tenemos los conocimientos necesarios para preservar la biodiversidad y gestionar los ecosistemas agrícolas, y aun así no fuimos incluidas en el debate”, afirmó.
La capacitación fue otro de los puntos que se tocaron, tanto desde el recibir como desde el dar. Mientras que la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Cristina Revetria, afirmó que “hoy una de las prioridades más relevantes para las trabajadoras rurales es la capacitación, una herramienta que abre el abanico”, Cardoso, desde otro punto de vista, consideró que “las mujeres rurales tienen un lugar” en la transmisión de conocimiento intergeneracional. “En términos de saberes, la producción familiar -nuestros sistemas y predios- es un patrimonio intangible”, sostuvo, al tiempo que consideró que sería “muy rico” que “los jóvenes pudieran tener acceso a lo que hacemos, para poder transmitirlo culturalmente”.
Otro tiempo y otro espacio
La violencia doméstica ocupa un espacio aparte en la agenda. Páez dijo que la asistencia no llega: “Si bien hay servicios móviles, no llegan; debemos trasladarnos a las ciudades o localidades”, algo que “no siempre es posible o fácil”.
Desde el Estado, tanto el director de Desarrollo Rural, José Olascuaga, como la presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez, dijeron que enfrentan “carencias” como técnicos y solicitaron a Inmujeres un “protocolo de actuación” que les permita “tener un ejemplo de procedimiento frente a una situación de violencia”. “Nuestros compañeros no pueden mirar para el costado, pero muchas veces no tienen claro cómo proceder”, reconoció Olascuaga, director del área que desde el año pasado ha “capacitado en género” a 90% “del funcionariado”.
Consultada por la diaria, la directora de Inmujeres sostuvo que es necesaria la creación de “nuevas estrategias”, porque el ámbito rural requiere “una política de protección social que tome en cuenta el condicionamiento del aislamiento y la dificultad de la grupalidad, una noción del tiempo y el espacio bastante distinta de la del medio urbano. La respuesta no es la misma, y para eso no sólo se requiere una disposición de los servicios especializados, sino también de los equipos técnicos que entran y a veces tienen una vinculación más directa con la situación”.
“No vamos a poner servicios fijos en cada una de las áreas rurales que tiene el país, porque esto no sólo no sería eficiente, sino que en relación con la protección, muchas veces su identificación podría generar más peligro que resguardo”, dijo. Consideró que el servicio telefónico -gratuito y anónimo- es “un dispositivo interesante en la articulación con los servicios de Inmujeres y del INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], del Ministerio de Salud, y ahora también de los agropecuarios”. “El instituto [Inmujeres] tiene una muy buena experiencia en casos límites y difíciles. Se han dado respuestas muy eficientes”, evaluó.
Haciendo un balance y comparando la situación actual con la de un año atrás, Mazzotti afirmó que “hubo un avance en cuanto a la maduración de la agenda de género”, dado que se han incorporando los derechos sociales, los productivos y los ambientales, y eso “muestra una alta consolidación de estas mujeres, de pensarse a ellas como sujetas activas de la política pública, y no sólo basadas en las necesidades específicas en tanto mujeres”.
Abriendo puertas
Revetria, hoy vicepresidenta de la CNFR, se autodefine como “mujer rural neta”; vive desde los 11 años en Canelón Chico y hace 25 que se puso al hombro, junto con tres compañeras, la gestación de un grupo de mujeres rurales, Mucachi. “En ese momento, lo que hacíamos tenía que ver con facilitar el acceso a ciertos servicios. En una escuela, agarrábamos una mesa donde en la tarde los niños tomaban la leche, poníamos una frazada, dos palitos en el borde para que las mujeres apoyaran los pies, y ahí los médicos que traíamos realizaban el control ginecológico y los PAP”, contó a la diaria. Al día de hoy, al menos en Canelón Chico, ya no se necesita montar esa estructura improvisada: en noviembre se instalará durante una semana un móvil del Ministerio de Salud que brindará acceso gratuito a medicina general, oftalmología, odontología y ginecología.
Mucachi nació como un grupo de mujeres que vela por el cumplimiento de ciertos derechos, y el 18 de agosto de 2007 se constituyó como una sociedad de fomento que integra la CNFR. La “clave”, dijo Revetria, fue “incluir desde la base a la familia”: “Íbamos casa por casa, preguntando si querían sumarse. No sólo a las mujeres: también teníamos un grupo productivo y otro de jóvenes”.