Entre 2010 y 2015, el Instituto Nacional de Colonización (INC) realizó más de 2.000 inspecciones para constatar posibles incumplimientos en los contratos de colonos. Según informó ayer la presidenta del organismo, Jaqueline Gómez, entre 25% y 30% de esos casos estaban efectivamente incumpliendo algunas de sus obligaciones y por ese motivo fueron intimados a ordenar el proceso; la mitad de ellos, unos 100 contratos, ya fueron rescindidos o están en acciones judiciales. “La mayoría de los incumplimientos son arrendatarios”, señaló la jerarca.
El 3 de octubre, el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto que, en estos casos, habilita al INC a rescindir unilateralmente los compromisos asumidos con el colono, en un plazo de 30 días a partir de que se constató la irregularidad. “El procedimiento administrativo que siempre hace el instituto es intimar a levantar el incumplimiento, dando vista del informe. Muchas veces los colonos levantan el incumplimiento; cuando esto no ocurre se determina la rescisión del contrato, y si no desocupa voluntariamente el campo comienza el procedimiento judicial”, dijo Gómez.
Ayer Subrayado informó que entre los 100 colonos se encuentran un senador y tres intendentes del Partido Nacional (PN). El jueves 28 de julio, el semanario Búsqueda publicó un artículo que señalaba quiénes eran los tres jefes comunales y el legislador que explotan tierras de Colonización. Según aquella nota, que se elaboró en base al cruce de datos del INC y un pedido de acceso a la información pública, el intendente de Artigas, Pablo Caram, explota un predio de 707 hectáreas. Su colega de Maldonado, Enrique Antía, también del PN, tiene un predio del INC de casi 50 hectáreas; otro correligionario de ambos, el intendente de Flores, Fernando Echeverría, es el responsable de una fracción de casi 90 hectáreas y el senador Álvaro Delgado, del sector Aire Fresco, explota un inmueble de 339 hectáreas en Paysandú.