Quizá soy demasiado joven o demasiado ingenuo, pero la confirmación de la existencia de un aparato militar clandestino dedicado a espiar a políticos, sindicatos y militantes me resulta asombrosa y en extremo preocupante. No logro entender cómo un hecho de esta envergadura no fue un escándalo nacional.
La confirmación de la existencia de este aparato vino gracias a la investigación de un archivo incautado por la Justicia en la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, vocero del Foro Libertad y Concordia, organización de militares retirados en defensa de los militares presos por los crímenes de la dictadura.
Pasando en limpio la información divulgada por la prensa (en especial por Brecha), por lo menos hasta 2009, militares partidarios de la dictadura espiaron a diferentes actores del sistema político, continuando con las prácticas de espionaje dictatoriales hasta muy bien entrada la democracia. Cuando los que somos críticos de la democracia uruguaya hablamos de las secuelas del autoritarismo no solemos pensar en cosas tan literales.
Este hecho es preocupante por muchas razones. En primer lugar, da escalofríos pensar para qué estos militares tenían montado este aparato. ¿Qué extorsiones, qué amenazas, qué tráficos de información habrán llevado a cabo? ¿Qué cambios en la trayectoria de discusiones y decisiones políticas habrán logrado estas operaciones? ¿Qué tanto las Fuerzas Armadas (FFAA) participaban (o participan) en estas actividades?
Las revelaciones del archivo Castiglioni nos dan una oportunidad de ver al “estado profundo” (deep state, en inglés), es decir, a las redes de tráfico de información, violencia y recursos que se dan en los bordes de lo estatal, y la medida en la que esas redes se interesan en (y operan sobre) los asuntos políticos civiles. Las consecuencias de la existencia de este tipo de redes para un régimen que se llama democrático no son nada menores, especialmente teniendo en cuenta que en Uruguay tenemos unas FFAA que nunca terminaron de romper con el legado de la dictadura. Cotidianamente los militares participan como grupo de interés en las discusiones políticas, como lo demuestran las disputas en torno a la reforma de la eternamente deficitaria Caja Militar. De hecho, el propio Estado legitima a los militares a erigirse como actores políticos, como lo demuestra su participación en el Diálogo Social y en otras instancias de este tipo.
El poder de los militares es un asunto que debería ser extremadamente sensible, especialmente en un país en el que la única “guerra” que pelearon sus FFAA en el último siglo fue contra su propia población, “guerra” cuya función fue ayudar a detener el avance de la izquierda en una América Latina convulsionada, en coordinación con los planes imperiales de Estados Unidos.
Conviene pensar, entonces, cuál es la función de las FFAA, aparte de reprimir a la población, apoyar imperialismos extranjeros y conspirar contra la democracia. Cuesta pensar que su participación en el Sistema Nacional de Emergencias no pudiera ser sustituida por un aparato civil, o que su colaboración con la Intendencia de Montevideo durante los paros de los recolectores de basura los haga realmente fundamentales, o que su función de “seguro de desempleo” en localidades remotas no pudiera ser suplido por una mejor seguridad social. ¿Es necesario tener una institución jerárquica, armada, aislada y conspiradora para cumplir estas funciones? ¿Es necesario que esa institución tenga su propio sistema de salud, educación y jubilaciones?
No se trata de difamar a los soldados, que viven una vida sacrificada y llena de privaciones. Mejor sería que como nación no pidiéramos ese sacrificio y esas privaciones a nadie, menos aun en tiempos de paz, y resulta irónico que quienes imponen este sacrificio a sus subalternos luego lo usen para legitimar otras facetas de la institución militar.
Ya se han comprobado en estos años casos escandalosos de corrupción en las FFAA, pero, si se comprobara que existe involucramiento militar en el aparato de espionaje revelado por los investigadores que trabajan con el archivo Castiglioni, estaríamos ante algo mucho más grave, que entra en el terreno de los crímenes contra el Estado y de la insubordinación militar hacia el poder civil.
Hay en la izquierda quienes están convencidos de que es necesario hacer política con los militares, pero me pregunto qué tipo de política es capaz de dialogar con este tipo de aparatos. Hay también quienes creen que la defensa nacional es un área importante de las políticas públicas, pero cuesta imaginarse a quién defenderían instituciones con la historia y las características de las FFAA uruguayas en caso de crisis. Si quisiéramos plantear algo así, sería necesaria una reforma militar mucho más profunda que la que actualmente se está intentando llevar a cabo y unas señales políticas mucho más fuertes que las medias tintas que escuchamos desde el gobierno ante noticias como estas.
Pienso, mientras escribo estas líneas, si como civil politizado tendría que tener miedo por escribirlas. Este pensamiento resume mejor que cualquier texto lo preocupante que es este tema.