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Liga Federal estudiará el fin de semana si habilita investigadora por negocios con Venezuela

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La voluntad de los diputados del Frente Amplio (FA) será la que defina el lunes si se crea una comisión investigadora para ahondar en los negocios de Uruguay con Venezuela durante el gobierno de José Mujica. La oposición cuenta con un voto oficialista para conformar el cuerpo, el del diputado Gonzalo Mujica, pero el FA también cuenta con un voto de la oposición en contra de la iniciativa, el del único legislador de Unidad Popular, Eduardo Rubio.

La bancada del FA ya decidió su posición contraria a la investigadora, pero todavía no se sabe qué postura tomarán los dos diputados de la Liga Federal Frenteamplista, Darío Pérez y Sergio Mier, quienes ayer dijeron a El País que su sector “puede llegar a votar o puede llegar a no votar”. Esto lo decidirían en función de los informes de la preinvestigadora, que el miércoles, por mayoría oficialista, decidió no recomendar la creación del cuerpo por falta de méritos. “Tenemos todo el fin de semana para decidir”, dijo Mier al ser consultado por la diaria.

El informe en mayoría de la comisión concluye que no se cumple con lo dispuesto en la ley que regula la creación de las comisiones investigadoras, que establece que estas deben crearse “cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes”. Uno de sus miembros, José Querejeta, dijo que está 100% convencido de que “no hay ningún tipo de atisbo de irregularidad en la denuncia presentada” por el diputado nacionalista Jaime Trobo. Según Querejeta, “se instaló que la empresa Aire Fresco era un peaje por el que había que pasar para vender productos a Venezuela, pero si uno mira la balanza comercial con este país desde 2005, se vendieron 1.800 millones de dólares y sólo 157 pasan por Aire Fresco”. Argumentó que la empresa tampoco manejaba la venta exclusiva de pollos y arroz a Venezuela, ya que Samán y Tres Arroyos lo hicieron por fuera de esta, aseguró.

El informe en minoría, redactado por el diputado blanco Rodrigo Goñi, concluye que los acuerdos bilaterales entre ambos países presentan irregularidades y ocultan “favores gubernamentales” mediante “preferencias en la concesión de licencias y ventajas cambiarias”. Al mismo tiempo, sostiene, se “confiere la llave del negocio a determinadas empresas intermediarias [Aire Fresco], en un juego combinado que permite un pago injustificado de sobreprecios, y termina siendo un caldo de cultivo para generar casos de corrupción y lavado de activos”, dijo el diputado en un comunicado de prensa.

La otra investigadora

En tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) pidió que se reconsidere el impulso a una comisión investigadora en el Parlamento por los archivos del fallecido coronel Elmar Castiglioni, que al ser hallados revelaron una práctica sistemática de espionaje a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales por parte de militares en democracia. La diputada Mercedes Santalla confirmó a la diaria la decisión de su sector, en la medida en que en la comisión preinvestigadora que analiza el tema no “se ha arrojado hasta el momento” suficiente documentación. A pedido de este sector político, que es el mayoritario entre los diputados del FA, el tema volverá a ser discutido el martes 1º de noviembre en la bancada oficialista.

Con esta posición discrepó el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig, uno de los impulsores de la investigadora: “Es gravísimo que en período democrático se realice un espionaje de inteligencia militar sobre presidentes de la República, jueces, dirigentes políticos y organizaciones sociales. Cualquier democracia del mundo debería plantear una investigación sobre estos temas”. El presidente del FA, Javier Miranda, le había transmitido a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que los hechos surgidos del archivo de Castiglioni eran “sumamente graves”, y además había expresado su compromiso con el trabajo a realizarse en una futura comisión investigadora a formarse en el Parlamento, según había dicho el 12 de octubre a la diaria Elena Zaffaroni, integrante de esta organización.

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