La primera de las iniciativas anunciadas consiste en mejorar los pasos de frontera y se llevará a cabo en forma escalonada: en primer lugar, se apuntará a mejorar el flujo turístico para, en una segunda instancia, trabajar en torno al flujo logístico, comercial y de transporte de cargas.
Dos llamados se abrirán “antes de fin de año” para abordar los pasos de Paysandú y Fray Bentos. Se destinarán unos tres millones de dólares de Rentas Generales para cada uno, a efectos de “construir a lo largo de 2017 y llegar a la siguiente temporada en las mejores condiciones”, afirmó Ferreri. Mientras tanto, y con miras a la temporada que viene, aseguró que “se coordinarán actividades” entre los ministerios uruguayos y argentinos para mejorar el pasaje con la infraestructura ya existente.
Además, adelantó que el próximo año, con menos urgencia, se abrirá un tercer llamado, para restaurar el paso de frontera de la ciudad del Chuy. El grupo interinstitucional que llevará a cabo las licitaciones está conformado por los ministerios de Defensa Nacional, Turismo, Ganadería, Agricultura y Pesca, Transporte y Obras Públicas y Economía y Finanzas, y contará con el asesoramiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
La segunda iniciativa refiere a un decreto -cuya firma está prevista “en el correr de estos días”- que busca la inversión de empresas extranjeras en territorio nacional mediante la facilitación de sus contribuciones fiscales. Se ampliará el régimen de centro de servicios compartidos “para lograr la mayor cantidad de radicación de casas matrices de empresas internacionales que brindan servicios en el país”. Las nuevas actividades amparadas -que se suman a la prestación de asesoramiento, al procesamiento de datos y a los servicios de dirección y administración- son la logística y el almacenamiento, a las que se suman los servicios de administración financiera y soporte de operaciones de investigación y desarrollo.
En esta línea, también se reducirá de 150 a 100 el mínimo de puestos de trabajo que se requieren para la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), con la correspondiente reducción del beneficio de 90% a 75%.
Otras medidas del “paquete” refieren a la habilitación de la prestación de servicios entre empresas vinculadas desde la zona franca al territorio nacional, cuando estos sean de gestión, administración, contabilidad “y similares”, y no superen el 5% del total de los ingresos del ejercicio. Por este “acotado permiso” las empresas prestadoras -normalmente exoneradas de impuestos- tendrán que pagar los correspondientes a las actividades desarrolladas en territorio nacional.
También se establecerá una nueva categoría para determinar la residencia fiscal en Uruguay por centros de intereses económicos. Cuando el contribuyente cuente con una inversión en territorio nacional superior a 1,8 millones de dólares en bienes inmuebles o a cinco millones de dólares en inversiones empresariales directas o indirectas, y no haya acreditado su residencia fiscal en otro país, será considerado, a efectos tributarios, residente uruguayo.
Otro punto refiere al estímulo de la actividad de eventos y congresos internacionales “en vistas a la inauguración del complejo Antel Arena, del centro de primer nivel que tenemos en Punta del Este y de varias iniciativas privadas que han generado salas de congresos muy importantes en los últimos tiempos”. Ante esta mayor oferta, se estimulará la demanda mediante la consideración como exportación de servicios a los arrendamientos de las salas, la organización de eventos internacionales realizados en estas y a sus correspondientes matrículas de inscripción, lo que les permitirá exonerar el Impuesto al Valor Agregado. Para acceder a esta tipificación el proyecto deberá cumplir simultáneamente tres requisitos: que la sala esté registrada, que los servicios estén individualizados en su cotización y que se cuente con la declaración de interés turístico por parte de la cartera correspondiente.
En último lugar, se exonerará del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto a la Renta de los No Residentes, según corresponda, al retiro de utilidades de emprendimientos que puedan “fomentar, favorecer, impulsar el ecosistema emprendedor e innovador del país”. El beneficio estará dirigido a aquellos proyectos que cuenten con la opinión favorable de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y que apliquen innovación científica y tecnológica, y tendrá una duración de cinco años. Asimismo, se establecerá que, a los efectos de calcular el IRAE, no constituyan renta bruta los subsidios otorgados por la ANII.