El asesinato de Heriberto Prati despertó una gran indignación en vecinos de Carrasco, expresada en un caceroleo con mucha cobertura mediática. Inmediatamente el senador Pedro Bordaberry promovió la interpelación al ministro Eduardo Bonomi, y subió la apuesta, junto con Alianza Nacional, proponiendo la censura y la puesta en marcha del mecanismo que prevé la disolución de las cámaras y una nueva elección parlamentaria. Esta medida fue rechazada por Javier Miranda y la bancada frenteamplista por interpretarla como un atajo generador de inestabilidad; convocaron a una reflexión serena al respecto.
Más allá de las características del episodio, de la conveniencia o no de resistir las rapiñas y de las reflexiones que desde las redes señalaban la desigual sensibilidad frente a otros asesinatos en barrios populares, o el tono clasista de la pretensión de “fichar” a todos los habitantes de un asentamiento cercano, dos grandes temas quedaron fuertemente instalados en el debate nacional. Uno es la cuestión de la seguridad pública y el otro, las intenciones de una parte de la oposición de generar un quiebre político del proceso democrático normal.
El entusiasmo de la oposición ante la movilización de los vecinos de Carrasco le dio ánimos de radicalización a una confrontación con el gobierno que ya tiene muchas señales políticas. Los intentos, hasta ahora fallidos, de generar una protesta de masas liderada por la derecha les darían otro sustento a los anuncios de “gobierno en retirada”. Aunque no tengan los votos, la pretensión de disolver las cámaras eleva el listón para la derecha, plantea un objetivo ambicioso y constituye un mensaje claro de desestabilización y quiebre antes de 2019.
Visto que las características de la lucha política en Uruguay no dan para tanto en la actualidad, uno no puede dejar de asociar las aspiraciones de la oposición con los procesos brasileño, venezolano y paraguayo. La derecha uruguaya tiene una fuerte vocación internacionalista y múltiples vínculos con sus pares ideológicos de la región. Los triunfos de estos les parecen un augurio de los propios. Si aquellos pudieron derrotar a la izquierda sin necesidad de dictaduras, usando los múltiples mecanismos de poder que siguen teniendo, ¿por qué no aquí? Tal vez la seguridad y la corrupción, transformadas en discursos grandilocuentes, sean la llave para recuperar el gobierno. Por eso, tomar la iniciativa política y radicalizar la confrontación parece ser un negocio redituable para ellos, que galvaniza la opinión pública de derecha y deja al gobierno y al Frente Amplio [FA] a la defensiva. Corren, sin embargo, dos riesgos no menores: quedar lejos de la sensibilidad popular más amplia, dando una imagen desaforada, y, por otro lado, provocar una reacción del FA que vaya más allá de una declaración y reactive una movilización política, hoy muy alicaída.
Las buenas intenciones en relación con el resto del sistema político y la ausencia de un debate ideológico claro contra la derecha no le han dado buenos resultados al FA. Y la declaración reciente sigue en esa línea.
En el tema de la seguridad, reducir el diálogo a los partidos, sin poner las tintas en las discrepancias y dejando afuera a todo el mundo social y cultural, achicó el escenario y las propuestas. Las señales y los contenidos estuvieron teñidos de las propuestas de la derecha. Se dejó de lado lo que construyó y acumuló la campaña por el No a la Baja y la estrategia, más rica, sobre la vida y la convivencia que planteó José Mujica el 19 de junio de 2012.
La realización del Debate Nacional de Seguridad y Convivencia promovido desde las organizaciones sociales y desde Dínamo número 5 (http://ladiaria.com.uy/seccion/dinamo/) aportan a un enfoque mucho más amplio, que no minimiza el tema, sino que lo sitúa en otras claves.
Para empezar, hay que reconocer que la violencia tiene distintos ámbitos y formas. Se trata de encararla integralmente, sin recetas simplistas que terminan agravándola. La relación de muertes violentas arroja cifras muy significativas: los suicidios llegan a 18 cada 100.000 habitantes, las muertes en el tránsito a 14,6 (bajaron durante dos años seguidos) y los homicidios están en 7,8.
La violencia doméstica, que es de género y generaciones, vinculada al patriarcado y su cultura, ocupa un capítulo importante. Los artículos de Lucía Vernazza y Adriana Cabrera en Dínamo denuncian que hubo 32 niños y adolescentes y 26 mujeres asesinados en 2015. Mientras que en 2005 hubo 5.612 denuncias por violencia doméstica, en 2015 se llegó a 31.184. Un promedio de 85 denuncias por día. El año pasado, 1.908 niños fueron atendidos por situaciones de violencia (400 por abuso sexual). Los episodios de violencia en centros educativos han sido notorios en los últimos tiempos. Al mismo tiempo, una investigación reciente de UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social constató que 54% de los niños uruguayos fue sometido a un método violento de disciplina en el mes anterior.
¿Cómo no vincular esa violencia reiterada, con conductas y dispositivos de desarticulación social?
Hay que recordar también las altas tasas de suicidios en adolescentes (11 cada 100.000) y otra cifra impactante: 10% de los adolescentes intentó autoeliminarse. Sí, diez cada 100 adolescentes. No son hechos inevitables; ha habido valiosas experiencias de prevención en los barrios, como la de Último Recurso en la zona del Cerro (en convenio con la Intendencia de Montevideo, que lamentablemente no se continuó).
La violencia en el deporte sigue siendo un fenómeno de gran impacto social en el que están implicados grupos de poder de los clubes. Mientras se hace difícil lograr un festejo futbolero sin episodios de violencia, acabamos de tener una Marcha de la Diversidad con 65.000 participantes signada por la alegría y fraternidad.
Campañas actuales como Un trato por el buen trato o Noviazgos sin violencia, o la jornada de reflexión sobre violencia en los liceos, son estrategias que apuntan a un aspecto fundamental: los vínculos y la cultura.
Las Mesas de Seguridad y Convivencia encararon la dimensión territorial, de donde debía surgir el diagnóstico, los planes locales y su construcción con la participación de diversos actores de cada zona. Hay que aprender de esas experiencias, de sus avances y de sus debilidades.
Poner el acento en el apoyo y la solidaridad con las víctimas por parte del Estado y de toda la sociedad es un giro grande respecto a las lógicas que sólo reclaman castigos.
Al contrario de las declaraciones estridentes de la derecha contra la impunidad de los delitos, el accionar policial y judicial y los sucesivos incrementos de penas han llenado el país de presos. Somos uno de los países con más presos por habitante (segundos en la región, muy por encima de Argentina o Brasil). Pero como decía Milton Romani refiriéndose a la estrategia de “Guerra contra las drogas”, incrementar la violencia lo que logra es, precisamente, incrementar la violencia.
El aumento exorbitante de la cantidad de presos (casi 11.000) no generó mayor seguridad, sino, por el contrario, ha sido un factor agravante. Todo el sistema punitivo requiere una discusión profunda, partiendo del fracaso de la cárcel como único mecanismo de castigo a la infracción penal. Ni como disuasión ni como rehabilitación ha demostrado ser eficaz. Otras concepciones, como las penas alternativas a la prisión o las formas de justicia restaurativa, merecen una consideración mayor en este debate.
No es cediendo ante el griterío y las maniobras políticas de la derecha que nuestro país podrá dar respuestas mejores a esta problemática compleja.