La historia, al menos a nivel judicial, comenzó con una denuncia que se presentó hace ya nueve años y que refleja, antes que nada, las luchas en la interna del Partido Nacional (PN) de Flores. Hay un denunciante: el ex intendente de ese departamento Armando Castaingdebat, que ocupó ese cargo entre 2005 y 2015. Y hay un denunciado: su antecesor y ex diputado Carlos Mazzulo, también del PN, que había estado al frente de la intendencia durante toda la década anterior (1995-2005).
Las idas y vueltas en la órbita judicial, que incluyen un pedido de desafuero durante la anterior legislatura, están basadas en un extenso informe de auditoría de la gestión de Mazzulo que elaboró el Tribunal de Cuentas a pedido de Castaingdebat y que constató varias irregularidades, que luego una jueza tipificaría como “delitos de fraude en reiteración real”.
Esta última noticia se conoció el 18 de noviembre de 2015. Ese día, el medio local Ecos Regionales publicó lo siguiente: “La jueza Elena Iriarte estuvo de acuerdo con la solicitud de la fiscal Alicia Guidone, de penar a Mazzulo con 24 meses de prisión y cinco años de inhabilitación como ciudadano a raíz de las irregularidades constatadas por el Tribunal de Cuentas, durante su gestión al frente de la Intendencia de Flores (1995-2005). No obstante la solicitud de la representante del Ministerio Público, Mazzulo no será privado de libertad, pero se le aplicará una multa de mil Unidades Reajustables, unos 30 mil dólares”.
Unas horas después, Mazzulo convocó a una conferencia de prensa en el comité Aparicio Saravia; rodeado de ediles de su sector e integrantes de su equipo de gobierno, el dirigente blanco criticó el fallo de Iriarte y declaró: “Sigo luchando y diciendo que soy inocente. Nosotros somos una familia honesta y soy inocente”. En dicha conferencia, Mazzulo anunció además que iba a recurrir a un Tribunal de Apelaciones y, en caso de que de fuera necesario, también ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Ahora se conoció el fallo de Apelaciones: en un documento con fecha 6 de octubre, pero que trascendió recién esta semana, los ministros de ese tribunal confirmaron la sentencia de primera instancia y condenaron a Mazzulo como autor penalmente responsable de dos delitos de fraude y coautor penalmente responsable de otros seis delitos de fraude. En la sentencia se detallan, otra vez, cuáles fueron algunos de los daños patrimoniales a la Intendencia de Flores que ocasionó el ex jefe comunal. Por ejemplo, se comprobó que se usaron dineros públicos para el mantenimiento de un auto particular de Mazzulo, un Peugeot modelo 306, y que se emitieron facturas por concepto de combustible y pauta publicitaria a nombre de Radio 5, una emisora local cuyos dueños eran los hijos de Mazzulo, que en otros pasajes de la investigación aparecen también como beneficiados en reparaciones de sus vehículos particulares.
A nivel partidario resta ver cuáles son los próximos movimientos. En noviembre de 2015, cuando se conoció el fallo de la jueza Iriarte, el senador Luis Alberto Heber le dijo al medio local Agenda Informativa que si el fallo condenatorio se mantenía en el Tribunal de Apelaciones y en la SCJ, la expulsión de Mazzulo del Partido Nacional “es automática”. “No tiene ni que pasar por la Comisión de Ética del Partido, se reunirá el Directorio y dará trámite a la misma, como lo establecen nuestros estatutos; pero para ello hay que esperar el fallo de estos tribunales”, dijo Heber en aquella oportunidad.