Una larga salva de aplausos proveniente de las barras siguió ayer, en la Cámara de Diputados, a la aprobación del proyecto de ley de inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado. El pasaje a la discusión particular del texto fue aprobado por unanimidad de los presentes (81 en 81), así como todos los artículos en bloque (82 en 82), con excepción de tres que fueron aprobados por mayoría. Para el artículo 18, legisladores del sector Todos hacia Adelante, del Partido Nacional, presentaron un sustitutivo que no prosperó y el texto original quedó como estaba por 71 votos en 83.
El proyecto establece que las empresas privadas y las personas públicas no estatales con más de 25 trabajadores deberán emplear a personas con discapacidad, “de acuerdo al porcentaje mínimo del 4% de la totalidad de sus trabajadores”. Tras el informe presentado por el diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez, quien saludó al impulsor del proyecto y de la campaña #Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad, el ex diputado Óscar Andrade, algunos diputados blancos, entre ellos Rodrigo Goñi y Gloria Rodríguez, al tiempo que anunciaron su voto favorable a la iniciativa, criticaron que el Estado incumple una norma similar que obliga a que 4% de las vacantes públicas sean ocupadas por personas con algún tipo de discapacidad. Goñi dijo que la iniciativa presenta “una falla ética de fondo y de forma” y que “evidencia una doble moral desde el Estado”. “El Estado no ha cumplido con su deber y ahora quiere traspasarles la responsabilidad a los privados”, opinó. Para el diputado, el proyecto “se ha quedado corto, le faltó creatividad y ambición”, le “faltó coraje”, es “voluntarista e impreciso”. Por otra parte, adelantó lo que luego se materializó en un sustitutivo: propuso incentivar a los empresarios con exoneración de los aportes patronales y compensando los costos generados por incorporar personas discapacitadas.
En la sesión se señaló repetidamente que hay medio millón de personas “con algún tipo de discapacidad” y que “80% se encuentra sin empleo”.
Fernando Amado (Partido Colorado) expresó que esta iniciativa es “un mojón importantísimo en el avance de derechos”, pero cuestionó también que “el Estado ha estado muy ausente en este tema, algo que para un batllista es algo muy doloroso”. “Otra cosa es que es evidente que no hay morcilla sin sangre: alguien lo tiene que pagar, y esta financiación tiene que ser una contribución de los privados. El aporte de los empresarios es fundamental para tratar de mejorar y de incluir a esta parte de la sociedad que injustamente ha estado desprotegida”, dijo en referencia al planteo de Goñi.
El blanco Pablo Abdala volvió a reparar en el incumplimiento del Estado y tiró cifras: “En 2015 ingresaron 22 personas con discapacidad en toda la administración pública; apenas 0,33% de las vacantes”.
Saliendo al cruce de Goñi, el frenteamplista Martín Couto argumentó que “no debería haber beneficios económicos para que se cumplan los derechos humanos”, a lo que el blanco respondió: “No entiende nada el que crea que este es un tema de costos [...] el mecanismo adecuado es la persuasión”, como indica la experiencia en otros países.
Durante el debate, tanto en las barras como en las inmediaciones del Palacio Legislativo se concentraron cientos de personas que portaban carteles y pancartas con la consigna de apoyo a la iniciativa. En la transmisión de televisión de la sesión se cambió el tamaño de las imágenes y aparecieron en pantalla completa las intérpretes de lengua de señas, y en la ventana pequeña, sobre la esquina inferior derecha de la pantalla, los diputados.