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Bancada progresista del Parlamento del Mercosur considera “arbitraria” y sin base jurídica suspensión de Venezuela

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Los cuatro miembros fundacionales del Mercosur quieren dejar a Venezuela sin voto en el bloque a partir del 1º de diciembre, plazo que fijaron a mediados de año para que ese país internalizara la normativa del Mercosur. Los presidentes de Argentina y Brasil incluso manejaron públicamente, cuando se reunieron en octubre, la posibilidad de expulsar a ese país del bloque. Pero Venezuela no está dispuesta a irse. Así están las cosas en lo previo a la reunión de cancilleres que se realizará a mediados de diciembre en Buenos Aires, en la que Argentina asumirá formalmente la presidencia pro témpore del Mercosur. Se completará de este modo todo un año sin cumbres presidenciales en el bloque. En la cancillería uruguaya esperan que esta asunción de la conducción del Mercosur por parte de Argentina implique una “vuelta a la normalidad”, indicó a la diaria una fuente del ministerio.

Los países que proponen expulsar a Venezuela recurren a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esta convención establece en su artículo 60 que una “violación grave de un tratado multilateral por una de las partes” faculta a las otras partes, procediendo por “acuerdo unánime”, a suspender o dar por terminada la aplicación del tratado para la parte en cuestión. Se entiende por “violación grave” el rechazo del tratado o “la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado”. Estos países entienden que el hecho de que Venezuela no haya internalizado normas centrales del Mercosur en materia económica, por ejemplo el Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 -que establece el arancel externo común y un programa de liberación comercial-, amerita su expulsión del bloque.

Para Uruguay, en cambio, Venezuela debería seguir formando parte del Mercosur, aunque sin voto. Así lo manifestó el canciller Rodolfo Nin Novoa el viernes y lo reiteró el martes. El canciller paraguayo pareció afiliarse a la misma tesis cuando sostuvo este lunes que Venezuela debería quedar sin voto en el Mercosur. Nin aclaró el viernes que el gobierno uruguayo no está de acuerdo con la expulsión de Venezuela, porque no tiene sustento jurídico.

La respuesta de Venezuela llegó esta semana. El martes, el presidente Nicolás Maduro dijo en su programa La hora de la salsa que “nadie va a poder sacar a Venezuela del Mercosur”. “Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana”, aseguró. Afirmó que el resto de los países del bloque pretenden imponer a su país una sanción “que no existe”, y llamó a los “pueblos de América Latina” a “movilizarse en defensa del Mercosur”, que está “amenazado por gobiernos de derecha que promueven una agenda desestabilizadora contra Venezuela”.

Ayer, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, también se refirió al tema en su Twitter; sostuvo que todos los países del Mercosur están en situación de incumplimiento parcial de la normativa del bloque. “La República Bolivariana de Venezuela supera en eficiencia normativa a aquellos Estados que tienen incluso 25 años en el Mercosur. Es deleznable desconocer la incorporación del acervo normativo mercosuriano que ha realizado Venezuela en apenas cuatro años, con máxima eficiencia”, remarcó Rodríguez. En el mismo sentido que Maduro, afirmó que “Venezuela ni se va ni la expulsan de Mercosur”. “Jamás aceptaremos agresiones de esta naturaleza contra nuestra Patria. Venezuela se respeta!!”, sostuvo. Cuestionó las declaraciones de Nin y Loizaga por “antijurídicas” y “arbitrarias”.

Sin sustento

La bancada progresista del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que nuclea a los partidos de izquierda de la región, como el Frente Amplio (FA) de Uruguay y el Partido de los Trabajadores de Brasil, rechazó en un comunicado emitido en setiembre lo que consideró una “maniobra política y violación explícita a los tratados fundacionales del bloque regional”, en referencia a la decisión de los países fundacionales del Mercosur de rechazar el ejercicio por parte de Venezuela de la presidencia pro témpore del bloque. Además, decidió elevar una consulta al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur sobre la pertinencia jurídica de aquella decisión, pero la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlasur no llegó a darle trámite al pedido. Ante esta nueva situación, la bancada progresista se reunirá en Montevideo el 30 de noviembre, y la posición será de rechazo a la suspensión de Venezuela del bloque, adelantó a la diaria el vicepresidente del Parlasur y diputado del FA Daniel Caggiani. “Es una decisión totalmente arbitraria y no ajustada a derecho, un mamarracho jurídico que tiene una motivación política”, afirmó Caggiani. Aseguró que de este modo se busca “incidir en la situación interna de Venezuela” y perjudicar el proceso de integración regional. El legislador señaló que la normativa del Mercosur no establece ningún tipo de sanción por no incorporar normativa interna, y por lo tanto “no hay ninguna base jurídica que ampare a que cuatro socios expulsen a otro o lo suspendan” por este motivo.

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