El texto entró el martes a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero sus raíces están en los acuerdos que se lograron en la Comisión Interpartidaria de Convivencia y Seguridad, convocada por el presidente Tabaré Vázquez. En su momento, Luis Alberto Heber, presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), declaró que la comisión era “una buena instancia de entendimiento” con el gobierno. Los partidos pactaron en varios rubros, pero este proyecto de ley en particular gira en torno a la figura del homicidio (que se aplica a “aquél que, con intención de matar, diere muerte a alguna persona”). La más simple de las reformas que propone aumenta la pena de 20 meses de prisión a dos años de penitenciaría. El máximo sigue siendo el mismo: 12 años.
Otro de los nuevos artículos elimina el atenuante de la legítima defensa incompleta, o sea, cuando se aplican algunos requisitos, pero no todos, para que se considere legítima defensa. Lo mismo corre para el homicidio: “no se quiso pero se previó” un escenario que el derecho llama “dolo eventual”.
Por ahora, matar a un funcionario policial “siempre que el delito fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en razón de su calidad de tal” es un agravante especial, pero otro de los artículos del proyecto lo vuelve un agravante muy especial. La propuesta partió del PN, y desde el Frente Amplio (FA) agregaron en la lista a fiscales y jueces. Hoy, son agravantes muy especiales el “impulso de brutal ferocidad”, matar por plata, usar los métodos de incendio e inundación, que el motivo del homicidio sea preparar u ocultar otro crimen y la reincidencia.
Con el proyecto recién entrado, el senador colorado Pedro Bordaberry propuso invitar a la comisión a cátedras de Derecho Penal de la Universidad de la República, de la Universidad de Montevideo y de la Universidad Católica del Uruguay.
Según publicó ayer Búsqueda, la bancada de senadores del FA decidió postergar la discusión del proyecto y “pasarlo a lo último de la lista”. La decisión, según el semanario, se tomó a partir de que Constanza Moreira, senadora del sector Casa Grande, dijo al semanario que es necesario rediscutir el acuerdo multipartidario, que entiende que cayó cuando la oposición -impulsada por Bordaberry- interpeló al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el 27 de octubre. De todas formas, hay posiciones encontradas sobre el tema en el partido de gobierno, ya que sólo Casa Grande y parte del Partido Socialista están en contra del proyecto.