En el Ministerio de Economía y Finanzas consideran que deberían evaluarse nuevamente los criterios y el seguimiento de las inversiones beneficiadas por exoneraciones tributarias que realiza la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), indicó a la diaria una fuente de la cartera. Entienden que debería analizarse si se está promoviendo lo que se desea promover, y consideran que debería mejorarse el seguimiento de los proyectos beneficiados por la ley de inversiones 16.906, agregó la fuente. De acuerdo con los datos que publica la propia Comap sobre las recomendaciones de exoneraciones elevadas al Poder Ejecutivo, surgen inquietudes sobre los criterios que utiliza ese organismo para considerar que una inversión amerita ser financiada con dineros públicos, por vía de exoneraciones tributarias.
La reglamentación de la ley de inversiones estableció como requisito para otorgar exoneraciones la generación de empleo productivo y la calidad del empleo, la mejora del proceso de descentralización, el aumento de las exportaciones, el incremento del valor agregado nacional, la utilización de tecnologías limpias y las inversiones en investigación. Un equipo técnico de la Comap -integrado por funcionarios de distintos ministerios- aplica estos criterios para cada proyecto presentado, sin que medien valoraciones políticas por fuera de los indicadores establecidos. Desde la cartera señalan que esto da garantías al inversor de que no habrá arbitrariedades en la toma de decisiones.
Una porción de las exoneraciones otorgadas durante los gobiernos del Frente Amplio hasta 2015 por esta vía parece tener una explicación clara: el cambio de matriz energética. Más de la mitad de los mayores montos de exoneraciones aprobados en el período fueron para el sector energético (ver gráfico). En el caso de otras resoluciones, en cambio, no parece haber una sintonía tan clara con las políticas públicas de desarrollo. Por ejemplo, el monto aprobado de exoneraciones para la telefonía privada móvil. La Comap recomendó al Poder Ejecutivo beneficiar a la empresa Telefónica Móviles del Uruguay SA (Movistar) durante el período señalado por un monto de 340,5 millones de dólares (ver tabla). Si bien formalmente las recomendaciones se elevan al Poder Ejecutivo, en los hechos significan la aprobación de la exoneración. Movistar presentó cinco solicitudes de exoneración: en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014. La Comap también recomendó beneficiar a la empresa AM Wireless Uruguay SA (Claro) por 69,5 millones de dólares, por sendos proyectos que presentó en 2009 y 2010. Tanto Movistar como Claro son multinacionales que compiten con la empresa estatal de telefonía móvil Ancel.
Otras empresas que se ubican en los primeros lugares por monto exonerado en el período son Lakler SA, subsidiaria de la naviera japonesa MOL -constructora del barco regasificador-, con 365,6 millones de dólares aprobados en 2015. El séptimo lugar en el ranking por monto lo ocupa el tambo de capitales argentinos Estancia del Lago SA, industrializador de leche en polvo, con 196,9 millones de dólares. En el 12º lugar está la zona franca de Punta Pereira, con 134,5 millones de dólares; en el puesto 26º figura Carrasco Nobile SA, concesionaria del Hotel Casino Carrasco, con 100,9 millones de dólares de exoneración; y en el lugar 27º, la Terminal Cuenca del Plata SA, con 100,2 millones de dólares. En el ranking de las 30 firmas más beneficiadas hay empresas estatales como UTE (280,3 millones de dólares) y Alur (177,4 millones de dólares).
Los tres canales privados de televisión abierta también fueron beneficiarios de exoneraciones entre 2005 y 2015, aunque en montos que en la mayoría de los casos no superaron el millón de dólares. El medio de comunicación más beneficiado por los gobiernos del Frente Amplio, en aplicación de la ley de inversiones, fue el diario El País, con 18,3 millones de dólares de exoneraciones por un proyecto aprobado en 2008. Los supermercados Disco, Devoto, Ta-Ta y Macromercado también fueron beneficiados por exoneraciones, por montos que no superaron en ningún caso los diez millones de dólares. La empresa Forestal Oriental, de la pastera UPM, fue exonerada por un monto de 29,7 millones de dólares en 2012. La pesquera Fripur, que cerró el año pasado dejando a casi 1.000 trabajadores en la calle, fue beneficiada en 2006 por un monto de 17,4 millones de dólares. La Fábrica Nacional de Cervezas, que hoy domina prácticamente en forma monopólica en Uruguay el mercado de ese producto, fue exonerada del pago de 82,5 millones de dólares, en resoluciones aprobadas en 2005, 2007, 2008 y 2013. En el ámbito deportivo, se destaca la exoneración dispuesta para el “Complejo deportivo y cultural Peñarol SA” en 2013, que ascendió a los 30,2 millones de dólares, y la exoneración a Hípica Rioplatense Uruguay SA, concesionaria del Hipódromo de Maroñas, por 47,2 millones de dólares.
Llaman la atención, no por el monto sino por el producto que elabora la empresa, las exoneraciones dispuestas para la Compañía Industrial de Tabacos Montepaz, fabricante, entre otras marcas, de los cigarrillos Nevada, por proyectos presentados en 2009, 2012 y 2014, por un monto total de 14 millones de dólares.