Ayer se llevó a cabo la primera Jornada de Derechos Humanos en el Trabajo, organizada por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Mientras las autoridades manifestaban su preocupación por los altos niveles de estrés que sufren los funcionarios por la labor insalubre que implica trabajar en contexto de encierro con jóvenes que están presos, un adolescente de 16 años se intentaba matar en el Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación.
El adolescente se ahorcó mientras sus compañeros de módulo estaban practicando deportes, afuera, en la cancha; él estaba sancionado y se quedó solo. Ahora está internado, estable, en el Centro de Tratamiento Intensivo de un hospital público de Montevideo, según supo la diaria al cierre de esta edición. Los intentos de suicidio de adolescentes han sido “varios” este año, aunque aún no se sabe cuántos exactamente, dijo el director del INISA, Álvaro Viviano, a este medio. El año pasado un muchacho se mató en la cárcel Desafío, y, según el Diagnóstico Epidemiológico en centros de privación de libertad publicado este año, 11,6% de los adolescentes privados de libertad intentó matarse. Viviano calcula que la cifra actual es similar a la de 2015.
Al respecto, el informe anual del año pasado de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) señalaba como “preocupante” el “incremento de las autoagresiones e intentos de autoeliminación que se registran en el sistema”. El informe asegura que la autoagresión es una de las manifestaciones más comunes de la violencia. “Quienes se sienten amenazados ven en la autoagresión una posibilidad de escape de la violencia que sufren, del descuido o las condiciones en las que deben vivir. Estas situaciones son tratadas generalmente como intentos de manipulación por parte de los adolescentes, o bien como un problema psiquiátrico, sin tener en cuenta nunca el detonante que realmente contribuyó a deteriorar la salud mental y aumentar el riesgo de autoagresiones”, sostienen. Consultado al respecto, Viviano aseguró que el INISA es una “institución en crisis en materia funcional” porque la atención está “por debajo” de las necesidades; sin embargo, aseguró que las prácticas de previsión están constantemente en revisión.
Insalubre
Hace más de tres décadas que la presidenta del INISA, Gabriela Fulco, está vinculada al Ministerio del Interior y al sistema penitenciario: primero al de adultos, y desde mayo de 2015 al de adolescentes. Ayer Fulco aseguró que ha “visto cómo se derrumban muchos compañeros, no por no haber recibido capacitación [o no estar formados profesionalmente], sino por el desgaste de la propia tarea y la falta de apoyo para [desarrollar] esta”. Agregó que ese “derrumbe” llega, incluso, al suicidio. En el discurso de apertura mencionó cuáles son los principales problemas de salud a los que se enfrentan los trabajadores del INISA: “Prevalencia de cuadros depresivos, desarrollo de diversas enfermedades inhabilitantes para trabajar, tabaquismo, alcoholismo, suicidio, violencia familiar, delincuencia, desarrollo de conductas de abuso del poder sobre el detenido, pérdida de parámetros de ética, eficiencia y productividad que incluyen el amplio rango de conductas de corrupción”. Fulco destacó la “pérdida de sensibilidad y empatía hacia el destinatario del servicio”, o dicho de otro modo: “la naturalización de actitudes y conductas violentas”. Esta “amplia gama de enfermedades es producto de la ausencia de una política institucional que prevenga y sostenga al trabajador”. En ese sentido, después, en una conferencia de prensa, añadió que “el alto estrés” también es producido “porque uno está sosteniendo diariamente la angustia y el dolor de aquellos que están privados de libertad, que vienen con historias de mucho dolor [...] donde ha habido mucha desvinculación familiar, abandono, situaciones de violencia social y familiar”.
La INDDHH identificó como algunas de las principales “debilidades” del sistema penitenciario adolescente la “carencia de personal” y los problemas de “infraestructura y mantenimiento en las construcciones”. La INDDHH dejó por escrito su “especial preocupación” sobre estas áreas desde el inicio de su labor, en 2012. En 2015, el área del “personal” fue la segunda en recibir la mayor cantidad de recomendaciones; la primera fue la edilicia. En cuanto al personal, específicamente, la INDDHH señaló que “las condiciones de trabajo, la falta de capacitación y la falta de personal, tanto en lo que respecta a quienes desempeñan funciones de trato directo como en los equipos técnicos” son preocupantes. A su vez, agregaron que algunos factores que “pueden propiciar situaciones de riesgo” de abusos y malos tratos son la “falta de una capacitación apropiada, especializada y específica de los funcionarios que operan el sistema”, la “propagación de focos de violencia interna entre adolescentes y con funcionarios”, y las “instalaciones inadecuadas, deterioradas y/u obsoletas”.