La historia comienza con el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, que cambia las condiciones en las que el Ministerio del Interior (MI) importa armas y municiones: antes, dependía de la aprobación del Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), que está radicado en el Ejército nacional, pero ahora podría hacerlo sin su autorización. Por iniciativa del gobierno, el artículo se presentó como proyecto de ley. Básicamente, modifica una norma de 1943, previamente modificada en 1980.
El lunes, para hablar del tema, la Comisión de Defensa Nacional del Senado invitó a varios actores vinculados a las armas: a Abel Saravia, Alejandro Mautone, Philippe Salmona y Antonio Suárez, de la Asociación Uruguaya de Tenedores Responsables de Armas de Fuego (AUTRAF), a Juan Storm y Ariel Nieto, del Club Uruguayo de Tiro, a Juan Giménez y Julio Lestido, de la Cámara de Importadores de Armas y Municiones del Uruguay (CIAMU), a la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas y Municiones (AUCAM), también representada por Lestido, y a Guillermo Jude, de la Federación Uruguaya de Tiro Práctico. Los senadores, en especial los blancos Javier García y Luis Lacalle Pou, pusieron sobre la mesa otro tema que les compete: la reglamentación de la Ley Nº 19.247, sobre tenencia, porte y comercialización de armas, que aún no está reglamentada. Según dijo García a la diaria, el presidente Tabaré Vázquez presentó un borrador de la reglamentación en la última reunión de la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública, el 10 de setiembre.
Más de 40
Las organizaciones vinculadas a las armas lanzaron el lunes en la comisión varias críticas al borrador, que ya habían recopilado en un trabajo que enviaron a todos los partidos políticos. Según Ariel Nieto, integrante de la CIAMU, el texto aumenta “en grado superlativo” los requerimientos físicos para sacar el permiso para tenencia o para porte de armas; “El señor senador García, que es médico, me podrá corregir, pero, por ejemplo, una persona que es daltónica no podría acceder al Thata [Título de Habilitación y Tenencia de Armas], una con un bypass tampoco, y así sigue y suma. Según nos asesoraron médicos, si esto se aplicara en estricto sentido, prácticamente ninguna persona de más de 40 años podría llegar a cumplir con lo allí establecido”.
El decreto, agregó Nieto, obligaría a que se inutilicen todas las armas de fuego automático; el representante de CIAMU opina que eso implicaría la pérdida de valor de las piezas para coleccionistas y que insumiría “gastos millonarios” para el Estado en resarcimientos.
Discriminatorio
Otro artículo que preocupa a los importadores es el que limita a tres la cantidad de armas que puede tener un ciudadano; para obtener más, se exigiría enviar una solicitud por escrito y con fundamentos al jefe de Policía de cada departamento, que debería dar su aprobación. CIAMU considera que el artículo es “discriminatorio y arbitrario”, porque permitiría diversos grados de acceso en los distintos departamentos del país.
El decreto también prevé que las marcas, que vienen de fábrica, se repitan en otras partes del arma. “Eso implica que todas las armas que hoy están en poder de los habitantes del país -e imagino que también en los arsenales policiales y militares- tendrían que ser trasladadas, en una logística compleja, a la Policía Científica o al Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional para su marcaje”, opinó Nieto.
Hubo también críticas a un artículo que dispone que todas las armas sean llevadas a la Policía Científica para extraer una prueba balística, lo que implica movilizar las 300.000 armas (registradas) que hay en el país.
La viuda
Un punto más que los empresarios importadores ven con malos ojos: cuando fallece el titular de un arma, la viuda (o el viudo) tiene 48 horas para entregarla al Servicio de Material y Armamento, sin compensaciones.
Lestido, integrante de CIAMU y de AUCAM, considera que la ley no promueve el desarme civil, y el borrador de decreto reglamentario es “engorroso” y “pesado”, con “requisitos muy complejos” que podrían “provocar que la gente no accediera a las armas como lo hacía” hasta el momento. Salmona, de AUTRAF, consideró que tanto la ley proyectada como el decreto que está a punto de promulgarse afectan no a los criminales y delincuentes que usan armas, sino “a los ciudadanos”.
Desarme civil
Lacalle Pou se sumó a las críticas en los mismos términos que Salmona: “Se trata de un desarme civil. ¿A quién van a desarmar? [...] ¿De alguna manera no procede, por tanta burocracia y por tantas trabas que pone, con lo que termina provocando el desarme civil de aquellas personas que son tenedores legales, tenedores pacíficos y responsables de armas, en contraposición al tenedor delictivo, irresponsable e indocumentado de armas?”, manifestó el senador del Partido Nacional.
Cosas que importan
La discusión inicial, que da libertad al MI para importar armas sin pasar por el criterio del MDN, se centró en las municiones. Si se aprobara, el MI estaría habilitado a importar balas con punta de plomo, que tienen una capacidad letal mayor, ya que se deforman, se aplastan, se fragmentan y quedan dentro del cuerpo. Javier García (senador y médico) dijo a la diaria que la bancada nacionalista no acompañará el proyecto porque lo considera una contradicción: “El gobierno está en contra del proyecto de legítima defensa policial, pero quiere permitir balas que aumentan el poder letal de la Policía y cuyo uso urbano está prohibido en el resto del mundo”, dijo a la diaria. Hubo desacuerdos entre el MI y el MDN, porque este segundo ministerio no estaba de acuerdo con que el primero tuviera un registro de cuáles armas tenían. Según fuentes del MI, para la Policía es vital tener un registro balístico, como propone el decreto reglamentario, que hoy no existe y que habilitaría a vincular una vaina de bala con el arma y su dueño. Según la fuente, el decreto agrega capacitaciones médicas, ya que la ley vigente sólo habla de exámenes “psicofísicos”, pero actualmente sólo es necesario pasar por una habilitación a cargo de un psicólogo. El decreto, afirmaron a la diaria, está en su “etapa final”, pronto para promulgarse.