“Hay una preocupación profunda del Frente Amplio [FA] del departamento de Lavalleja por dos situaciones que violentan la legalidad: una tiene que ver con la designación de puestos de confianza y la otra con declaraciones de la intendenta [Adriana Peña] manifestando que, como una forma de ahorro, la comuna realiza sus compras sin comprobantes”, expresó en diálogo con la diaria el secretario político del FA, Gonzalo Reboledo. Las denuncias llegaron desde el núcleo del FA en el departamento, y, según especificó el dirigente de la fuerza política de gobierno, ya fue presentada en la Cámara de Diputados, con el fin de activar los mecanismos de contralor.
En una primera instancia, y por medio de la gestión de 11 ediles, el FA denunció la irregularidad en la Junta Departamental, ya que “no hay garantías de los debidos procesos”, indicó Reboledo. A su vez, hizo hincapié en que la comuna de Lavalleja “estimula a sus proveedores a que hagan lo propio”, y se configura, de esta forma, un “delito de evasión”, al realizarse compras sin pedir facturas a cambio.
Con la presencia de militantes jóvenes, ediles, diputados y dirigentes, y encabezada por el presidente de la coalición, Javier Miranda, la Mesa Política Nacional del FA sesionó ayer en Minas de forma extraordinaria y, además de dar cuenta de la preocupación por la gestión de la Intendencia de Lavalleja, generó instancias de diálogo y recibió a organizaciones sociales de la zona. No estuvo ajeno el hecho político que tuvo como protagonista al diputado Gonzalo Mujica, quien votó este miércoles de forma contraria al FA y determinó que se conformara una comisión investigadora por la regasificadora. Consultado sobre si ya existen denuncias para elevar al Tribunal de Conducta Política del FA, Reboledo dijo que aún nadie lo ha hecho, dado también que “no ha habido mucho tiempo”. Respecto de lo sucedido, señaló que se trata de un “claro desacato de una resolución” y que es “importante” para los frenteamplistas acatar las resoluciones.