Uruguay es uno de los 177 estados que han ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965, que procura defender los derechos civiles, culturales, sociales, económicos y políticos, entre otros, de las minorías étnicas discriminadas por su origen. Por esta firma, debe presentar informes periódicos ante expertos independientes en la materia que intercambian con el gobierno para asegurar su correcta implementación.
Ayer, durante la primera de las dos sesiones en las que se está tratando el caso uruguayo, el director nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, tomó la posta para informar sobre el avance -principalmente normativo- en la materia.
La principal referencia fue a la Ley 19.122, promulgada en 2013, que asegura normas para favorecer la participación de la población afrodescendiente en lo educativo y laboral, mediante el reconocimiento, en primer lugar, de que esta ha sido “históricamente víctima del racismo, la discriminación y la estigmatización”. Aun así, algunos indicadores presentados mostraron una magra incorporación de la población afro por parte de los distintos poderes del Estado hasta 2015: 1,7% en el Ejecutivo, 1,1% en el Judicial, 0,4% en los gobiernos departamentales y 0% en el Legislativo.
Visiones propias
La Coordinadora Nacional Afro Uruguaya presentó un informe alternativo ante la CEDR en el que considera que el Estado no ha avanzado en la implementación de acciones que den respuesta a las recomendaciones en la materia. En diálogo con la diaria, Noelia Maciel, representante del colectivo, explicó que en el informe presentado por el gobierno “se habla de actividades que se han realizado pero no se mide el impacto que estas tienen en la población afrouruguaya”.
El “mayor problema” que tiene la comunidad afrouruguaya a raíz del racismo son las desigualdades, sobre todo a nivel socioeconómico. “Vemos que se han desarrollado políticas sociales que han disminuido la pobreza, pero la brecha entre la población blanca y afrodescendiente ha aumentado”, afirmó Maciel. La pobreza -medida por ingresos monetarios- alcanza a 9,7% de los uruguayos, pero si se atiende al colectivo afro únicamente, la cifra trepa hasta 20%.
A su entender, hay cierta “resistencia” por parte del Estado a incorporar el enfoque étnico-racial en el desarrollo de las políticas públicas. “Más allá de que se hagan cosas puntuales, no hay un compromiso de recursos específicos para atender el desarrollo de nuestra comunidad”, afirmó. Lo que se busca es “una política integral que transversalice todas las políticas públicas para abordar el tema de una forma más abarcativa”, y en este sentido una de las fallas es que “cuando se cambia de gobierno no se trabaja con el acumulado anterior”.
Maciel también llamó la atención sobre la falta de una tipificación de la discriminación racial como un delito y, por otro lado, de un “espacio que sirva de centro de referencia para que las personas sepan dónde ir a denunciar una situación de discriminación racial”.
Otro integrante del colectivo, Juan Pedro Machado, mostró a la diaria las carencias en el interior del país, sobre todo “al norte”, donde se concentra una mayor cantidad de afrodescendientes. “Creo que hay que profundizar las políticas, hacerlas llegar y transformarlas en un elemento más práctico”, apuntó, criticando la “macrocefalia” existente en relación con la capital del país.
Por otro lado, Paula Surí, del Clan Choñik, una comunidad indígena conformada por familias que “han rescatado las costumbres de nuestros ancestros charrúas” y que integran el Consejo de la Nación Charrúa de Uruguay, consideró que entre las principales responsabilidades del Estado está la de “reconocer que estamos acá, vivos, y que tenemos una cultura, una lengua y una espiritualidad”.
Asimismo, el colectivo busca el reconocimiento por parte del Estado uruguayo del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la inclusión en los programas educativos de todos los niveles del aporte indígena a lo largo de la historia. “Los niños y jóvenes deben poder acceder a esa cultura ancestral que durante mucho tiempo les dijeron que no existía; no sólo existe, sino que también es nuestra”, afirmó. Maciel dijo que es “fundamental” que “se pueda reconocer al país como multicultural y multiétnico”.
Visiones externas
Luego de la presentación de Graña, los expertos de la ONU procedieron a hacer sus comentarios y consultas. Varios de ellos destacaron el avance, al que calificaron de “fantástico” y “excelente”, pero también abordaron sus faltas.
La mayoría de las consultas tuvieron que ver con la Ley 19.122 y, sobre todo, con el registro de los resultados e impactos de su reglamentación, considerando que “hay un problema real entre la ley y su espíritu”. También se preguntó sobre la implementación en el ámbito privado y acerca de los “castigos” realizados a personas o empresas que hayan incitado al odio. En este sentido, también se abordó la necesidad de contar con “algún organismo” que “vigile los mensajes emitidos por los medios de comunicación”, así como la necesidad de “alguna capacitación” en la materia. Por otro lado, cuestionaron la poca “voluntad política” de ratificar el convenio 169 de la OIT. En cuanto a las minorías indígenas, también se consultó si “se habla del genocidio a los niños” y “cómo se presenta la información” en los planes educativos. El intercambio entre la delegación uruguaya y el comité continuará hoy a las 6.00 (hora local), con las respuestas de los primeros a las consultas y se podrá seguir por http://webtv.un.org.