Desde ayer hasta hoy se desarrolla en Montevideo el Primer Congreso Uruguayo en Derecho Ambiental, impulsado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Se hizo en la sala del Centro de Información Oficial (Impo), que se encontraba repleta de abogados que aspiraban a profundizar sus conocimientos en esta materia, nueva en el país.
En la apertura del evento, Ariel Cancela, fiscal adjunto de Corte, dijo que en el área del derecho ambiental “los resultados no han sido los más exitosos” y que la Fiscalía no ha tenido “un rol sistemático, una estrategia de actuación en esta materia”. Cancela destacó el acuerdo de cooperación y coordinación suscrito en junio por la Fiscalía y el MVOTMA para “desarrollar instrumentos legales y herramientas de actuación que permitan apoyar a nuestros fiscales sistemáticamente en sus intervenciones en materia de derechos ambientales”. Habló de “desarrollar unidades especializadas en la materia y capacitar a todo el plantel de fiscales para mejorar la gestión”, y mencionó que hay un grupo de trabajo que aspira a crear normas en el ámbito penal.
También Eneida de León, titular del MVOTMA, aludió a ese acuerdo y consideró que es fundamental que se estén “formando fiscales en estos temas en que no había una especialidad”. Opinó que “es el momento de fortalecer la legislación ambiental de nuestro país”. “Llegamos a la conclusión de que teníamos un vacío legal, que era real, que los delitos ambientales eran un tema a definir, y que es necesario incorporarlos a nuestro sistema judicial”, dijo. Aseguró que los ciudadanos son cada vez más conscientes de la problemática y “denuncian situaciones en las cuales se ve afectado el ser humano, cómo se ve afectado el medioambiente: la naturaleza, las especies, el mar. El tema del agua, de la contaminación, todas esas cosas comenzaron a presionar”, por lo que se hace necesario “tener protecciones legales para poder actuar como ministerio”. Relató que “casos graves como el de Paso Picón y varios en la cuenca del río Santa Lucía nos hicieron ver que necesitábamos cambiar esta situación. El alcance de la normativa nacional sobre temas ambientales es clave para una gestión eficiente”.
Compartió la mesa de apertura Antonio Vercher, fiscal coordinador de Medio Ambiente de España. Al mencionar su presencia, la ministra comentó: “Que haya una fiscalía coordinadora de medioambiente es un buen ejemplo a tomar”.
Poquito a poco
La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo se creó en 2005. El número de fiscales que tiene, así como el de sentencias condenatorias, ha ido en ascenso: fueron cerca de 300 en 2006 y 927 en 2015, enumeró Vercher. Explicó que el derecho ambiental “tiene un proceso evolutivo largo y complicado”; hizo un repaso histórico de la relación de las sociedades con el ambiente y de una “explotación desmedida” que hace que “el derecho se vea obligado a intervenir”, primero por la vía administrativa, y, dada la necesidad, mediante el derecho penal. Dijo que si bien España incluyó la protección ambiental en el Código Penal en 1983, recién en 1990 dictó una sentencia, “cuando en otras áreas se dictan a diario”, comparó. Citó el caso de una central térmica de Barcelona cuya chimenea central afectaba el ambiente y la salud respiratoria de los niños, y se constató un delito ambiental, pero como el director era funcionario público, el ministro de Industria modificó los estándares para protegerlo. Al ingresar a la Unión Europea, se dio marcha atrás con el cambio y se reafirmó la existencia de delitos ambientales. Mencionó sentencias en las que los acusados han reclamado el derecho a la propiedad y la Fiscalía ha ratificado que “el derecho del medioambiente es preponderante al derecho de propiedad”.
Alguien del público consultó sobre la conciencia ambiental en España, y en su respuesta Vercher opinó que no la hay, que sólo existe en el discurso y que “por eso se ha ido al derecho penal como forma de hacer comprender que el tema es infinitamente más perturbador”.
Un abogado preguntó por dónde empezar. Vercher advirtió que por más que muchas infracciones aún no sean reconocidas en el derecho como delitos ambientales, pueden sancionarse apelando a otras infracciones, por ejemplo, la estafa. “Aunque no exista la especialidad, se puede hacer mucho”, dijo.