Ayer se presentó el Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016-2020. Presenta más de 400 acciones dirigidas a esas tres etapas de la vida, a implementar de aquí a 2020, y muchas de ellas ya contenidas dentro de las metas que se plantea cada organismo. “El plan es más que la suma de los planes”, insistió Marisa Lindner, presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), quien insistió en que la intención no es sumar las metas de cada organismo sino alcanzar “la integralidad de las respuestas”.
El plan fue impulsado por la Comisión de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia que lideran el INAU y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y en el que participan también organismos públicos de salud, educación, cultura, trabajo y planeamiento. Para cada una de las tres etapas, el plan desarrolla seis lineamientos estratégicos en diferentes áreas: promoción y atención de la salud; permanencia en el sistema educativo; vida libre de violencia; disminución de situaciones de vulnerabilidad como situación de calle, trabajo infantil, conflicto con la ley e institucionalización por falta de protección familiar; participación y acceso a bienes culturales; garantía de acceso a la justicia. Lindner destacó este último punto como “innovador”; apunta a implementar ajustes en el sistema de justicia, tomando en cuenta los parámetros internacionales. Básicamente, asegurar la protección de los niños y adolescentes y no revictimizarlos. Se proyectan acciones de todo tipo; se menciona el organismo que está involucrado en su cumplimiento, la línea de base de la que se parte (en muchos casos no hay datos), la meta a alcanzar en 2017 y en 2020.
Se busca disminuir la incidencia del embarazo adolescente, mejorar la nutrición con acciones que van desde entregar una tarjeta magnética para comprar víveres hasta promover buenas prácticas de alimentación y regular la publicidad de alimentos de alto valor calórico y bajo valor nutricional. También, universalizar el acceso a cuidados paliativos y más controles de salud. En el plano educativo se propone aumentar la matrícula en centros de primera infancia, en educación inicial, primaria y media. Se ampliará de 250 a 750 el número de maestros de apoyo; habrá 10% más de becas de apoyo; estrategias para incluir a niños con discapacidades y para detectar a tiempo situaciones de vulnerabilidad. El INAU reconvertirá los hogares de amparo en Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (prevé tener diez en 2020) y buscará mejorar la implementación del sistema de atención: hoy la evaluación de aspirantes tiene tres años y medio de retraso; se espera reducir ese tiempo a un año y medio en 2020. También se aspira a implementar en 2020 un protocolo de intercambio de información sobre denuncias y situaciones de trabajo infantil entre el INAU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para adolescentes, se ampliará el espectro de medidas no privativas de libertad. También crecerán los centros de reclusión: se inaugurarán 200 plazas a fines de 2017 y se pondrá en marcha el proyecto de venta de la Colonia Berro y la construcción de nuevos centros.
Lindner opinó que “falta mucho” para que en la sociedad el tema de infancia y adolescencia sea considerado prioritario, porque en la opinión pública sigue siendo colocado “desde el desvío, desde aspectos que están más asociados a la seguridad ciudadana y a la pobreza, convicciones fragmentadas, convicciones estereotipadas, visiones simplificadas de la realidad de la infancia y la adolescencia”.
Oír la voz
Para reposicionar el tema, Lindner dijo que es fundamental “darles voz” a los niños y adolescentes en los procesos de definición de las políticas. Eso intentó este plan, que desarrolló una jornada de consulta a niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, cuyos aportes están reseñados en el plan. Con una enorme claridad, los consultados dan cuenta de sus puntos de vista y critican el funcionamiento de algunas cosas muy atendibles. Identifican inequidades en la distribución nacional de centros especializados para atender problemas de alcohol y drogas, piden “contar con servicios personalizados a nivel nacional, así como información ‘más humana y real’ desde la infancia, en particular en el ámbito educativo”. Proponen que se mejore el pasaje de la escuela al liceo y que los profesores fomenten la incidencia de los estudiantes. Respecto de la violencia, alguien expresó: “Nunca tuve una charla en mi vida”. Dicen que los adultos tienen miedo de asumir el tema. Señalan la necesidad de contar con “una niñera paga por el Estado” para que los adultos puedan trabajar. Piden que la acción policial sea respetuosa, justificada y que no se oriente “por prejuicios en cuanto a edad, nivel socioeconómico, género ni aspectos estéticos”, sino en el derecho de todas las personas, consigna la publicación.
“Nos gustó que nos hayan consultado, que tengan en cuenta nuestra opinión”, dijeron en la presentación Facundo López y Tatiana Resende, participantes de la consulta. El plan prevé la realización de encuestas y generar más espacios de participación.
Desafíos
Víctor Giorgi, ex presidente del INAU, consideró que el plan “se queda un poco corto” en el seguimiento, porque se hará por medio de informes que se eleven a organismos internacionales e informes periódicos, cuando “requeriría vincularse con un sistema de monitoreo de acceso a derechos, un sistema que permita realmente ir viendo la evolución, las cosas a cambiar, a reafirmar, y que sea un sistema que procese información de diferentes espacios sociales, geográficos, que permita detectar las brechas de inequidad”.
Paula Baleato, en representación de la sociedad civil, también se mostró conforme con el plan y recordó que no es el primero, sino que sigue a uno diseñado en el período anterior, que “no fue priorizado” y no tuvo “un ámbito de seguimiento”. Reafirmó la necesidad de capacitar a quienes trabajan en temas relacionados con la infancia y de incorporar la participación de niños y adolescentes que, así como en otras oportunidades, en la consulta del plan también pidieron servicios humanizados y amigables, y adultos que ejerzan el contralor que corresponde.