La descentralización con participación ciudadana significa, para el gobierno de izquierda, profundizar la democracia, brindando representación y medios que permitan desarrollar acciones en defensa de la democratización del poder.
Desde que el Frente Amplio asumió el gobierno departamental de Montevideo, en 1990, se ha intentado avanzar en la generación de espacios innovadores de participación y debate, que sirvan para involucrar a los propios ciudadanos en el desarrollo de la ciudad. Prueba de ello son la infinidad de documentos generados durante los diferentes ciclos de gobierno, que apuestan a dar sentido orientador y estratégico a este proceso de descentralización.
Se generaron así diferentes instancias de participación junto con la creación de las juntas locales (acuerdo de los partidos en la Junta Departamental), los concejos vecinales, la elaboración de planes estratégicos de desarrollo zonal, así como instancias permanentes de consulta a las organizaciones sociales y a los vecinos.
Entre los mecanismos de participación instaurados en este proceso, se destacan los concejos vecinales, órganos de representación de carácter social que, de forma honoraria, presentan iniciativas, asesoran, controlan la gestión departamental y municipal, y convocan a directores de diferentes áreas, así como al alcalde, para analizar los planes del territorio o el diseño de los anuales y quinquenales.
En 2005 se instaló el Presupuesto Participativo, herramienta que permite, por medio del voto voluntario y secreto, definir la ejecución de obras en el territorio que fueron propuestas por organizaciones y/o vecinos. Han sido claves para que ese proceso se renueve en cada ciclo, involucrando a buena parte de la ciudadanía, la apuesta de incorporar en esa elección a votantes desde los 16 años, la elaboración de las reglas (monto a distribuir, contrapartidas para propuestas presentadas por organizaciones sociales, tipo de iniciativas a presentar, plazos de ejecución, etcétera) mediante decisiones de los propios representantes que integran los concejos vecinales y la voluntad política expresa de quienes han estado al frente de la Intendencia de Montevideo, que han destinado un porcentaje del presupuesto departamental en inversiones para que la propia ciudadanía elija, mediante el voto, el destino de esos dineros públicos.
Desde 2009, a partir de la aprobación de la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, N° 18.567, y de los decretos departamentales que crearon ocho municipios en Montevideo, nos encontramos en mejores condiciones para articular, desarrollar y gestionar las políticas en el territorio. En este convive un conjunto de actores sociales e instituciones con diversos intereses, que configuran un entramado social capaz de establecer dinámicas con el gobierno departamental y los gobiernos municipales: son generadores de propuestas, iniciativas, demandas, asesoramientos, cambios o tensiones que aseguran una permanente construcción colectiva.
De este modo, esos gobiernos deberán considerar escenarios locales de diálogo, facilitar condiciones para evaluar junto con los diferentes actores y hacer así más eficaces las acciones gubernamentales.
Ahora bien, si comparamos los últimos ciclos de la elección de los concejos vecinales, así como la elaboración y la presentación de propuestas de Presupuesto Participativo, podemos ver que el proceso llegó a una meseta. Por tanto, es necesario promover un debate, intercambiar propuestas, generar nuevas herramientas, ampliar la base social e involucrar nuevas formas de participación.
Este desafío es constante, y, aunque los tiempos institucionales son más lentos que los procesos sociales, necesitamos generar e iniciar un sistema que promueva la participación, creando grupos de trabajo (como administración) en los territorios junto con los gobiernos municipales, impulsando el uso de las herramientas con que contamos (concejos vecinales y Presupuesto Participativo) e incorporando otras nuevas para afrontar los desafíos de los tiempos tecnológicos que vivimos, que sean capaces de incluir a los vecinos en la discusión e implementación de propuestas, recabando opiniones en plataformas de consulta vía la web sobre temas de interés departamental, haciendo posible que más ciudadanos tomen parte en las políticas públicas del gobierno departamental.
Desde el programa de gobierno se destaca, en este sentido: “[S]e buscarán, sin eliminar las actuales, otras formas innovadoras apoyadas en la tecnología de la información, que al mismo tiempo puedan acercar a las generaciones más jóvenes [...]; además de las redes sociales, páginas web, etcétera, se indagará en la implementación de una plataforma virtual de participación urbana que sea amigable con el usuario/ciudadano y en la que este pueda informarse e informar a la comunidad, realizar propuestas e influir en las decisiones que se toman”.
Debemos promover la creación de un Plenario de Organizaciones Sociales, que se institucionalice para reunirse por lo menos una vez al año a fin de evaluar planes, desarrollar iniciativas y promover debates nacionales o departamentales sobre diferentes y variados temas de interés general. Estos serán convocados por integrantes del equipo de gobierno departamental y/o municipal.
Si bien la herramienta de Presupuesto Participativo genera entusiasmo e involucra cada vez a más ciudadanos, debemos trabajar con los mayores consensos para promover el voto electrónico a distancia e incorporar así a muchos sectores de ciudadanos que ingresan, por diferentes motivos, a internet. Los planes Ceibal e Ibirapitá son un ejemplo de que podríamos obtener acuerdos para que por medio de esas plataformas también se opine, se consulte, se tome parte en definir qué es lo mejor para una zona, un barrio o la ciudad.
Para que haya participación tienen que suceder dos cosas simultáneamente: una, que existan los ámbitos de participación, y otra, que los seres humanos quieran participar en esos ámbitos. Si no ocurre eso, no hay participación. Creo, humildemente, que en eso estamos.
Jorge Buriani Director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación