El proyecto de ley que modifica la normativa actual en materia de zonas francas será votado antes de fin de año en la Cámara de Senadores. Uno de los puntos de la iniciativa que generaba mayores resquemores en la interna del Frente Amplio (FA) y del propio gobierno fue eliminado.
La creación de zonas francas temáticas, una de las novedades del proyecto, establecía, en su versión original enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento en 2015, la posibilidad de autorizar “el desarrollo de zonas temáticas de servicios” en materia de “atención a la salud; esparcimiento y entretenimiento; y audiovisuales”. El mero anuncio de esta posibilidad estimuló la imaginación de algunos empresarios locales. En varias entrevistas radiales, el arquitecto Santiago de Tezanos presentó su proyecto Punta del Este HealthCare City, una zona franca especializada en servicios de salud que se instalaría en Punta del Este para atender a pacientes de la región. Incluso llegó a manejarse 2019 como fecha posible para la inauguración de la zona temática.
A mediados de 2015, cuando el proyecto empezó a discutirse en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, asesores legales del Ministerio de Salud (MS) advirtieron en ese organismo que esta posibilidad habilitaba la existencia de servicios que operaran por fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), y que el proyecto no hacía referencia a ninguna norma que los regulara.
Consultado ese mismo año en comisión sobre esta inquietud del MS, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri, aclaró que la preocupación de esa cartera era “absolutamente compartida” por el MEF, en el sentido de que no se quería que esta disposición perjudicara o fuera en contra del “espíritu del SNIS”. El jerarca dejó la puerta abierta a la posibilidad de redefinir o acotar esta disposición.
Finalmente, la opción fue quitar la referencia a la atención en salud. En la reunión de la comisión este martes, el senador blanco Álvaro Delgado preguntó por qué se había quitado esta opción. “En realidad, había todo un proyecto de atención especial dentro de este ámbito, sobre todo para extranjeros. Incluso se habló de desarrollar capacidades especiales y de tener complementación con servicios nacionales de aprendizaje en función de tecnologías muy avanzadas en atención de la salud”, señaló el legislador, según consta en la versión taquigráfica. La frenteamplista Patricia Ayala le contestó que desde el oficialismo se consideró que esta posibilidad podía representar “cierta amenaza, por decirlo de alguna forma, para el SNIS”, y que de todos modos, tanto las pasantías como las mejoras tecnológicas pueden impulsarse “sin necesidad de ser incluidas en una zona franca”. También en el artículo referente a las zonas temáticas de servicios se excluyó a los juegos de azar de la temática de “esparcimiento y entretenimiento”.
El proyecto a estudio de la comisión tiene dos innovaciones adicionales. Por un lado, establece un plazo máximo de 15 años para la autorización de las zonas francas en el caso de actividades industriales, y de diez años en el caso de actividades comerciales y de servicios, con posibilidad de prorrogar este plazo por cinco años en ambos casos.
Por otro lado, al igual que la ley vigente actualmente, prohíbe a las empresas en zonas francas realizar actividades fuera de las zonas francas beneficiándose de la exoneración, pero a diferencia de la normativa vigente, contempla excepciones: cobranzas de carteras morosas y exhibición de productos. Esta disposición es cuestionada por la oposición, que entiende que perjudica a las zonas francas del interior que deben realizar actividades en Montevideo. El FA y el gobierno, en tanto, argumentan que la prohibición ya existe y que se han detectado irregularidades en ese aspecto. Precisamente, ayer concurrieron a comisión las autoridades de la Dirección General Impositiva (DGI) y dieron detalles de los operativos realizados en este sentido. En 2011 y 2012 el organismo llevó a cabo un operativo que recayó sobre 600 empresas en zonas francas, y se reliquidaron impuestos por más de 30 millones de dólares. El nuevo artículo busca clarificar qué actividades están permitidas por la normativa y cuáles no.
La semana próxima, la comisión recibirá a autoridades de las zonas francas del interior, y se prevé votar el proyecto en una sesión extraordinaria antes de fin de año.