El jueves 8 de diciembre, previo al Día Internacional de los Derechos Humanos, el ministro Eduardo Bonomi hizo entrega al coordinador del Grupo de Trabajo (GT) sobre Verdad y Justicia de la Presidencia de la República, doctor Felipe Michelini, de la primera parte de la documentación original depositada en la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior (MI), y una copia digital al rector de la Universidad de la República (Udelar), doctor Roberto Markarian. De esta manera cumplió con lo establecido en el convenio tripartito firmado en 2013. Si tuviéramos que hacer una simplificación que permita ilustrar el significado de ese acontecimiento y relacionarlo con otros vinculados a nuestro pasado reciente, diríamos que llegó el turno de los archivos.
Sobre el telón de fondo del reclamo y la lucha permanente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, diferentes focos de atención se han sucedido desde 2005, manteniendo vigente la memoria de los desaparecidos y demás víctimas del terrorismo de Estado, después de 20 años de impunidad en democracia.
Si las investigaciones en antropología forense en la búsqueda y localización de sitios de enterramiento e identificación de restos de personas signó la atención de la opinión pública entre 2005 y 2010, desde 2011, ante la perspectiva de la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura y la avalancha de denuncias individuales o grupales, el foco se desplazó a los juicios penales y la labor de jueces y fiscales. Este año, que está a punto de concluir, la centralidad parece estar ocupada por los archivos y el acceso a la documentación. En ese marco se inscriben la cesión de los archivos de inteligencia y su pasaje de la gestión policial a la égida política de Presidencia (GT-Secretaría) y académica (Udelar-Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, FHCE); la puesta a disposición por el Poder Ejecutivo del archivo del Fusna y otros declarados por el Comando General de la Armada; el anuncio de la apertura del archivo del Comando de la Fuerza Aérea; las gestiones del presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, ante el papa Francisco y la decisión de autorizar el acceso a los archivos del Vaticano sobre Uruguay; la incautación e investigación pericial del archivo Castiglioni en la causa radicada en el Juzgado de 7º Turno, a cargo de la doctora Adriana de los Santos; las denuncias periodísticas del semanario Brecha y la iniciativa parlamentaria de constituir una comisión investigadora sobre posibles actos de inteligencia del Estado no legales en democracia, y el reciente acceso del equipo de historiadores al archivo del Museo Histórico del Ejército Nacional.
En síntesis, hace 11 años, cuando comenzaron las investigaciones en el marco del convenio entre la Udelar y Presidencia, la pregunta era: ¿habrá archivos de la dictadura? Y la respuesta era pesimista, acentuada por el efecto de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que clausuró por 20 años las investigaciones de todo tipo y el acceso a los archivos. Hoy, aquella pregunta está respondida: hay archivos y documentación de la dictadura que se conservaron, aunque debamos seguir buscando para encontrar todavía más. Entonces la pregunta pasó a ser: ¿cómo preservar esa documentación sensible y asegurar en forma más fluida y amplia el derecho a la información, por las víctimas y sus familiares, los investigadores y el público en general, sin violentar el derecho a la privacidad?
El archivo de la ex DNII constituye un patrimonio documental único en el país, que conserva una voluminosa documentación de origen policial y militar sobre el autoritarismo y la dictadura (1968-1985) y sobre la propia historia de los partidos de izquierda en la clandestinidad (volantes, prensa, fotos, documentos incautados), así como sobre el accionar de grupos de derecha. Constituido en 1947, es una fuente documental ineludible para estudiar más ampliamente el relacionamiento del Estado y sus organismos de seguridad con la sociedad y sujetos particularizados.
La primera entrega de la documentación refiere al período 1968-1973, y se trata aproximadamente de 28.000 copias digitalizadas depositadas en 60 cajas, sobre las que se han elaborado índices y descriptores temáticos de los contenidos para orientar las búsquedas, entre otros asuntos, sobre grupos políticos, estudiantes, sindicatos, detenciones, seguimientos, movilizaciones, incidentes callejeros, revistas y periódicos gremiales, expulsiones del país, secuestros, heridos, procedimientos y operativos, ocupaciones de liceos, informes policiales, denuncias, quema de coches, vigilancia a extranjeros, discursos políticos, escucha de audiciones.
Para procesar la digitalización, el MI y la Udelar han adquirido los escáneres, a la vez que el MI asegura los equipos técnicos que cubren en doble turno el proceso de ingreso de los documentos al sistema, bajo supervisión de archivólogos universitarios, en la sede de la DGII.
El acceso online a los documentos digitalizados, así como su respaldo informático, según el convenio, quedará en la FHCE, y está en marcha el acondicionamiento técnico de la información y la definición del protocolo de acceso, bajo asesoramiento del Archivo General de la Nación y del Archivo General de la Udelar. La meta es marzo 2017. Mientras tanto, se continuará con la digitalización hasta completar el archivo.
Álvaro Rico
Sobre el autor
Rico es Decano de la FHCE y supervisor académico del equipo universitario que investiga sobre detenidos-desaparecidos y asesinados políticos entre 1968-1985, en convenio con Presidencia de la República.