Primer acto
Una semana después de asumir por segunda vez como presidente de la República, Tabaré Vázquez presentó al Parlamento un proyecto considerado “una de las prioridades del gobierno”: el Sistema de Competitividad.
El 10 de marzo de 2015 fue tomado para su estudio por la Cámara de Diputados. Durante la media hora previa a la sesión ordinaria, el diputado por el Movimiento de Participación Popular Walter de León lo defendió como “uno de los proyectos tal vez más importantes que vamos a analizar este año”, aclarando que la competitividad que se buscaba era una “basada en ventajas competitivas desarrolladas por medio de la innovación”.
El proyecto derivó en la Comisión de Hacienda, que, a lo largo del año, recibió a varias instituciones que hicieron fuertes críticas a la propuesta. El resultado fue un proyecto alternativo que se presentó a fines de diciembre de 2015 y que ponía énfasis en la transformación productiva por sobre la competitividad.
La Universidad de la República (Udelar) fue una de instituciones que se manifestaron en contra del proyecto original, argumentando que modificaba “profundamente” la forma de gobierno de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y eliminaba las instancias de diálogo entre esta y la Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (Conicyt) del Ministerio de Educación y Cultura. También se indicó que “sujetaba” al sistema de ciencia, tecnología e innovación a la competitividad, dejando afuera los aspectos “educativos y culturales” de la ciencia, lo que motivó finalmente la eliminación del capítulo referido exclusivamente a la ANII, y la creación, en cambio, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, dependiente de Presidencia e incluida en el Presupuesto Quinquenal como “nueva institucionalidad en ciencia y tecnología”. El directorio de la ANII, en tanto, se vio reducido de siete a cinco miembros: se quitaron dos representantes del Gabinete de Innovación y se mantuvo a los dos del Conicyt.
El proyecto alternativo no recortó, sin embargo, dos directores del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) -representantes del PIT-CNT y de las cámaras empresariales- tal como pretendía el Ejecutivo para tener la mayoría en el directorio (de siete integrantes), pero sí estableció que las resoluciones aprobadas con cuatro votos requerirán la aprobación del director general -uno de los integrantes designados por el gobierno-.
También se modificó el nombre de la estructura a Sistema de Transformación Productiva y Competitividad, y se integró -a propuesta de la academia- a los ministros de Educación y Cultura y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente al consejo consultivo -que ya incluía a los de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Turismo, además de al director de la OPP-, e incorporó a un equipo de coordinación.
Por otro lado, se integró al Laboratorio Tecnológico del Uruguay al sistema que ya nucleaba a la ANII, la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande), el Inefop, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el de Promoción de la Inversión, las Exportaciones e Imagen País, Uruguay XXI, el Instituto de Cooperativismo (Inacoop), la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático.
En cuanto a ingresos, se estableció explícitamente que la Ande y el Inefop asignaran “al menos 20% del monto total de los apoyos previstos en cada plan de actividades anual” a “proyectos o programas que tengan como objetivo la transformación productiva”. Sobre egresos, se rebajó el salario a los presidentes del directorio de la ANII, de la Ande, del Inacoop y del INIA -a los que el proyecto original asignaba sueldos de ministro (204.610 pesos)- a un salario equivalente al de un director general de secretaría (143.227 pesos), mientras que para los cargos de los restantes directores la rebaja salarial fue del sueldo de subsecretario previsto por el Ejecutivo (173.919 pesos) a otro equivalente a 90% del salario de un director general de secretaría (128.904 pesos).
Segundo acto
El Ministerio de Economía y Finanzas consideró “muy positivo” el proyecto alternativo presentado por la bancada del FA, en el entendido de que mantenía y consolidaba “los aspectos esenciales” del proyecto original, al tiempo que ponía “un mayor énfasis en la transformación productiva”.
Consultada al respecto, la ANII propuso habilitar un “viático” a los directores honorarios del Conicyt y criticó que no se definieran con “mayor precisión” los cometidos de esta comisión, tal como se hacía en el proyecto del Ejecutivo.
Desde la academia, Carlos Bianchi, del Instituto de Economía, así como el rector de la Udelar, Roberto Markarian, cuestionaron la “separación” de las políticas de ciencia y tecnología de las de innovación, y la falta de definición de los recursos con los que contaría la secretaría, “uno de los órganos más importantes del sistema”, según Bianchi. El investigador también criticó la ausencia del Ministerio de Desarrollo Social en el consejo consultivo, y propuso remunerar “por igual” a todos los directores de la ANII. Cuestionó, asimismo, el doble voto del presidente del directorio.
Fundamentalmente, el economista mencionó su discrepancia -al igual que la Conicyt y la Academia de Ciencias del Uruguay- con que fuera el Consejo de Ministros el que se encargara de la definición de las políticas de ciencia, tecnología e innovación (en lugar de la ANII), algo que “echa por tierra diez años de construcción institucional” y “aumentará las dificultades” en el abordaje de agendas, dijo. Propuso, en cambio, que se mantuviera el funcionamiento del Gabinete Ministerial de Innovación.
Finalmente, a mediados de mayo de este año, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto alternativo presentado por la bancada oficialista, con críticas de la oposición, y en particular del diputado nacionalista Jorge Gandini (Alianza Nacional), quien consideró que la propuesta de los frenteamplistas “empeoró” la del Poder Ejecutivo. El legislador consideró que la “falta de liderazgo” que se desprende del “modelo de estado de asamblea” crearía “un superaparato burocrático” que “está destinado al fracaso”.
Tercer acto
Una vez entrada la nueva versión a la Cámara de Senadores, se derivó a la Comisión de Hacienda, que citó al director de la OPP, Álvaro García, al subdirector, Martín Dibarboure, y al director de la Ande, Álvaro Ons, quienes sugirieron algunas modificaciones, que derivaron en una tercera versión del proyecto.
A las finalidades establecidas en el segundo bosquejo -“promover el desarrollo económico productivo e innovador, con sustentabilidad, equidad social y equilibrio ambiental y territorial”, impulsando “un proceso de transformación productiva orientado a la expansión de actividades innovadoras” con más valor agregado y contenidos tecnológicos nacionales, así como la promoción de actividades que generen “capacidades locales”, apoyando el desarrollo de nuevas actividades y emprendimientos que favorezcan “nuevas formas de propiedad y economía social”, generando “condiciones para la mejora de la competitividad sistémica”-, se agregó la necesidad de “promover la demanda tecnológica del sector público” y de orientar la radicación de inversiones extranjeras en el país, “con énfasis en los derrames en materia de tecnología, innovación, empleo de calidad y fortalecimiento de las capacidades nacionales”.
También se sugirió integrar al consejo consultivo a las empresas públicas (Antel, UTE, OSE y ANCAP) y a la Administración Nacional de Puertos.
En cuanto al rol de los consejos consultivos -uno de los puntos débiles del proyecto aprobado por los diputados-, se estableció que “se priorizará la utilización o adecuación de ámbitos preexistentes respecto de la creación de nuevos”. Asimismo, y respondiendo a las críticas de separación, se determinó que las secretarías de Ciencia y Tecnología y la de Transformación Productiva y Competitividad se coordinarán “a efectos de asegurar un ámbito y una visión integrales para la elaboración de las propuestas al Poder Ejecutivo sobre objetivos, políticas y estrategias en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación”.
Esta tercera idea fue la sancionada por la cámara alta el 30 de noviembre con votos del oficialismo, y recibió una vez más críticas por la “burocracia” que implicó el cambio respecto de la propuesta original. El senador independiente Pablo Mieres sostuvo que el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo “iba en la dirección correcta”, y consideró que el aprobado es “el resultado de una transacción entre visiones distintas” que consideró “legítima”, pero que no comparte.
Así, la Cámara de Representantes volvió a recibir el proyecto, que fue finalmente sancionado el martes con apoyo únicamente de legisladores del FA y con la crítica de la oposición, que sostuvo que “aumentará los costos del Estado y traerá más impuestos”, según lo expresó el nacionalista Benjamín Irrazábal. El colorado Conrado Rodríguez, por su parte, consideró que su implementación, así como su funcionamiento, se dificultarán tras las modificaciones introducidas por el Senado. “Mayor burocracia y parálisis”, resumió.