Durante la presentación ayer en la conmemoración del Día Nacional de Lucha contra la Explotación Sexual Comercial de niñas, niños y adolescentes, la presidenta del INAU, Marisa Lindner, consideró que se trata de un problema que “atenta contra la dignidad, la seguridad, la integridad y la vida y otros derechos fundamentales y sustantivos”, y, por ende, la solución habrá que encontrarla “en conjunto, toda la sociedad”.
Por su parte, Mariana Rodríguez, abogada del Ministerio de Turismo, también resaltó el papel de los actores privados, dado que si bien la cartera está “absolutamente comprometida con el combate del turismo sexual”, hay ciertas transacciones que “se nos escapan”. Rodríguez sostuvo que “va a llevar tiempo”, pero consideró que 2025 puede ser un “buen año” para conseguir finalmente la erradicación de este tipo de violencia.
En tanto, Pablo Álvarez, coordinador general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, aportó que “no todo emprendimiento productivo debería ser validado sin exigir responsabilidades que pueden asumir estas empresas”.
Lindner consideró que la explotación sexual “sigue siendo un problema naturalizado, invisible y en algunos casos justificado en torno al consentimiento”. En este sentido, sostuvo que algunos desafíos consisten en la aprobación del Código Penal, la Ley Integral contra la Violencia de Género de Niñas, Niños y Adolescentes y el proyecto de trata, todos a estudio en el Parlamento. La presidenta del INAU consideró que estos son marcos normativos que servirán para “dar garantías que hoy faltan para el abordaje de la problemática”.
Por otro lado, también cuestionó los dispositivos y las respuestas actuales que ha dado el Estado. “Lo que tenemos es el encierro, pero para proteger hay desafíos por delante”, afirmó. En diálogo con la diaria, Purtscher destacó que el plan constituye “un esfuerzo por garantizar una unidad conceptual y práctica”, y además incluye una “responsabilidad, adjudicada a ciertas instituciones, de hacerse cargo de algunas tareas”. Por otro lado, también coincidió con las anteriores en que la eficiencia en la tarea no será posible sin “comunidades que tomen acciones proactivas”.
“Hay una serie de actividades económicas, como los grandes enclaves productivos y el tránsito de mercancías, que son proclives a este problema. También es algo que surge en el interior más profundo, por lo que el tema ocurre y transcurre en todo el país. Este plan está hecho para mirar más y mejor, lo que en definitiva nos permitirá actuar mejor, ya que parte de una profunda crítica de nuestras prácticas anteriores”, afirmó. “La realidad nos está interpelando. Este plan es la materialización de muchas voluntades políticas, y, a diferencia de otras instancias, esta vez hay un fuerte compromiso de las instituciones de hacerse cargo de las responsabilidades que asumen”, añadió.
Algunas de las 100
El centenar de medidas que constituyen el plan está contenido en seis ejes: el acceso a la Justicia, la protección, la atención, la creación y sistematización de conocimientos, el fortalecimiento institucional y comunicacional, y la evaluación y monitoreo como mecanismo transversal de contralor. En cuanto a las acciones, se definen en detalle la actividad prevista, la meta esperable, el organismo responsable de llevarla a cabo y los organismos que puedan resultar asociados en su realización en los próximos cinco años.
Por nombrar algunas, a modo de ejemplo, en materia de promoción de derechos y prevención, el INAU deberá realizar al menos cinco campañas destinadas al público general; el Ministerio de Turismo deberá encargarse de otras cinco, pero con el objetivo de llegar a públicos vinculados al sector que le atañe. A su vez, esta cartera deberá sensibilizar al menos a 5.000 personas vinculadas a operadores turísticos y al estudiantado de este tema. Por su parte, la Administración Nacional de Educación Pública deberá incorporar un módulo sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes a la formación en Educación Sexual Virtual de la institución, dirigida a docentes y referentes de educación sexual.
En cuanto a la protección, el Ministerio de Turismo tendrá que supervisar la implementación por parte de los operadores turísticos de las acciones encomendadas en el Decreto 398/013, que los obliga a colaborar con la prevención de la explotación sexual y elaborar un informe anual de acciones de supervisión. Por otro lado, el Ministerio de Salud (MS) deberá designar al menos 80 personas que serán “figuras de referencia” en los casos de explotación en el ámbito de la salud.
En otro orden, el INAU deberá sistematizar casos con presencia en medios de prensa y realizar al menos tres informes. Por otro lado, el Instituto Nacional de la Juventud, en conjunto con el Ministerio del Interior, tendrá que conocer y sistematizar las nuevas modalidades de explotación mediante las tecnologías de la información y la comunicación, así como los mecanismos de prevención relacionados con esto. Sobre el fortalecimiento institucional, el INAU se comprometió a contar con una secretaría o equipo técnico permanente, integrado por dos personas, y efectuar al menos una reunión mensual en la que participe no menos de 80% de los convocados.