Sebastián Albín, economista del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y Martín Tomé, abogado de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), fueron quienes presentaron el modelo de negocios propuesto para la construcción de 44 jardines de ANEP para niños de tres años y 15 CAIF que atenderán a niños de hasta dos años y a sus familias.
La inversión inicial por los 59 establecimientos educativos está estimada en 56 millones de dólares,“que va tener que financiar la empresa adjudicataria y con capital propio”, explicó Albín. En tanto, los terrenos “ya están definidos” y serán entregados por el contratante, es decir, el sector público.
El contrato durará 22 años: dos de construcción y 20 de operación, y será la empresa la que determine el cronograma de edificación propuesto, sabiendo que “cada centro se cobrará una vez que su construcción termine”, afirmó el economista. En cuanto al prototipo de construcción, la empresa contará con “cierta flexibilidad” para modificar los planes incluidos en el pliego, “siempre y cuando se respeten los requerimientos mínimos”.
Los jardines deberán incluir seis aulas -una de psicomotricidad-, servicios higiénicos para cada aula, depósitos, áreas de circulación, un comedor, un hall de acceso, una despensa, una cocina, una dirección, una sala de maestros con baño, un baño equipado para personas con discapacidad, un espacio exterior cubierto y varios espacios exteriores abiertos con patios, áreas de juego, plaza de acceso, caminerías y senderos interpretativos.
Por otro lado, los CAIF deberán tener una sala de psicomotricidad, dos para bebés, dos para niños, una de atención personalizada, y los servicios asociados a las salas: baños, kitchenette, cambiador y piletas. Además, deberán contar con una circulación, una administración, un depósito, una despensa, una cocina, un baño universal, un baño para adultos y un espacio exterior abierto controlado.
Reparto de riesgos
Además de la construcción de los centros, el privado se encargará de su diseño, mantenimiento y financiamiento, pero “en ningún caso de los servicios educativos, ya que así lo garantiza la ley”, afirmó Albín. “Todos los maestros, educadores, psicólogos y otros empleados van a estar bajo la gestión y el control de la órbita estatal, así como la alimentación, la limpieza asociada a esta y la seguridad de los niños y de los docentes”, agregó.
Así, sobre el sector público recaerán las responsabilidades asociadas a la elección del terreno o cambio en el alcance del proyecto, y también los riesgos arqueológicos. También estará obligado a responder en caso de riesgos sociales, como conflictos sindicales que puedan suspender o retrasar la obra, así como en caso de mal uso, hurto o daño de las instalaciones.
Como complemento, se transferirán a los privados los riesgos de diseño, de cualquier sobrecosto o sobreplazo en la construcción, de disponibilidad, de no obtener el financiamiento necesario y, asimismo, de daños ambientales. También recaerán sobre este los perjuicios por mal uso, hurto o daño fuera del horario establecido de trabajo. Compartirán entre ambos -mediante cláusulas contractuales- los riesgos por cambios en las tasas de interés, tipo de cambio e inflación y gestiones de pago.
Pagos condicionados
A raíz de los servicios brindados, el privado va a recibir pagos bimestrales que responderán a una serie de evaluaciones que podrán derivar en deducciones. El primer filtro será la disponibilidad: “Cada centro está diferenciado por áreas funcionales -cocina, baño, por ejemplo- y se va a pagar en función de que la infraestructura esté disponible para su uso, según la ponderación que tiene cada una en el pago máximo”.
Una vez que la disponibilidad esté asegurada, se evaluará la calidad en función de indicadores de calidad reactivos, que implican los fallos que ocurren con el uso -“un vidrio roto o una canilla perdiendo”. Por último, se acordarán los estándares de calidad no reactivos -“como cortar el pasto con cierta regularidad o mantener las paredes bien pintadas”- con anterioridad a la firma.
Para contabilizar las deducciones se dispondrá de la ayuda de un software en el que el contratista y el sector público, por medio de la figura de un supervisor de contrato, intercambiarán información. “Quedará allí contenido el momento exacto en que empezó la falla, y también cuándo se solucionó, para efectuar las deducciones”, explicó Albín. El abogado indicó que se prevé que la presentación de ofertas pueda comenzar a partir de mayo del año que viene, que la adjudicación provisional sea en setiembre y que en marzo de 2018 se pueda firmar el contrato para comenzar la construcción.