Ayer se volvieron a movilizar los familiares de los cuatro jóvenes muertos en el galpón de fuegos artificiales de Meteoro, que opera a cargo de la empresa Trick SA, en Toledo. Lo hicieron frente a los portones de la empresa, donde volvieron a colgar carteles recordando a los trabajadores y pidiendo justicia. Ya lo habían hecho antes, pero personas de la empresa los habían retirado, tal como pudieron documentar los vecinos con fotografías. Reclaman justicia ya; lo dejaron grafiteado en el piso y los muros de la entrada a los galpones, esta vez para que no lo puedan borrar tan fácilmente.
Las pintadas se han replicado también en Montevideo, realizadas por una brigada de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), que acaba de lanzar una campaña que pide que “en estas fiestas, no uses fuegos artificiales”. Raúl Ferrando, secretario de Derechos Humanos de FUECYS, explicó a la diaria que es una campaña “de solidaridad con las familias, que busca dar aliento, y es una cuestión de respeto”. La idea, dice, es “cambiar el tipo de festejo”, y pregunta cuántas familias terminan en la emergencia, con niños lastimados por fuegos artificiales, o mayores que, por haber tomado una de más, se lastiman también. Mencionó además a los animales, que “sufren muchísimo en esos días de fuegos artificiales en demasía, y muchos se pierden”. Ferrando dijo que “el pedido es que haya una Justicia severa”: “No se recuperan las vidas si los responsables van presos, pero de alguna forma tienen que pagar”.
Pablo, cuñado de Adrián Yanibelli, uno de los jóvenes fallecidos, dijo a la diaria que el hecho “pasó de ser una tragedia a ser un asesinato. Quien los asesina son las condiciones que los dueños tenían en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Por lo tanto, hay responsabilidades claras”. Explica: “Quien lo dice no somos nosotros, los familiares, movidos por la frustración y la tristeza, sino que es el Ministerio de Trabajo [y Seguridad Social], con el contundente informe de la Inspección General del Trabajo”.
En el plano judicial, el abogado Óscar López Goldaracena, que patrocina la causa penal impulsada por la familia de Adrián, solicitó el cierre de fronteras para los indagados, “ante la eventualidad de que no haya resolución judicial sobre la indagatoria antes del comienzo de la feria judicial”. El pedido abarca a los dueños, socios titulares y directores de la empresa, al gerente general, la técnica prevencionista y el encargado del depósito.