La idea de organizarse para pelear por sus derechos surgió hace un año a raíz de la propuesta de algunos operadores penitenciarios y reclusos de la Unidad Nº 6, cárcel de Punta de Rieles, para conformar una asociación de familiares de personas privadas de libertad. Pusieron a discusión la idea y llegaron a la conclusión de que en vez de seguir “cargando a las familias”, lo primero que había que hacer era organizarse entre ellos. El día después, obra de teatro escrita, dirigida y protagonizada por hombres privados de libertad que actualmente están presos en esa cárcel, se presentará hoy a las 17.30 en el teatro Delaguja, en una función para recaudar fondos para poder registrar a la primera Asociación Civil de Personas Privadas de Libertad (Asocide PPL) en el Ministerio de Educación y Cultura, trámite que cuesta alrededor de 18.000 pesos. La entrada a la obra vale 100 pesos.
Marcelo, uno de sus miembros fundadores, explicó a la diaria que pretenden “luchar, de forma pacífica, por los derechos humanos de todos los compañeros que estamos de este lado del muro, conseguir los derechos que aún no tenemos y pensamos que podemos llegar a tener porque nos corresponden”. Por eso también proyectan el crecimiento de la Asocide PPL a nivel nacional. Adrián, miembro fundador, señaló que uno de los propósitos es funcionar como contralor y trabajar dentro de las subdirecciones técnicas y administrativas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). “Nos gustaría hacer informes sobre cómo se distribuyen los víveres, cómo funcionan los servicios”, etcétera. Edgardo, también miembro de Asocide PPL, contó que se reunieron dos veces con la nueva subdirectora del INR, Ana Juanche, y que ella, a título personal, les comentó su disconformidad con esa propuesta, y en cambio les sugirió que formaran una mesa representativa.
Por otro lado, uno de los derechos por los que luchan es el del ejercicio del voto. La Ley de Elecciones, que data de 1925 y fue modificada parcialmente en 1999, viola un derecho constitucional: el de garantizar el voto a todos los ciudadanos uruguayos habilitados para votar. El artículo 45 de esa norma, la 7.812, prohíbe instalar comisiones receptoras de votos en los locales de las Fuerzas Armadas o la Policía. Este es el principal motivo por el que las personas procesadas privadas de libertad, que representan a más de 65% del total de las personas presas (aproximadamente 10.400), no votan, a pesar de estar habilitadas para ello.
También luchan por lograr el real acceso a la bolsa de trabajo prevista desde 2005. En el artículo 32 de la última Rendición de Cuentas se aprobó la modificación a la Ley 17.897, y se estableció que las empresas privadas que ganen licitaciones de obras y servicios públicos incluyan en su plantilla de trabajo un mínimo de 5% de presos recién liberados en tareas de peones, medio oficial, oficial o similar.