Ingresá

Cecilia Fernández, pro rectora de Investigación de la Udelar, y Daniel Greif, director nacional de Aguas, ayer, en la presentación del trabajo del panel ciudadano. / foto: adrián mariotti

Se presentó ayer el informe del Panel Ciudadano sobre el Plan Nacional de Aguas

3 minutos de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago
Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

Mediante una lectura colectiva, se presentó ayer en la Facultad de Ciencias Sociales el informe del Panel Ciudadano de Deci Agua, la deliberación ciudadana sobre el agua, iniciativa que busca analizar la propuesta de Plan Nacional de Aguas. Durante tres fines de semana completos, 15 personas no expertas en el tema leyeron, discutieron e intercambiaron acerca del plan, y elaboraron un informe, al que llamaron “Ciudadanos del agua”. Antes de desarrollar las propuestas, hicieron una salvedad: el poco tiempo hizo imposible analizarlo de forma pormenorizada.

El primer tema analizado es la participación ciudadana. El panel destacó que en la propuesta de Plan Nacional de Aguas se reconoce que no se cuenta con los recursos humanos y económicos para atender las demandas de los participantes de los Consejos Regionales de Recursos Hídricos y de las Comisiones de Cuencas y Acuíferos, y dice que esto es “un impedimento para cumplir efectivamente” con el mandato del artículo 47 de la Constitución de la República, que determina que “los usuarios y la sociedad civil participarán de todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”. También reconocen que falta seguimiento en la gestión de las comisiones, y que hay baja frecuencia de reuniones. Respecto de este último punto, entre otras cosas proponen que se garantice al menos una reunión de cuenca cada dos meses, y que se consideren formas de incluir a personas que no participan en organizaciones.

Para mejorar la gestión participativa, también la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) “necesita apoyo financiero y en recursos humanos”, y proponen generar un puesto de defensor ambiental, que canalizaría las denuncias y los aportes de las comunidades a las Comisiones de Cuencas. Como aporte al plan respecto de la “educación para la ciudadanía del agua”, el panel sugiere que los contenidos vinculados al agua sean trabajados “en todas las ramas de la enseñanza, desde la primaria a la universidad”. Creen que es necesario “informar para empoderar, conocer para participar”, por lo que sugieren coordinar desde la Administración Nacional de Educación Pública la generación de un “plan de formación en torno a la cultura del agua”, que articule contenidos programáticos de distintas asignaturas.

Respecto de la calidad de las aguas, señalan que la intensificación de actividades humanas “ha alterado la salud de muchos ecosistemas acuáticos”, y que las “medidas de preservación, mitigación de impactos y restauración de ecosistemas” que tienen como prioritarias las cuencas del río Santa Lucía y la Laguna del Sauce tienen “plazos demasiado amplios”; sugieren que debe haber medidas de prevención en las restantes cuencas, ya que creen que sería “desapropiado desatender las otras cuencas por priorizar las del sur”. En el informe se señala que, si bien los monitoreos del uso de agroquímicos son potestad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dinagua y las intendencias también deberían poder hacerlo; y que sería importante medir el nivel de agroquímicos en agua, alimentos y seres humanos, asunto en el que se debería comenzar a trabajar “rápidamente”.

Como falencia, señalan que en el plan “falta foco en la salud humana”. En el entendido de que “la economía no tendría que limitarse a las cuestiones de valor monetario del agua, sino que también deberían considerarse otro tipo de costos, como los sociales y ambientales”, proponen un plan de implementación de cánones por el uso del agua para la agroindustria, la industria maderera, los frigoríficos y las papeleras, haciendo hincapié en el sector exportador y cobrando a las industrias de manera diferencial, por no tratarse de uso para consumo humano. Este canon, proponen, se cobraría a “cualquier emprendimiento que implique lucro”, pero sugieren que se comience con las “grandes industrias y el gran consumo”, para que no recaiga en los pequeños productores.

El panel expresó que un Plan Nacional de Aguas debe “pensarse en relación a la revisión crítica de los modelos de desarrollo del país, ya que no son cosas aisladas, sino que las formas del desarrollo están relacionadas con el agua” y se debería “poner el énfasis en los aspectos no económicos del desarrollo”, centrándose en “el ser humano y su vínculo con la naturaleza”. Para esto, es necesario también “manejar, explicitar y encauzar los conflictos entre ministerios y diferentes niveles de gobierno”. Como síntesis del sentir del panel, citan la respuesta de Javier Taks, uno de los integrantes del grupo asesor: “Imaginar el país inserto en el mundo con la consigna: hacemos la mejor gestión de agua del mundo, por lo tanto no estamos dispuestos a autorizar formas de producción y consumo que nos desorienten de ese principio, incluso a riesgo de un menor crecimiento económico”, ya que “no debería poder justificarse la contaminación de un río apelando al desarrollo económico”.

El director nacional de Aguas, Daniel Greif, dijo durante la presentación que los aportes tienen un “fundamento conceptual enorme”, y resaltó que el canon “es una fuente de recursos posibles para sostener el plan”. Estos aportes, agregó, desafían a “analizarlos y sistematizarlos uno por uno”, para que luego de incorporados al plan “como propuestas” estas sean “consideradas para implementar por cada uno de los actores que tienen que ver con el tema”. Según Greif el documento “identifica claramente algunos de los temas de necesidades y de esfuerzos necesarios”, por lo que coincide “prácticamente con todo”; pero este “es un proceso de largo plazo, que no se puede pretender resolver del día a la noche”.

¿Tenés algún aporte para hacer?

Valoramos cualquier aporte aclaratorio que quieras realizar sobre el artículo que acabás de leer, podés hacerlo completando este formulario.

Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura