Uno de los objetivos prioritarios del gobierno del presidente argentino Mauricio Macri era implementar el voto electrónico para las próximas elecciones legislativas de 2017. Modificar el sistema de votación, sustituyendo la boleta de papel y las urnas, por la denominada Boleta Única Electrónica y máquinas de votar, era el punto más ambicioso de su propuesta de reforma electoral. Y ese fue, precisamente, su mayor punto débil.
La reforma -que ya tenía la aprobación de la Cámara de Diputados del Congreso- ha sido paralizada después de perder el apoyo del bloque Partido Justicialista-Frente para la Victoria en Senadores. Se podría pensar que la coyuntura responde a una pugna de cálculos político-electorales. Sin embargo, para sorpresa de quienes entienden lo político únicamente como una trama al estilo House of Cards, el freno al proyecto tuvo que ver en gran parte con un movimiento cívico liderado por técnicos y académicos. Entre esta comunidad, que desde hace muchos años alerta contra los peligros del voto electrónico, no tardó en generarse una creciente corriente de oposición a la propuesta legislativa del gobierno.
La corriente se plasmó en un intenso debate en las redes sociales, en un laborioso trabajo de incidencia en comisiones parlamentarias y en la confluencia de voces de expertos que fueron construyendo una argumentación técnica, pero también política. Un documento firmado por departamentos e institutos de informática de numerosas universidades públicas argentinas, titulado “Decimos NO al Voto Electrónico”, expresaba: “Como expertos en informática, como docentes e investigadores que dedican su tiempo, su pasión y su energía a esta disciplina creemos que la tecnología tiene mucho para aportar a la sociedad. Sin embargo, también conocemos sus limitaciones y por eso somos conscientes de que es prácticamente imposible construir sistemas que brinden máximas garantías de inviolabilidad como las que requiere un sistema de votación”.
Aunque suene curioso a primera vista, la principal oposición al voto electrónico se articuló desde el propio sector de profesionales acostumbrados a trabajar con todo tipo de soluciones tecnológicas. Una mayoría prácticamente unánime dentro de este sector, del que dependen miles de acciones y transacciones de nuestra vida cotidiana, manifestó su crítica a la mediación de computadoras en la emisión y conteo de votos durante las elecciones. Los científicos y expertos en informática a nivel mundial no han encontrado, hasta el momento, una solución tecnológica, ni teórica, ni práctica, que garantice a la vez el secreto y la integridad del voto. El voto electrónico es altamente vulnerable a ataques que pueden exponer la identidad del votante, adulterar el contenido del voto o alterar el conteo y la asignación. Lo más complicado de todo es que estas alteraciones pueden ser masivas, y, al mismo tiempo, pueden pasar fácilmente inadvertidas. En una elección con boletas en papel, cualquier ciudadano con conocimientos básicos de lectoescritura y aritmética es capaz de comprender el proceso y fiscalizarlo. En cambio, en una elección realizada con voto electrónico, solamente un puñado de expertos, que maneja conocimientos extremadamente sofisticados, puede auditar el proceso, e incluso estos expertos sólo pueden brindar garantías parciales. En tal contexto, la participación ciudadana en el contralor de las elecciones pasa a ser testimonial. Con la costumbre de la instantaneidad y la omnipresencia de la tecnología en nuestras vidas, hay quienes afirman que votar en papel, con todo el despliegue que requiere, es un proceso lento y anacrónico. ¿Por qué negarse a incorporar tecnología para mejorar las elecciones? ¿Por qué no votar con máquinas, como en el primer mundo? Justamente, la posibilidad del voto electrónico no es algo tan moderno como parece. Está en estudio desde hace más de 40 años. Y sin embargo, en ese lapso apenas un puñado de países lo han implementado. Algunos de ellos han desandado el camino, entre los que se encuentran países como Holanda, Irlanda y Reino Unido, dado el historial de vulnerabilidades denunciadas durante los actos eleccionarios. En Alemania el voto electrónico fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, dado que no permite la fiscalización por personas sin conocimientos técnicos. El más reciente capítulo de las debilidades del voto electrónico se está dando en Estados Unidos, donde se ha exigido el recuento manual de votos emitidos en distritos en los que se votó con urnas electrónicas. En tales distritos, la diferencia entre lo proyectado por las encuestas y el resultado final de la elección fue significativamente más alta que en los distritos con voto en papel. Por la magnitud de los votos en duda no parece que pueda cambiar el resultado de la elección que diera como ganador a Donald Trump. Pero podría modificar el resultado de algunos de los estados “clave” en los cuales Trump tuvo una sorprendente ventaja sobre Clinton. En Uruguay no hay hasta el momento propuestas serias de implementación de voto electrónico en elecciones generales. La única experiencia que tenemos es municipal, y no tuvo un buen suceso. Se registró en Maldonado, departamento en el que el Presupuesto Participativo 2016 se votó a través de un sistema informático que supuestamente iba a mejorar la participación de la ciudadanía. Sin embargo, ningún proyecto presentado alcanzó los votos suficientes y el presupuesto participativo quedó desierto justamente por falta de participación. Además, se reportaron diversos problemas técnicos que causaron colas y demoras durante la votación. No se conocen informes de auditoría de los resultados, y aunque hay acceso al código fuente del software, los expertos coinciden en que esto no es suficiente para asegurar la ausencia de adulteraciones durante el acto eleccionario. Sin embargo, el optimismo frente al voto electrónico no se esfuma del todo en nuestro país. La Intendencia de Montevideo también consideró implementarlo este año en el Presupuesto Participativo, iniciativa que no prosperó por cuestionamientos desde los Concejos Vecinales. Debemos entonces mirar cómo se desarrolla el debate y la experiencia del voto electrónico en el mundo, sabiendo que de ninguna manera existe una tendencia imparable hacia elecciones mediadas por computadoras. El voto es un acto individual sobre el que no deben pesar poderes ajenos que lo condicionen ni alteraciones que lo vulneren. Si así fuera, se afectarían los derechos civiles y políticos de la ciudadanía consagrados en los principales tratados de derechos humanos. Por esta razón el voto en los países considerados democráticos es secreto y se dan ciertas garantías para que todos los votos se cuenten y sean tratados de la misma manera, sin adulteraciones. No es trivial el cuidado de estas garantías, y por eso es que en cada elección hay muchos mecanismos de fiscalización: la participación de delegados de todos los partidos en pugna, la conformación de autoridades electorales con base ciudadana, la participación de observadores internacionales y el despliegue de operativos de seguridad. Estos controles y garantías implican recursos económicos, técnicos y humanos, necesarios para que un acto tan serio y trascendente se realice en las mejores condiciones posibles. Toda la evidencia indica que el voto electrónico no puede garantizar dichas condiciones, necesarias para que las personas dejen plasmada su decisión individual, definiendo entre todas el destino político de su comunidad.