En la primera actividad del ciclo de mesas redondas denominado “Atardeceres canarios”, en Atlántida, organizado por la Intendencia de Canelones, se trató el tema de la seguridad como un derecho humano. Participaron el titular del Ministerio del Interior (MI), Eduardo Bonomi, el intendente canario, Yamandú Orsi, y el jefe de Policía departamental, inspector mayor retirado Ricardo Pérez.
El ingeniero Federico Laca, asesor del MI, presentó el nuevo sistema de video vigilancia que esa cartera desplegará en el departamento.
Bonomi habló del concepto que fundamenta la nueva ley orgánica policial y que impulsa el MI. Éste propone que “la seguridad, además de ser un derecho humano, es la condición para que se cumplan los demás derechos humanos”. “En ese concepto de seguridad de los habitantes, la Policía es una fuerza civil que está para proteger a las personas y permitir su vida y desarrollo personal. Está al servicio del Estado de Derecho”, insistió el ministro, que fue describiendo los cometidos de la fuerza, punto por punto. Sin embargo, advirtió que aún hay policías “que tienen un comportamiento diametralmente opuesto” al concepto que guía la nueva ley orgánica. Bonomi dijo que en la Policía es donde “más claro se establece que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”, y que se trata de una fuerza civil pública de carácter nacional y profesional, que se rige por la más estricta disciplina.
Luego el ministro expresó que el cambio del concepto de seguridad del Estado por el de seguridad de los ciudadanos generó mucha resistencia en la Policía. Se refirió a los cambios “modelo” que se vienen llevando adelante en Montevideo, y expresó que hay una “nueva delincuencia” con la que no se puede negociar. “No negocian ni entre ellos. Sos vos o yo, y se matan. No hay negociación posible y hay que crear otra Policía”, agregó.
El “modelo” de Montevideo, que está dividido en cuatro zonas operacionales, se está extendiendo a toda el área metropolitana y a Maldonado. “Hay una tendencia a la baja de los delitos en Montevideo. Pero en Montevideo ocurre 49% de los delitos contra la propiedad y 81% de todas las rapiñas del país. Cambiar la tendencia en Montevideo y en la zona metropolitana es cambiar la tendencia de todo problema”, afirmó.
“Hay cinco barrios donde se produce la mayor cantidad de rapiñas y homicidios, donde vive la gente humilde, gente que trabaja. Si no caracterizamos el problema no lo resolvemos, y hoy el problema no es igual en todos lados: está localizado y es [en esos lugares] donde hay que actuar”, explicó.
Para el ministro, “hay ingenuos en la izquierda y en la derecha”. Criticó a los de izquierda que “dicen que ante este tipo de crecimiento no hay que dedicarse a las políticas policiales, sino a las políticas sociales”, y contó el caso de dos “muchachos” que entraron en una casa en la que había tres hombres, a “matar a uno”, que estaba con un niño, y mataron al niño y a los otros dos pero no al que iban a matar. “No se detuvieron ante nada. Iban por uno y les tiraron a los cuatro. Las políticas sociales no son para contener a éstos. La única [opción] es que vayan presos y que, como tales, tengan políticas de rehabilitación. Las políticas sociales no paran esto; son para quienes no empezaron en el delito. [Manejarse] sólo con políticas sociales es una ingenuidad”, dijo Bonomi. Por otro lado, también criticó a los que creen que la solución es “la vieja mano dura”. “Hay que combinar una fuerte acción policial con políticas sociales, educativas, asistenciales”, concluyó.
Uno de los temas por los que Bonomi y Pérez fueron abordados por la prensa fue el reciente asesinato de dos ciudadanos paraguayos en Solymar, cuando viajaban en su automóvil, situación que derivó en la muerte de una joven uruguaya que fue atropellada por el vehículo en el que circulaban.
Bonomi dijo que se trató de un delito que es parte del “conflicto entre delincuentes” y que lo único que podría diferenciarlo de casos similares “es que puede ser algo realizado en Uruguay pero decidido en otro lado”. “Hemos planteado que estamos ante conflictos entre delincuentes; si se trata de narcos o de rapiñeros, o cometen distintos tipos de delitos, no lo hemos definido”, agregó. El ministro explicó que el aumento de los homicidios y las rapiñas registrado el año pasado generó que se solicitara un presupuesto que permita “enfrentar eso”. El MI pidió 1.000 policías más, carros blindados, otros tipos de vehículos como 4x4 para algunas zonas, mayor armamento, más cámaras, y “todo fue aprobado”, dijo Bonomi. “Ahora resta comenzar a utilizarlo. Se necesitan ingresos, licitaciones, pero estamos en marcha, así que rápidamente se va a mejorar la situación”, agregó.