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Danilo Astori y Tabaré Aguerre, ayer, en el Senado. Foto: Santiago Mazzarovich

Buscando cabezas

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Aguerre invitó a legisladores de la oposición a ir de misión a Venezuela a “aclarar” deuda con sector lácteo.

Acusados de “estafadores”, de tener “voluntad de ocultar información” y hasta de “timberos”, los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas, Tabaré Aguerre y Danilo Astori, fueron llamados por el diputado nacionalista Alejo Umpiérrez a comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento y explicar el acuerdo alcanzado entre el presidente Tabaré Vázquez y su par venezolano, Nicolás Maduro, en el marco del cual el país caribeño le adeuda 66 millones de dólares al sector lácteo. “No buscamos cabezas, queremos soluciones”, estableció desde un principio Umpiérrez y, sin embargo, arremetió duramente contra los convocados y sus asesores.

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La comparecencia comenzó pocos minutos antes de las 10.00, y podría decirse que arrancó por la negativa. “No voy a cuestionar el comercio con Venezuela, ni a escuchar la historia de su evolución. Tampoco vengo a hablar de la crisis del sector lácteo, ni del incremento de sus exportaciones, ni de lo que ha sido un sector de excelentes resultados, con un fuerte aumento de productividad en los últimos años. No vengo a hablar de todo eso, ni tampoco de ideología. Poco me importa eso; el comercio es el comercio”, estableció Umpiérrez mientras intentaba dar cuenta de sus intenciones en el llamado a sala.

Mediante un ejercicio retrospectivo, en el que repasó cada hecho relevante, desde su punto de vista, para entender la génesis y posterior “fracaso” del acuerdo, afirmó: “Acá no se defendió el interés nacional”. También señaló tres puntos que demostraría en el correr de su exposición: “Que el dinero [del fideicomiso] debía haber quedado en Uruguay y que el gobierno debía velar por ello; que contrario a lo que el gobierno dice, el acuerdo con Venezuela no era un acuerdo entre privados; y que el fideicomiso que no apareció fue una renuncia a la defensa del interés nacional”.

Mística jurídica

“El acuerdo dice que es obligación del gobierno uruguayo depositar el dinero de la cancelación de la deuda de ANCAP con Petróleos de Venezuela (PDVSA) en un fideicomiso que asegure el pago a los productores”. Para Umpiérrez, “no hay dos lecturas”. “Yo soy abogado y pensé que capaz que estaba obsesionado queriendo ver lo que no veo, en una suerte de mística jurídica, pero lo chequeé con colegas y todos me dijeron lo mismo: ‘Alejo, no cabe duda’”, afirmó.

Según decía el contrato firmado entre Vázquez y Maduro, el 17 de julio del año pasado, durante un encuentro de presidentes del Mercosur en Brasilia, “parte de la fuente de financiamiento de este negocio se realizará a partir del pago inicial de ANCAP a PDVSA”, leyó el diputado blanco, indignado porque “nadie dio señales de que el dinero ya no estaba en el país”, considerando “ese ocultamiento” como “un capítulo más de la estafa”.

Pero esto no era tan literal, según explicó Astori. “La obligación del ministerio era poner los recursos a disposición de PDVSA. No le podíamos decir al acreedor ‘vamos a administrar los recursos de ustedes’ porque si le poníamos condiciones a PDVSA, marchábamos con el acuerdo”.

“Son dos operaciones separadas y distintas” explicó, “más allá de que luego se hubieran articulado”. También señaló que el gobierno tenía como prioridad cerrar el acuerdo entre las petroleras -“sí o sí”-, ya que el objetivo era mejorar la situación de ANCAP “y vaya que sí la mejoró”, afirmó.

“Por los caños”

“Nos pasaron la pelota por los caños y abrimos las piernas”, expresó Umpiérrez sobre el hecho de que Uruguay no fuera “parte” en el fideicomiso. “O sea, Venezuela arregla entre sí mismo y Uruguay lo mira desde afuera”, dijo sobre su “tercera demostración”, que el fideicomiso fue “una renuncia al interés nacional”.

“Venezuela nos ha faltado el respeto. Nos jugó una mala pasada un gobierno amigo. Se llevaron un dinero que correspondía a un compromiso, y se lo llevaron porque se lo dejaron llevar”, sostuvo, acusando a Astori de “actuar de acuerdo a los valores de la timba” y metiéndonos, así, en “un aprieto”.

“No se puede decir que no hemos defendido el interés nacional”, respondió Astori, quien indicó que “el tema no ha terminado”, sino que “lo estamos trabajando y profundizando con elementos nuevos”.

Aguerre también se enfrentó al diputado blanco en este punto. “Me acusó de no defender el interés nacional y de no defender a los productores, y en eso no le doy la derecha a nadie. Como afortunadamente me llevo bien con los productores mi teléfono está abierto y además soy medio esponja para los problemas, estuve siete meses recibiendo los reclamos de que Venezuela no compraba”, se justificó, agregando que “nadie va a escuchar jamás que yo me arrepienta de haber hecho lo que hice, de conducir un equipo a esta negociación”.

Las partes del acuerdo

“Cuando las papas empezaron a quemar, hubo voces en el gobierno que decían que esto era un acuerdo entre privados”, afirmó Umpiérrez, negando insistentemente que fuera “una loca idea de algunos empresarios con espíritu kamikaze que fueron a vender sus productos a una zona de peligro”.

“Vamos, vamos…” arengó, “todos sabemos lo que es la política: la lógica en cualquier parte del mundo es ‘los presidentes deciden, y luego las delegaciones ministeriales negocian’”.

Ante esto, Aguerre le aseguró que los negocios con Venezuela los hacían privados y que el gobierno sólo brindaba “un marco” para éstos. De hecho, puntualizó que no sólo no conoció hasta después de firmados algunos contratos entre las empresas venezolanas y uruguayas, sino que también se percató de algunos riesgos que las locales asumirían y les advirtió al respecto.

“En algunas de las conversaciones que mantuve con el presidente de Conaprole, me dijo ‘lo importante es vender. Recuperemos el flujo, las condiciones después las vemos’”, contó Aguerre. “Yo soy consciente de que tengo la responsabilidad política de conducir esto, pero esto se construyó en conjunto y en todo momento participaron los exportadores. Puede ser que un productor o un dirigente de una gremial no sepa qué pasó, pero los exportadores fueron los que pasaron días y días en Venezuela negociando y acordando lo que finalmente firmaron”.

*Adjetivos y vehemencias *

Umpiérrez señaló que con este pacto “el gobierno estafó a los productores y a la oposición”, “insulto” que tanto Aguerre como Astori rechazaron categóricamente.

El ministro de Economía cuestionó que Umpiérrez haya “tomado posición” y “adjetivado” sobre “todos los puntos importantes” que llevaron a este proceso: “Discrepo prácticamente con todo lo que ha dicho”, afirmó. Por su parte, también Aguerre le cuestionó a Umpiérrez sus “alusiones personales” y “alzas del tono de voz vehemente”.

“No podemos aceptar que diga que acá hubo una estafa. Estafa es actuar por el daño y no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer”, afirmó Astori. Aguerre complementó que sabía que “no era un camino libre de riesgo” pero también que “no se equivoca el que no hace”.

Después de un agresivo intercambio entre legisladores, la jornada finalizó con algunos punteos. “No se cumplió el convenio”, reconoció Aguerre, “pero tampoco está todo fracasado”. “Estamos viendo con el Ministerio de Relaciones Exteriores si esto puede tener algún valor en el futuro”, anunció, al tiempo que invitó a los legisladores de la oposición a sumarse a una misión al país caribeño.

Umpiérrez, insatisfecho con las explicaciones de los ministros, soltó que “si hubo plata para Pluna, ahora tiene que haber 93 millones de dólares para salvar la lechería”. “Me voy decepcionado, esperaba algún grado de autocrítica, pero la tozudez con que se actúa rechina con la inteligencia de los ministros que tengo delante”, espetó, mientras Aguerre se sonreía, concluyendo que “no obtuvimos respuestas”.

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