La primera parte de este capítulo tendrá lugar el jueves 18 de febrero, cuando la Comisión Permanente del Parlamento reciba a los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. El diputado nacionalista Alejo Umpiérrez será el encargado de interrogar a los ministros sobre los negocios que el gobierno llevó adelante con Venezuela, enfocándose en particular en la “desaparición” de los 267 millones de dólares que ANCAP utilizó para pagarle la deuda a la petrolera estatal venezolana PDVSA, que debían ser depositados para conformar un fideicomiso en la sede local del banco Bandes, sirviendo como garantía para que los productores lácteos uruguayos pudieran cobrar tras la venta de sus productos alimenticios al país caribeño.
Ese dinero, sin embargo, fue girado al China Bank City, para enojo de los productores, que no pudieron cobrar sus ventas. Umpiérrez recordó que cuando se votó la condonación de la deuda, la oposición propuso sin éxito agregar un artículo que dispusiera que lo ahorrado por el acuerdo se destinara a pagar a los exportadores uruguayos las ventas por entonces no cobradas, de unos 70 millones de dólares en aquel entonces. “El gobierno se había comprometido públicamente a que ese dinero era para los productores y se quedaría en Uruguay, y ahora tiene que dar respuesta de cuál fue la razón jurídica, política o económica que hizo cambiar el destino del dinero. Este espíritu estaba en la fundamentación del proyecto. Ahora estamos pidiendo el contrato del fideicomiso desde el 9 de diciembre; ya, a esta altura, uno termina dudando de su existencia”, manifestó Umpiérrez.
El diputado oficialista Gonzalo Mujica (Asamblea Uruguay) sostuvo que si bien es cierto que los productores no han cobrado todo, lo que respalda su “inquietud”, también añadió que las ventas se hicieron a precios de alrededor de 1.000 dólares por encima de los precios internacionales por tonelada, lo que en los hechos implicaba un riesgo a la hora de aceptar el negocio. Respecto del fideicomiso, dijo que una vez que se hace el pago inicial a Venezuela “el dinero es de ellos”, y por tanto tienen derecho a decidir dónde quieren recibirlo. En tanto, su par José Querejeta (Compromiso Frenteamplista) afirmó que en esta coyuntura la actitud de la oposición “no colabora” y que la mejor forma de contribuir a solucionar el problema es “tener un diálogo serio y responsable con cancillería, el Ministerio de Ganadería y Presidencia, para ver en qué se puede ayudar y cómo vienen las negociaciones con Venezuela, porque lo que es clave para Uruguay es poder seguir vendiéndole a Venezuela. No podemos perder mercados”. Según Querejeta, como con cualquier comprador que tiene problemas, hay que “seguir vendiendo y negociando para cobrar”. Entre otras eventuales soluciones, aventuró que el Estado uruguayo puede hacerse cargo de parte de los pagos mientras Venezuela abona lo que debe.
El corazón de la investigadora
Pero el principal argumento que maneja el PN para conformar una nueva comisión investigadora sobre el tema es la designación de la empresa Aire Fresco (que paradójicamente tiene el mismo nombre que el sector político de Luis Lacalle Pou) en 2011, en un convenio firmado entre los gobiernos de ambos países, como intermediaria entre las exportaciones de Uruguay al país caribeño. El diputado Jaime Trobo dijo en una entrevista a En perspectiva en enero que esta empresa es dirigida por “dos amigos de José Mujica” (en referencia a Carlos Decia y Omar Alaniz, vinculados al MPP), que es “monopólica” en la medida en que es la “única que puede presentar negocios en Venezuela”, y que cobra unas tasas de 3% de lo que se exporta allí. “El que no habla con el intermediario no vende ni cobra. Ese intermediario es el que tiene lobby para cobrar las cuentas de los exportadores uruguayos”, añadió. Además, aseguró Trobo, el MPP tiene “vinculación política y eventualmente económica” con esta empresa. Para comprobar eso, tiene pruebas que pondrá “arriba de la mesa cuando corresponda”, según afirmó. Umpiérrez profundizó sobre los dichos de su compañero de bancada: “La hipótesis que tenemos nosotros es que esto ha sido utilizado como una herramienta de financiación del MPP”.
Desde el FA se cuestionan las denuncias de los nacionalistas. Querejeta dijo que si los blancos tienen pruebas concretas, que hagan una denuncia penal, ya que “es lo que corresponde”. En tanto, Gonzalo Mujica sostuvo que hay algunas “inexactitudes”: “Aire Fresco no es el único intermediario con Venezuela, y se han hecho muchos negocios sin intermediación. Ha sido intermediaria solamente en los negocios del arroz”.
Trobo, en tanto, manifestó su derecho a “reservar” sus pruebas y presentarlas en la oportunidad que decida, y dijo que su sector político, Todos hacia Adelante, optará por el camino de una comisión investigadora parlamentaria antes que una denuncia penal. “Las comisiones investigadoras no necesariamente tienen que terminar en una denuncia penal, y tienen un componente importante de la opinión pública, algo que es necesario para la salud de la democracia”.
Para llevar a cabo una investigación, la oposición necesitará votos del FA. En Alianza Nacional, el otro sector del PN, el tema no se ha estudiado, pero legisladores del bloque expresaron que hay buena voluntad para llevar adelante una iniciativa de éstas. El diputado colorado Conrado Rodríguez opinó que este tipo de investigaciones son “positivas”, y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, ya hizo pública su opinión favorable a una investigadora por este tema.
Desde el FA hay perspectivas diferentes. Gonzalo Mujica sostuvo que propondrá votar la investigadora “si lo que se presenta son dudas fundadas y serias”, aunque recalcó que no está dispuesto a votar “circos políticos”. Según dijo, su posición final será la que asuma la bancada oficialista. En tanto, Querejeta opinó que el PN “está en campaña y hace un circo político en todos los temas”.