El sábado de tarde se produjo una fuga del centro Rifleros del recientemente creado Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), ex Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), ubicado en General Flores y Chimborazo. Se trata de un joven mayor de edad que se encontraba internado cumpliendo medidas privativas de libertad y que cortó varios barrotes de la reja del techo de su celda, para luego fugarse del establecimiento.
Gabriela Fulco, que presidía la Comisión Delegada del ex Sirpa y ahora encabeza el proceso de transición que está constituyendo el INISA, dijo a la diaria que esta fuga “llama la atención” por haber ocurrido en un centro “chico”, “de seguridad”, que sólo tiene siete internos y por “la forma y el modo en que esa persona logró salir”. “Hay una investigación de urgencia en curso; suponemos que va a arrojar información sobre cómo sucedieron los hechos y que seguramente llevará a responsabilidades funcionales. Es muy difícil que no sea así, teniendo en cuenta las características de ese centro”, opinó Fulco. La jerarca mencionó que el fugado debió estar un tiempo considerable trepado a la reja del techo para poder cortarla de la manera en que lo hizo, y señaló que en enero se produjo una fuga de similares características en el mismo centro.
Consultada sobre las declaraciones que el dirigente del Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU) Víctor Mango realizó a Montevideo Portal, en las que afirmó que se produjeron diversos incidentes en otros centros, Fulco reconoció una “sucesión” que debe “analizarse” en sus causas.
Mango dijo que hubo “muchos compañeros lesionados en estos meses” y que “está siendo muy difícil trabajar” en esas condiciones. El SUINAU pedirá una reunión formal con los representantes del INAU, ya que a los trabajadores les “preocupa mucho esta situación, sobre todo la del Sirpa”.
Según pudo saber la diaria de otras fuentes, a las autoridades les preocupa que la transición entre el Sirpa y el INISA se desarrolle de la mejor manera. La ley aprobada establece que la nueva institución es un servicio descentralizado que se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y que sustituirá al órgano desconcentrado del INAU, denominado Sirpa, “una vez designados los miembros del Directorio”.
Los tres directores deben ser designados por el Poder Ejecutivo, con venia del Parlamento, y es probable que en los próximos días ingresen las solicitudes de venias. Es de prever que el Poder Ejecutivo mantenga a los dos integrantes de la Comisión Delegada del ex Sirpa, Fulco y Eduardo Katz, y que el tercer designado sea un técnico del Partido Nacional (PN), tal como acordó la oposición con el presidente Tabaré Vázquez. Fuentes del PN confirmaron que el propuesto será el ex edil Álvaro Viviano (lista 250, de Alianza Nacional).
Pero además de estas designaciones, la ley que creó el INISA dice que el nuevo servicio descentralizado “tendrá el personal que establezca el Poder Ejecutivo” y que, dentro de los 150 días de entrada en vigencia de la norma, éste definirá “el personal que pertenecerá al Instituto que se crea, proveniente de su separación” con el INAU. “Las designaciones de personal [...] se realizarán en estricta atención al perfil adecuado a los objetivos y cometidos de la presente ley, y acorde al cargo y tarea a desempeñar en el instituto”, agrega la ley. Y establece que “los aspirantes a ocupar cargos profesionales, técnicos, especializados, docentes, administrativos y auxiliares de servicio, deberán acreditar las competencias específicas en cuanto a formación profesional y experiencia en el desempeño del cargo”, al tiempo que señala que el “desempeño profesional y el equilibrio psicofísico del personal en atención directa de los adolescentes se evaluará anualmente como requisito ineludible”.
Estas nuevas definiciones implican que no todo el personal que hoy se desempeña en el Sirpa tenga garantizado su pasaje al INISA.
Fulco opinó que la ley “va a traer grandes cambios”, sobre todo porque el INISA “tendrá personal formado, capacitado o con formación acreditada para desempeñar la tarea”. “Trabajar con la privación de libertad de adolescentes de 15 a 18 años es una tarea que requiere gran especialización y mucha sensibilidad”, afirmó.