Hoy se presentará un escrito en el que se adjuntan pruebas a la denuncia penal presentada por más de 140 vecinos de La Pedrera por “desacato a un mandato judicial” contra “el responsable jurídico de la Intendencia Departamental de Rocha” (IDR) y los responsables de varios boliches bailables del balneario. Pablo Correa, abogado de los denunciantes, informó a la diaria que se trata de aportar más pruebas de que los boliches denunciados continuaron organizando bailes pese a la decisión de la Justicia civil, que ordenó “el cese inmediato” de esas actividades.
Sobre fines de enero, Correa y un grupo de vecinos presentaron una acción de amparo contra la IDR y los boliches Paullier y Guaná y Monkey (que funcionan en el Club Social La Pedrera), y Chili, Charly y La Negra Bar para que estos locales dejaran de funcionar como bailes. Correa explicó que aunque la normativa departamental indica que “no pueden funcionar locales bailables en La Pedrera, estos locales organizaron bailes bajo la autorización de restopubs”, por lo que la Justicia resolvió el cese de las actividades bailables y estableció que el incumplimiento de la decisión “sería considerado desacato”.
Salvo la IDR, los demás denunciados apelaron la decisión, recurso que no tiene efecto suspensivo, pero la Justicia no hizo lugar a la petición. Según Correa, el recurso fue “muy sui generis”, porque fue presentado por “tres abogados distintos que representaban a tres personas distintas, pero los tres utilizaron el mismo escrito, sin cambiar ni una coma”.
Los vecinos que acompañan la denuncia afirman que se continuaron organizando actividades bailables en todos los boliches, lo que representa para Correa un “incumplimiento del mandato judicial”. El abogado explicó que el proceso, a cargo del juzgado letrado de Rocha de 2º Turno, debería continuar, luego del escrito que se adjuntará hoy, con “la audiencia de ratificación” y que posteriormente se debería “citar a los denunciados”, es decir, a los “representantes de la IDR y de los locales bailables”. Afirmó que “seguramente” sea citado el intendente frenteamplista Aníbal Pereyra. “El representante natural de la intendencia es el intendente, pero si éste demuestra que ordenó dar cumplimiento a la decisión de impedir el funcionamiento de los locales bailables, la Justicia seguirá investigando hacia abajo hasta llegar a quién incumplió la orden”, explicó. “Los locales que estaban autorizados a funcionar como restopubs no podían funcionar como locales bailables. Se le ordenó a la intendencia y se ofició al Ministerio del Interior y a Prefectura Nacional Naval para que le dieran apoyo a la intendencia a la hora de hacer las clausuras, todo bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato. Todo eso se notificó tanto a la comuna como a los locales bailables el mismo día de la decisión”, dijo Correa. El representante legal aseguró además que la IDR fue a controlar el sonido de los espectáculos, pero no procedió a hacer cumplir la orden judicial.
También serán citados los responsables de los boliches, que según Correa “todavía no se sabe bien quiénes son”. Varios de estos locales son boliches de Montevideo que instalan una sucursal en el balneario durante la temporada. El abogado dijo que la apelación de la decisión judicial fue “un ardid tendiente a poder organizar bailes durante el carnaval de La Pedrera, pero se equivocaron porque el propio juez les advirtió y les notificó, previo a la fiesta, de que los recursos no interrumpen la medida y que no podían funcionar como locales bailables”. Añadió que basta con visitar las publicaciones en Facebook de los boliches para verificar que ninguno acató la decisión judicial. “Lo que nos pidió la Justicia es que aclaráramos cuáles habían abierto y cuáles no, y en realidad abrieron todos. Alguno no abrió el viernes y sí lo hizo el sábado, el domingo y el lunes, mientras que otros no abrieron el lunes pero sí el fin de semana; pero todos incumplieron la orden judicial”, expresó en referencia al feriado de carnaval.
Más allá de que la mayoría de los vecinos denunciantes se quejan por los ruidos molestos durante toda la noche y hasta las primeras horas de la mañana, hay otros aspectos “peligrosos” que inspiraron la iniciativa patrocinada por Correa. El abogado explicó que hubo noches en que estos boliches albergaron a 2.000 o 3.000 personas cada uno, cuando tienen “un solo baño para mujeres y un solo baño para hombres”. “¿Adónde van todas esas aguas servidas? Porque no hay saneamiento. Además, no es lo mismo la habilitación para un local bailable que para un restopub. Un local bailable tiene que tener determinadas condiciones de seguridad, vías de escape, una habilitación de Bomberos distinta. Si esto no se controla, podemos estar llamados a tener un nuevo Cromañón”, advirtió el abogado, en alusión a la tragedia ocurrida en una discoteca de Buenos Aires en 2004.
Finalmente, Correa explicó que la denuncia no busca “impedir a este gente que trabaje”. “Lo que se busca es que la intendencia lo regule junto con los vecinos, que se forme una comisión, que se pongan todos de acuerdo: la intendencia, la gente que vive de los locales nocturnos y los vecinos. Condiciones y tierras hay, lo que no se ha visto es que haya voluntad de la intendencia”, afirmó.
Todo bajo control
Pereyra aclaró que después de la presentación de la acción de amparo, los vecinos denunciantes, la IDR y la Justicia firmaron un compromiso para cumplir “en todos sus términos la ordenanza de restopubs”, que establece “en qué marco deben funcionar” específicamente en Rocha, y agregó que la IDR “acató” esa norma y la decisión judicial. “A partir de la resolución judicial, tenemos registrado el nivel de decibeles autorizado con mediciones cada media hora. Tenemos la habilitación de Bomberos que establece la cantidad de personas que puede ingresar a cada local y el registro, día a día, de la cantidad de personas que ingresaron, incluso con fotografías. Cumplimos con la ordenanza y tenemos todos los elementos para demostrarlo”, informó Pereyra.
El intendente afirmó que en una “especie de contradicción inexplicable”, hay vecinos de La Pedrera que “no quieren” que se siga haciendo el carnaval de ese balneario, pero que la IDR “no está a favor ni en contra de nadie” y debe seguir asegurando “el desarrollo turístico” de todos los balnearios de Rocha. “Durante el carnaval, La Pedrera tiene una marca propia, que fue creada por los propios vecinos, y es muy difícil quitársela”, afirmó. Pereyra destacó, por ejemplo, el valor que hoy tienen las propiedades, que aumentó a partir de la popularidad de su fiesta de carnaval. Contó que este año un equipo de Discovery Channel grabó un programa especial sobre “esta fiesta”, y resaltó el éxito del operativo de seguridad que mejora cada año. “Los que inventaron el carnaval pudieron disfrutarlo; pero como ahora son otros, no lo pueden hacer. Es una contradicción complicada. Pero el intendente va a ir a asumir el supuesto desacato, que no es ningún desacato. Esto es un juicio contra el intendente, y si tengo que ir preso por esto, lo voy a hacer con mucho gusto. Estoy defendiendo la propuesta turística del conjunto del departamento. Gobernamos para el conjunto de la sociedad, no para el que grite más fuerte. No son los propietarios ni los dueños de los boliches los que determinan las normas de convivencia de una sociedad o qué hacer con los bienes comunes, están muy equivocados: es el gobierno departamental que eligió la gente”, concluyó.