Desde el año pasado, tenemos en Uruguay un Parlamento más expresivo en términos de fe religiosa. El pacato y supuestamente homogéneo Uruguay laico se ha visto sorprendido por una mãe umbandista diputada suplente, varios católicos practicantes -entre ellos un catequista diputado socialista- y una senadora nacionalista judía conversa. Pero quizás lo más llamativo en la escena político-religiosa uruguaya de 2015 haya sido la demostración pública de un grupo de 16 políticos evangélicos conservadores fundamentalistas que junto a 17 líderes y pastores realizaron una ceremonia de consagración, firmando un pacto recíproco por el que se comprometen a “acatar los dictados de sus conciencias informados por la Palabra de Dios, por encima de toda lealtad personal o partidaria”. Entre los consagrados se encontraban dos diputados suplentes y tres diputados titulares del Partido Nacional: Gerardo Amarilla, Álvaro Dastugue y Benjamín Irazabal (http://ladiaria.com.uy/articulo/2015/8/mucho-mas-que-dos/).
Aunque el diputado Amarilla recibió críticas por su condición religiosa, a partir del 1º de marzo de 2016 la Cámara de Representantes será presidida por un legislador perteneciente a la iglesia evangélica bautista, al Instituto Jurídico Cristiano y al grupo Parlamento y Fe, entre otras organizaciones provida y profamilia. Amarilla es diputado a partir del período pasado siendo el primer diputado evangélico fundamentalista en la historia del Parlamento uruguayo. Al igual que su homólogo brasileño Eduardo Cunha, desde el comienzo de su actividad ha tenido posturas contra el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana y la ley de salud sexual y reproductiva.
Desde su tradición fundamentalista, Amarilla hace una lectura lineal del texto sagrado cristiano que entra en contradicción con algunas leyes vigentes de la así llamada “nueva agenda de derechos” en Uruguay. Aunque en el campo de la teología cristiana, desde hace varias décadas existen lecturas contextuales que apuntan a la inclusión y a la dignidad humana en su más amplia expresión, recientemente el diputado, en una entrevista en la radio El Espectador, propuso la desobediencia civil como forma de protesta contra leyes que van contra la “palabra de Dios”. Para su argumentación tomó varios ejemplos de cristianos evangélicos -de corte liberacionista y no fundamentalista- como Nelson Mandela o Martin Luther King.
En este punto, cabe aclarar que la práctica de la desobediencia civil es una herramienta de protesta política pacífica, mediante la cual, a través de la transgresión o no cumplimiento consciente de leyes o normas consideradas injustas, se comete un acto ilegal que conlleva una sanción. Es conocido el poderoso impacto social y político de esta forma de protesta y búsqueda de cambio cuando fue usada por personas de fe y defensoras de los derechos humanos en contextos donde un Estado opresor, generalmente no democrático, impartió leyes de exclusión, que violentan derechos o son injustas hacia algún grupo o colectivo étnico o social.
En el contexto de nuestro país, las tres leyes contra las que Amarilla y otros diputados evangélicos fundamentalistas pretenderían aplicar la desobediencia civil buscan generar derechos, puesto que la comunidad LGTB, las mujeres y los consumidores de cannabis han sido criminalizados y excluidos durante décadas. El diputado evangélico plantea que frente a las leyes que él considera contrarias a la “palabra de Dios”, estaría dispuesto a atenerse a las consecuencias de su no cumplimiento. Pero la desobediencia civil no es un recurso en contra de leyes vigentes que garantizan derechos, sino la posibilidad de profundizar la búsqueda de la equidad y la libertad.