El homicidio de dos ciudadanos paraguayos en Solymar, acribillados a balazos desde un auto, y que la Policía adjudica, en principio, a un “conflicto criminal”, reavivó el debate sobre este tipo de crímenes. En este caso, además, murió una joven uruguaya de 16 años, atropellada por el vehículo en el que se desplazaban los tiroteados. En declaraciones públicas realizadas ayer, el senador suplente del Frente Amplio Rafael Paternain (Casa Grande), sociólogo y ex director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, cuestionó la estrategia de “guerra contra las drogas”, opinó que el desafío actual “es controlar y reducir los niveles de violencia extrema” y propuso “revisar las bases conceptuales y prácticas de la política de seguridad”, priorizando “una estrategia de desarme civil”, apoyando “sin claudicaciones los nuevos rumbos en materia de legalización y regulación de las drogas” y apostando “a una coordinación institucional que haga de la prevención el centro del esfuerzo”.
El sociólogo expresó que hace cuatro años, en enero de 2012, los homicidios “tuvieron un empuje inquietante” y muchos creyeron “con ingenuidad” que se estaba “ante un aumento coyuntural”. Sin embargo, con el paso del tiempo “esa tendencia se consolidó por muchas razones que todavía no han sido clarificadas con evidencia confiable”, agregó. Haciendo referencia a la comparecencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a la Comisión Permanente el jueves 4, en la que el jerarca adjudicó el aumento de los homicidios en 2015 (7,8% más que en 2014) a los ajustes de cuentas entre delincuentes, Paternain coincidió en que “una parte de ese empuje obedeció” a ese tipo de crímenes. “Narcotráfico, delito organizado y fuerte anclaje en territorios marcados por la marginalidad. Hoy se insiste en que la gran mayoría de los homicidios se concentra en un puñado de barrios, sin señalar que esta tendencia ya viene de lejos”, añadió.
El sociólogo opinó que “más allá de la profundidad de las causas” del aumento de los homicidios, “hay que insistir sobre lo que casi siempre se omite: no hay posibilidad de expansión del delito organizado sin fuertes complicidades institucionales, pues, si bien la violencia se concentra en territorios pobres, los hilos que sostienen la trama se producen en espacios de poder”. “Más aun: las políticas de seguridad basadas en la 'guerra contra las drogas', la 'tolerancia cero', el combate al delito y el populismo punitivo' son multiplicadoras de los problemas y las violencias. ¿Alguien puede señalar de forma inequívoca que, por ejemplo, las estrategias de control del microtráfico no generan más violencia extrema?”, expresó después.
Para Paternain, mientras “las derechas aprovechan los momentos y en el espacio mediático” se instala “un clima de terror incontrolable, ciertos periodistas 'neutros' -muchos de ellos parte de una estrategia de inteligencia- apuestan a la deslegitimación y asustan con la posibilidad de llegar a ser, en breve, México o Colombia”, pero “lo que unos y otros reclaman son las mismas políticas que se han venido aplicando hace décadas en el Uruguay y en toda la región”, cuyos “resultados están a la vista”.
Agregó que “tampoco es casualidad que jerarcas policiales responsabilicen públicamente a las políticas de regulación del canabbis de las dificultades actuales y a futuro”, y que el “paradigma de la guerra a las drogas” ha vivido “de sus propios fracasos, y en esa lógica perversa fuertes poderes corporativos se fortalecen”. “Lo que hemos transitado hasta aquí nos lleva a un lugar exactamente opuesto al que queremos”, concluyó el senador suplente de Constanza Moreira.
Tráfico menor
La organización Proderechos coincide con Paternain. Sostiene que el narcotráfico no se mantiene con el microtráfico y que el combate a este último “lo que hace es culpabilizar a los que están en la etapa más baja de la cadena y los que tienen menor incidencia en un problema que es mucho más grande”. María Emilia Pérez, integrante de ese grupo, explicó además que se “hace una caza del microtráfico, se desatienden a veces problemas más generales, y eso hace que se reproduzcan las cadenas de desigualdad”. “Las personas que entran en el microtráfico ya están en situación de vulnerabilidad, se trata cada vez más de mujeres jefas de familia de hogares carenciados, que encuentran en eso la única alternativa económica”, añadió.
Proderechos considera que el castigo de este delito con penas de privación de libertad grandes no es la solución, y se pregunta si no habría que “optar por otras medidas” o reducir las penas, aplicándolas en proporción a la gravedad del delito o al daño que produzca. Pérez agregó que el microtráfico no está tipificado y que no hay diferencia “entre el tráfico menor, el mediano y el grande”. Además de que se pueda promover la tipificación del microtráfico como delito, proponen que se trabaje con los operadores judiciales para que se pueda establecer protocolos que determinen “qué es un delito de microtráfico, y que si uno porta 100 kilos de pasta base no sea considerado igual que alguien que porta dos 'lágrimas', que puede ser para consumo personal, y que le apliquen penas menores o penas no privativas de libertad”.