Un grupo de trabajadores de varios Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT), que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pero que son gestionados por diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), plantea que los cambios que desde esa cartera se introducirán a dicha herramienta “vulneran” sus derechos laborales y generan incertidumbre en relación con los nuevos términos contractuales. Según el grupo de los funcionarios, de un total de 232 trabajadores, unos 50 perderían sus puestos con los cambios, que si bien amplían los territorios de los SOCAT, al mismo tiempo reducirían 40 horas de trabajo en promedio por territorio. En diálogo con la diaria, una de las voceras del colectivo de trabajadores, Lucía Carreras, señaló que el convenio vigente entre el Mides y las OSC venció en diciembre y que recién en estos días las organizaciones recibieron la solicitud para prorrogarlo hasta el 31 de marzo, lo que implica que hay trabajadores que no han cobrado aún su salario de febrero, y que en abril podría repetirse esta situación. Como la idea del Mides es prorrogar el convenio hasta el 30 de junio mientras se realiza el nuevo llamado para comenzar a funcionar el 1 de julio con la reestructura, es posible que haya OSC que no vuelvan a obtener los mismos territorios. Según dijo Carreras, quienes se queden sin trabajo deberán realizar un juicio a las organizaciones que no tengan recursos para pagar los despidos (ya que el convenio no preveía dinero de despidos) y también al Estado, trámite que podría llevar varios años.
Carreras explicó que los funcionarios que reduzcan sus horas estarán bajo la modalidad de “despido parcial” y que también habrá quienes no podrán volver a trabajar en la nueva modalidad de convenio. Esto se debe a que la nueva licitación prohíbe que éstos trabajen en los SOCAT, lo que para Carreras es injusto para quienes, por ejemplo, trabajan 20 horas en la función pública y podrían tomar algunas horas más, sin superar las 44 semanales. Además, los trabajadores se quejan de que la nueva licitación también impide que se contrate a quienes estén bajo el régimen de unipersonal, algo que les parece “raro”, cuando en el Mides son varios los trabajadores que son contratados bajo esa modalidad. Carreras explicó que otra de las situaciones que “vulneran” sus derechos es que con el nuevo llamado, las OSC están obligadas a contratar a los funcionarios a término por un año, con un máximo de dos renovaciones, lo que no les daría derecho a reclamar una vez culminado el vínculo. Carreras señaló que si bien los trabajadores no se oponen a la licitación ni a la evaluación que el Mides realizó del dispositivo, señalan que pese a que si tienen que trabajar lo intentarán, no habrá “tiempo real humano” ni condiciones materiales para llevar adelante lo que se pretende desde el ministerio. En particular, lamentan que los fondos de las Mesas de Coordinación Zonal de los SOCAT para la concreción de proyectos y actividades en los barrios pasarán a ser un fondo concursable, por lo que dichos recursos no estarán asegurados. En un comunicado, los trabajadores sostienen que “el gobierno elige recortar por el lado de los trabajadores de base y la población más vulnerada”.