Es un librillo regordete, pero allí, en una edición de bolsillo de 145 páginas, están escritas las recomendaciones a la Policía Nacional sobre qué está bien y qué está mal decir cuando se comunican situaciones de violencia que involucran a niños, niñas y adolescentes. Pero no sólo eso, también se dice por qué. El “Protocolo de comunicación para la Policía frente a situaciones de violencia que involucren a niñas, niños y/o adolescentes” aborda la problemática desde las palabras que se utilizan para referirse a la violencia, y las concepciones erróneas (y acertadas) que existen sobre el tema.
Hay cifras, referencias a la “principal legislación” a tener en cuenta, un cuadro de términos adecuados e inadecuados, e incluso, un glosario. La finalidad primera es que los encargados de reprimir y prevenir los delitos sepan cómo comunicar sin revictimizar o vulnerar los derechos de esa población. La finalidad “última” es generar información de calidad sobre un tema “altamente sensible” y, a su vez, favorecer a la resolución no violenta de conflictos y promover la convivencia pacífica, así como sensibilizar a la ciudadanía para bajar los niveles de tolerancia que la sociedad ha desarrollado respecto a situaciones de violencia, explicó Paula Baleato, de la Agencia de Comunicación por la Infancia y la Adolescencia Voz y Vos, impulsora del Protocolo.
Baleato recordó que en 2013 realizaron una capacitación a 50 efectivos policiales del país, y que la siguiente iniciativa fue generar una herramienta que “colabore con la comunicación” para saber cómo y qué comunicar sobre hechos de violencia y evitar que “la propia acción comunicativa refuerce estereotipos y exclusiones, y vulnere derechos, como sucede muchas veces”. Con el apoyo de las Naciones Unidas para la Infancia, y en diálogo con el Ministerio del Interior (MI), Voz y Vos editó, en diciembre, el Protocolo para la Policía que será presentado públicamente el 23 de febrero a las 10.00 en la Dirección Nacional de Educación Policial. Después se realizarán dos jornadas de capacitación a las oficinas de Prensa y Relaciones Públicas de todas las Jefaturas de Policía del país, a la Oficina Nacional de Policía Comunitaria, y a la división Políticas de Género del MI.
De qué hablamos cuando hablamos
Se parte de la idea de que los medios masivos de comunicación juegan un papel “central” en la conformación del imaginario social. Se asegura que para la cobertura de noticias que refieren a hechos de violencia, los periodistas recurren a la información policial, y el vocero “se transforma en la pieza fundamental del relato que será brindado a la ciudadanía”. Por lo tanto, entienden que entre las diferentes responsabilidades de la Policía en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, “la vocería y comunicación de los hechos de violencia que los afectan es una tarea fundamental”. “El lenguaje y las formas que se utilizan construyen formas de entender e interpretar los hechos”; “Las palabras no son neutras: conllevan nuestras concepciones acerca de los acontecimientos que narramos”, se señala.
Desde ese lugar surgen algunas recomendaciones para comunicar. La primera, que atraviesa al Protocolo, es recordar que el ser niño no es ser “menos adulto” y que la niñez no es una etapa de preparación para la vida adulta. “La infancia y la adolescencia son formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida”. En ese sentido, se asegura que la histórica categorización como “incapaces” los colocó en una “situación de alta vulnerabilidad a las arbitrariedades y al sometimiento del mundo adulto”, considerándolos “objetos de tutela” de la familia a través de la patria potestad y de instituciones del Estado. Sin embargo, y a pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño suscrita por nuestro país y ratificada por ley en 1990 cambió “radicalmente” la condición jurídica del niño al considerarlo sujeto de derecho y al establecer, para todos los estados partes, la obligación de proteger sus derechos de forma integral y efectiva, aún hay violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, también se establece un capítulo para abordar la comunicación de los adolescentes en conflicto con la ley. Allí se señala que la prensa recurre a la Policía como fuente principal, “incluso más que frente a otros tipos de violencia como la familiar, sexual o institucional”, y que por eso es “muy importante” manejar criterios generales para comunicar estas situaciones: el enfoque debe estar en los derechos.
Los diez criterios que se establecen son usar los términos niño, niña y adolescente y no el adjetivo “menor” como sustantivo, “ya que refuerza estereotipos y es impreciso”. Utilizar un lenguaje adecuado, respetuoso de la integridad de la persona. Proteger la imagen y la identidad del niño, niña y adolescente, que implica no facilitar textos o imágenes que permitan la identificación de la víctima. También se pide evitar las imágenes del contexto inmediato y difusión de datos filiatorios o descripciones que puedan llevar a la individualización, y subrayan que nunca se debe utilizar el apodo. A su vez, se indica que el “interés superior del niño está siempre por encima de la noticia y la denuncia”. Se aboga por dar una información general, evitar detalles que expongan la intimidad y privacidad y/o contribuyan a generar noticias sensacionalistas o a fomentar el morbo. A proteger la información establecida en el parte policial, preservar las declaraciones, y dar información concisa, clara y veraz. También se recomienda planificar la comunicación, incorporar la normativa vigente, y evitar culpabilizar a las víctimas.
Respecto de los hechos de violencia doméstica, se aconseja describir los hechos como actos sistemáticos y nunca como hechos o agresiones puntuales. Y no brindar detalles de la circunstancia que generó el hecho de violencia ejercida, “dado que puede tener un efecto de justificación o minimización”. También, tener claro que no son “crímenes pasionales”, y que la violencia en el noviazgo y el abuso sexual existen. En cuanto a la explotación sexual, se sugiere evitar expresiones que revictimicen, estigmaticen o refuercen mitos o estereotipos. También se encara la comunicación en casos de adolescentes trans víctimas de violencia. Se considera que se debe referir a la persona de acuerdo al género con que se identifica y tener en cuenta que “no siempre” es necesario explicitar la condición de trans (depende de la relevancia, por ejemplo para visibilizar daños e impacto por una agresión transfóbica).
Echale agua
El protocolo también da cuenta de los contextos donde se produce la violencia: en el hogar y familia de los niños, niñas y adolescentes a través del maltrato físico, psicológico, sexual, o el matrimonio infantil y prácticas tradicionales dañinas. En la escuela, en los sistemas de atención social y de justicia (instituciones de amparo, situaciones de detención). También está presente en el trabajo doméstico, forzado y esclavizado, o en condiciones de riesgo, cuando se dan situaciones de explotación sexual comercial. En la comunidad se da cuando se está en situación de calle, en la violencia cometida por funcionarios policiales u otros representantes de la autoridad; cuando hay violencia sexual y trata. También señala que el castigo físico aún está fuertemente legitimado en Uruguay como forma de disciplinamiento: “desde un sacudón, cachetada o tirón de pelo hasta otras formas que tradicionalmente eran usadas masivamente”.
Según datos de las Naciones Unidas, todos los años 275 millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo son víctimas de violencia dentro de sus hogares. En Uruguay se registran cinco situaciones de maltrato y/o abuso sexual por día, según el informe del Sistema Integral de Protección de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia de 2014. Estos datos reflejan un aumento de 31% en el total de situaciones registradas respecto a 2013. En cuanto a los tipos de violencia registrada, 50% es emocional, 22% de abuso sexual, 16% es maltrato físico, y 12% representa negligencia. En más de tres de cada cuatro situaciones quien agrede es un familiar directo del niño, niña o adolescente. En casi cuatro de cada diez situaciones se trata del padre. La madre es la perpetradora en 27% de las situaciones, y en 15% lo es la pareja de la madre. Sólo 7% de los casos quien ejerce violencia es una persona ajena a la familia.
El protocolo también recoge la información del estudio de “Prácticas de crianza y resolución de conflictos familiares” realizado en 2008 por el programa Infamilia, del Ministerio de Desarrollo Social. De allí se desprende que en Montevideo y la zona metropolitana, 82% de los adultos entrevistados reportó alguna forma de violencia psicológica o física contra un niño en el hogar, 59% manifestó haber utilizado alguna forma de castigo físico, y 15% declaró haberle infligido fuertes castigos corporales. La primera encuesta de Prevalencia de Violencia basada en Género y Generaciones, realizada en 2014, registró que siete de cada diez mujeres uruguayas sufrieron, en algún momento de su vida, violencia basada en género. Además, una de cada tres mujeres declaró haber vivido alguna situación de violencia antes de los 15 años. Respecto al tipo de violencia, 26,8% de los casos es violencia física; la psicológica ocupa el segundo lugar con 21,7%. Se concluye que la violencia en la infancia “es un fenómeno relativamente estable, ya que quienes fueron niñas hace más tiempo registran niveles de violencia en la infancia similares a quienes fueron niñas recientemente”.
Las formas que tienen mayor incidencia y prevalencia sobre la población infantil y adolescente del Uruguay es la violencia que ocurre en el contexto del hogar y la familia (violencia doméstica), y la explotación sexual comercial. Respecto a este último punto, el estado de situación uruguayo es de “cotidianidad”: está “presente de manera directa en el entramado social, no en los márgenes”, según la investigación realizada por Unicef y la Red Uruguaya de Autonomías.
Otro de los puntos que destaca es que no es aceptable pensar que hay grados de violencia tolerables y otros no tolerables o graves. “Todas las formas de maltrato son graves porque menoscaban la integridad del ser humano, vulneran sus derechos y perpetúan la violencia”. En ese sentido, citan el informe de las Naciones Unidas de 2006 que evidencia que la violencia “apenas” se está haciendo visible a nivel mundial.