El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), por intermedio de la Dirección General de Desarrollo Rural, anunció la creación de certificados para los productores familiares, encomendada por el Poder Ejecutivo en la Ley 19.355 de Presupuesto, aprobada en diciembre de 2015.
El Presupuesto estableció para aquellos productores familiares que exploten hasta 200 hectáreas de tierra una exoneración de la contribución inmobiliaria de las primeras 50, de manera de “buscar una nueva forma de política diferencial para estos actores”, explicó el director de Desarrollo Rural, José Olascuaga, ayer en conferencia de prensa.
La realización del certificado no es obligatoria. Aquellos que la deseen deberán solicitarlo -de momento- en cualquiera de las oficinas habilitadas del MGAP de todo el país. Se aclara que “sólo tendrá validez cuando esté sellado y firmado por un funcionario” de esa cartera. Si bien por el momento el certificado se emite únicamente en versión papel, Olascuaga adelantó que a partir de marzo se realizará de forma online y será autogestionado por los propios productores familiares.
Los requisitos para acceder son estar inscripto en el Registro de Productores Familiares que lleva el MGAP y tener vigente la declaración jurada. Para inscribirse en el registro, los productores deberán residir en la explotación (o a una distancia menor a 50 kilómetros), contar con hasta dos asalariados permanentes (o su equivalente en zafrales), el ingreso extrapredial del núcleo familiar debe ser menor a 14 Bases de Prestaciones y Contribuciones (unos 46.760 pesos), y se debe explotar como mucho un área de hasta 500 hectáreas.
Una vez que el productor cuente con la certificación, deberá presentarse ante la intendencia correspondiente para solicitar la exoneración inmobiliaria rural. En caso de que su declaración jurada esté vencida (duran cinco años), los productores podrán actualizar los datos y solicitar el certificado para acceder al beneficio.
Si bien por ahora es el único beneficio que obtienen con este certificado, Olascuaga estimó en diálogo con la prensa que “una vez que quede implementado, no es improbable que se lo ligue a otros beneficios”. De momento, otras ventajas de estar registrado son la preferencia para acceder al programa de apoyo a la producción del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural y a los planes de adjudicación del Instituto de Colonización, la exoneración del gravamen de UTE en las redes donde hay radio base de Antel, y un subsidio equivalente a 50% de los aportes patronales (para quienes tengan menos de 200 hectáreas).
En todo el país hay unos 26.700 productores registrados -15.440 hombres y 11.260 mujeres-, y casi 98% de éstos accederán al beneficio por contar con menos de 200 hectáreas para su explotación. Los departamentos que concentran mayor cantidad de productores son Canelones (5.794), San José (2.064) y Lavalleja (1.959), principalmente dedicados a la ganadería, tanto de producción de carne como de lana (56%), mientras que la producción intensiva (fruticultura, horticultura y vitivinicultura) acapara 20% y la lechería, el 14% restante.