El informe 2015-2016 sobre derechos humanos (DDHH) que Amnistía Internacional (AI) elabora cada año desde 1962 se publicó la semana pasada. Uruguay queda fuera de varios de los problemas del continente que detecta el organismo: la “violencia letal”, los conflictos entre empresas multinacionales y comunidades indígenas por la tierra, los emigrantes que cruzan fronteras peligrosas, los abusos a manos del ejército, los conflictos armados, la pena de muerte. Pero no todo son flores para Uruguay.
Según el informe, la autonomía e independencia del Grupo de Verdad y Justicia -creado por un decreto que el presidente Tabaré Vázquez firmó en mayo de 2014 para investigar las violaciones de los DDHH durante la dictadura- sigue obstaculizada por la Suprema Corte de Justicia, ya que está vigente la sentencia que declara inconstitucionales los artículos 2º y 3º de la Ley 18.831, que el Parlamento aprobó en 2011 y que volvía imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado entre 1973 y 1985, en sintonía con los tratados internacionales que Uruguay firmó. Para AI, esos dos artículos son “cruciales” y “apenas hubo avances” sobre el tema en 2015.
Otro fallo, pero del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), causa “incertidumbre” para AI, ya que ratifica desde agosto de 2015 el derecho de los médicos a optar por no practicar abortos legales. Según el decreto reglamentario de la ley, aprobada en 2012, los profesionales tenían la obligación de fundamentar por escrito su objeción de conciencia, pero la decisión del TCA derogó ese requerimiento. “La decisión del tribunal causó incertidumbre respecto al modo en el que el gobierno garantizaría la aplicación efectiva de la legislación”, dice el informe.
Los escasos avances en las investigaciones de los homicidios de cinco mujeres trans es otro debe, indica AI, que recomienda reforzar las políticas contra la discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales y promover la igualdad de género. El organismo también señala el “elevado” índice de pobreza infantil y reclama salud de calidad para los niños y niñas de las zonas menos favorecidas del país.
Los puntos a favor para Uruguay, dice el informe, son el trabajo por un Plan Nacional de Convivencia y Derechos Humanos, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, y la llegada de nuevas familias de refugiados sirios.