El nuevo proyecto, presentado el 21 de diciembre, contiene 21 artículos, lleva la firma de los diputados Alfredo Asti (Asamblea Uruguay), Lilián Galán y Javier Umpiérrez (ambos del Espacio 609), y a diferencia del que había presentado el Poder Ejecutivo en marzo de 2015, no contiene un capítulo específico para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que había generado críticas en el ámbito académico y científico. Concretamente, la Universidad de la República (Udelar) se había expedido en contra del proyecto, luego de ver que este capítulo modificaba “profundamente” la forma de gobierno de la ANII y eliminaba instancias de diálogo entre ésta y la Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (Conicyt). También hubo otras críticas a lo planteado en el proyecto, en la medida en que se consideraba que sujetaba al sistema de ciencia, tecnología e innovación a la competitividad, lo que, se sostenía, dejaba afuera los aspectos educativos y culturales de la ciencia. A raíz de estos cuestionamientos, Vázquez creó una comisión con la Udelar y otros actores del rubro, que finalmente dio lugar a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, oficina que depende de Presidencia de la República y fue votada en el Presupuesto Quinquenal. “Excluimos ese capítulo porque en el Presupuesto nacional se creó la nueva institucionalidad en ciencia y tecnología”, explicó Asti.
No obstante, el nuevo proyecto sí modifica algunas cuestiones respecto de la forma en que se gobierna la ANII. La agencia tiene un directorio de siete miembros (cinco a propuesta del Gabinete de Innovación y dos a solicitud de la Conicyt) y se propone reducirlo a cinco integrantes: tres a propuesta del nuevo Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad, y dos de la Conicyt.
También se realizan modificaciones en la dirección del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Este organismo actualmente cuenta con siete directores, tres de los cuales son designados por el Ejecutivo, dos por el PIT-CNT y otros dos por las cámaras empresariales. El proyecto original proponía darle la mayoría al Ejecutivo, reduciendo un representante de los trabajadores y otro de los empresarios, lo que había generado molestias de ambas partes. Sin embargo, la nueva iniciativa no recorta representantes, sino que establece que en los casos en que las resoluciones del directorio sean aprobadas con cuatro votos, requerirán de la aprobación del director general, que es uno de los integrantes designados por el Ejecutivo.
Otra de las modificaciones del texto es que al Gabinete de la Competitividad (ahora llamado “de Transformación Productiva y Competitividad”) se integran los ministros de Educación y Cultura (MEC) y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que se suman a los de Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Ganadería, Agricultura y Pesca, y Turismo, además del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El proyecto anterior establecía que el Gabinete de Competitividad sustituía al de Innovación y eliminaba de éste al MEC, lo que había generado fuertes críticas en la academia. La nueva iniciativa, de hecho, ni siquiera plantea que el Gabinete de Transformación Productiva y Competitividad sea un sustituto del Gabinete de la Innovación. El nuevo texto también integra al Sistema de Transformación Productiva y Competitividad al Laboratorio Tecnológico del Uruguay y a los consejos consultivos en esta área. Estos últimos son nuevas figuras que no estaban en el proyecto original y que se definen como “instancias de articulación y consulta, especializadas en una o más materias del Sistema, con la finalidad de potenciar la efectividad en el cumplimiento de sus objetivos, a través de la participación social”.
También se incluye un artículo que establece que la Agencia Nacional para el Desarrollo (Ande) y el Inefop deberán asignar “al menos el 20% del monto total de los apoyos previstos en cada plan de actividades anual” a “proyectos o programas que tengan como objetivo la transformación productiva”. Esta cláusula operará a partir de 2017.
Por último, el texto realiza una rebaja salarial respecto del proyecto original. Mientras que el proyecto original establecía un sueldo de ministro (204.610 pesos) para los presidentes del Directorio de la ANII, de la Ande, del Instituto Nacional del Cooperativismo y de la Junta Directiva del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el texto sustitutivo reduce estos salarios a los de un director general de secretaría (143.227 pesos). Para los cargos de los restantes directores (a excepción de los de la ANII, designados a propuesta de la Conicyt) también hay una rebaja salarial: se propone pasar del sueldo de subsecretario previsto en el texto enviado por el Ejecutivo (173.919 pesos) a otro equivalente a 90% del salario de un director general de secretaría: 128.904 pesos.