-En un estudio de 2007 catalogabas al Estado uruguayo como “estatal-proteccionista” respecto de su papel en torno a las familias y al trabajo no remunerado. ¿Qué implica este término y cómo ha cambiado esta relación desde entonces?
-De los 18 países de la región, son los menos los que tienen una trayectoria histórica de invertir muchos recursos en el bienestar de la población. A su vez, en estos ha habido maneras distintas de hacerlo. En Chile, por ejemplo, en los años 80 y 90 se empezó a invertir fuertemente en la formación de capital humano para que luego las personas puedan comprar el manejo de riesgos de su bolsillo, pero en otros países, como Brasil, Uruguay y Costa Rica, se mantuvo un énfasis en la protección del riesgo de manera colectiva. Creo que lo que ha cambiado, y de maneras más contradictorias, es que el esfuerzo de avanzar en que el Estado llegue a la población sigue muy segmentado entre los que estaban incorporados al sistema antes del año 2000 y los que se fueron incorporando luego. Se ha avanzado mucho en toda la región en que las asignaciones familiares lleguen a más personas, pero los montos de estas siguen siendo muy desiguales. También se ha avanzado en que haya más niños en las aulas, pero los que se han incorporado están en las que cuentan con peores docentes, con los que rotan o los que faltan más. Se ha avanzado para que estén en los sistemas de salud, pero de todos modos, acceden a servicios muy básicos y no necesariamente a atención de segundo o tercer nivel si lo necesitan. Está presente la vacuna, pero no necesariamente el trasplante. El principal reto que emerge en la región -y Uruguay no es la excepción- es el de empezar a superar la segmentación, no tanto en la cobertura como en la suficiencia, en términos de acceso y calidad, de las prestaciones y en la equidad de estas. Hoy por hoy, en Uruguay sigue habiendo tres carriles de incorporación: una de mercado, que sigue siendo la mejor solución para el que puede; una estatal-contributiva, que se considera “mejor” que la otra estatal no contributiva, que está asociada a las personas más vulnerables. En un escenario de cierre del ciclo económico y de restricción fiscal, en el que hay menos recursos para distribuir y, por tanto, existe el riesgo de volver a caer en un sálvese quien pueda, viendo el conjunto de la región, Uruguay es el país que está en mejores condiciones de evitarlo, pero, al mismo tiempo, la apuesta de los últimos gobiernos ha sido más por incorporar que por hacerlo de manera igualitaria.
-¿Cómo debería implementarse el Sistema de Cuidados para que la universalidad de la cobertura no se lleve por delante la suficiencia y la equidad?
-Debería evaluarse cómo se logra avanzar de tal manera que el criterio de pobreza de ingresos y de pobreza de tiempo se vayan juntando. Si logramos que las personas accedan a servicios marcadamente distintos, estamos promoviendo una incorporación social importante pero segmentada. También es necesario ver qué es lo que ocurre con los niños de cuatro a 12 años de edad, porque los problemas de cuidado no terminan cuando entran al preescolar; por el contrario, a veces se acentúan. En este caso, uno de los principales asuntos a resolver es el contraturno de la jornada escolar frente a la jornada laboral.
-¿Pensás que, más que actuar focalizadamente, por ejemplo, en aquellas mujeres jóvenes que en un contexto de vulnerabilidad sacrifican sus horas de actividad por el trabajo no remunerado, hay que tender a avanzar en todos los sectores a la par?
-La focalización es un instrumento de afirmación positiva, pero el universalismo es una característica del resultado que estás buscando. La pregunta es cómo priorizar la incorporación de los niños y niñas de esas mujeres -a veces, sus hijos y otras, sus hermanos-, de manera tal que accedan a servicios y estos sean de buena calidad. Una manera eficaz de hacerlo es mezclar a estos niños con otros que no son de contexto crítico. No siempre se puede hacer, pero en el caso de Uruguay es posible hacer mucho más que lo que se está haciendo. Si niños de contexto crítico están yendo a servicios con otros que no lo son, ganan los dos: los primeros porque se están beneficiando del capital social de los otros, y los segundos porque están conociendo la realidad del país y están construyendo un nosotros. La sociedad uruguaya tiene cada vez menos oportunidades de construir cohesión social en espacios de política pública. Para que haya esa mezcla en un CAIF de Pocitos tenés que habilitarlo para que entren también las personas que trabajan allí, no solamente los que residen. En materia de primera infancia Uruguay tiene un problema pequeño por su escala y porque las limitaciones del financiamiento pueden sortearse en tanto se piense en una arquitectura lo más unificada posible desde un punto de vista de prestadores muy diversos, pero con financiamiento muy potente. El Estado interviene pero también lo podrían hacen otros actores, incluyendo el bolsillo de las familias, con criterios de elegibilidad muy amplios, para que los niños y niñas, por ser tales, puedan acceder a una canasta de servicios que esté regulada por el Estado.
-Está sobre la mesa la discusión de si las políticas de transferencias monetarias directas deben ser condicionadas. ¿Cuál es tu opinión?
-Creo que ya tenemos suficiente evidencia de que el condicionamiento no es necesario, que el gran techo de acceso de las familias es la oferta. Las mamás no dejan de mandar a sus hijos a la escuela porque no lo consideren importante, sino porque en la escuela no hay lugar disponible o es de mala calidad. Hemos logrado que millones de niños lleguen a la escuela y los centros de salud, pero no estamos logrando que reciban ahí lo que necesitan. Entonces creo que es hora de condicionar la oferta, no la demanda. Estos programas de transferencias directas “maternalistas” en términos de movilizar la energía de millones de mujeres en la región han permitido articular al Estado con las familias. Por un lado, permitieron visibilizar la enorme cantidad de trabajo que hacemos las mujeres y, en particular, la enorme cantidad de trabajo que hacen las mujeres en condición de pobreza según sus ingresos; pero, al mismo tiempo, cometieron la injusticia de que se instrumentalicen como medios para llegar a los niños pero que no sean en sí mismas sujetas de políticas. Por otra parte, estos programas no han sido exitosos en interrumpir el ciclo intergeneracional de la pobreza; han sido exitosos en mejorar las condiciones económicas del presente. Para hacer lo primero se necesita hacer muchas otras cosas, que tienen que ver con las adultas, en este caso, con las mujeres.
-¿Qué se puede hacer para interrumpir el ciclo?
-Creo que tiene que ver con los programas de empleabilidad, de educación y de generación de oferta de empleo para estas personas, para las madres. Hay que pasar de la noción de la sujeta madre a la sujeta mujer, para que no estén superpuestas. No quiere decir que no sigas haciendo cosas por los niños, pero son dos cosas diferentes. De esta manera se dará inicio a una nueva etapa, en la que trascendamos este maternalismo social de los programas de transferencias monetarias condicionadas. Eso es importante en nombre de la igualdad de género, pero también de la eficiencia del uso de los recursos públicos, porque finalmente necesitamos que estas personas puedan tener un ingreso monetario propio proveniente del mercado laboral o de otros programas de protección social desvinculados de sus hijos; de lo contrario, no habría posibilidad de imaginarnos su autosustentabilidad económica. Me parece que ese es uno de los temas más importantes a resolver en el corto plazo, porque esta discusión tenía lugar en un escenario de expansión, mientras que ahora estamos en una situación de barajar y dar de nuevo.