La empresa regional de telecomunicaciones Italba presentó el 24 de marzo una demanda contra el Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), según informó este martes el portal especializado Global Arbitration Review (GAR). La empresa, proveedora de servicios de banda ancha satelital, cuestiona la decisión de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), tomada en 2011, de revocarle la licencia para operar a su subsidiaria, Trigosul. En ese momento, Uruguay alegó que la empresa violó los términos de la licencia.
Según una resolución de la Ursec con fecha del 20 de enero de 2011, Trigosul SA no cumplió “con la prestación del servicio de transmisión de datos al que fue oportunamente autorizado” en 2000. Trigosul tenía una licencia para proveer en el territorio nacional, con carácter comercial, líneas digitales inalámbricas, sin conexión a la red telefónica pública, para la transmisión de datos. Para ello se le asignaron los subbloques de frecuencias 3,425 a 3,450 Mhz y 3,525 a 3,550 Mhz. En 2006, la empresa informó que había trasladado su Estación Concentradora de Tráfico del sistema a la torre El Gaucho, piso 19, oficina 1901. La Ursec realizó una inspección en ese lugar y comprobó que allí no estaba instalada la estación, sino una empresa dedicada a la compra de cartera de deudores. Además, la última declaración jurada de la empresa fue presentada en 2009, y en ese instancia declaró no percibir ingresos y no cumplió con el pago del precio correspondiente por el uso de la frecuencia. Por todo esto, la autoridad regulatoria concluyó que Trigosul no estaba prestando el servicio, “configurándose así el incumplimiento de la principal obligación inherente a la calidad de un prestador de servicio, prestación que en el caso involucra la asignación de espectro radioeléctrico”, según consta en la resolución.
En 2014, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló la resolución de la Ursec y, según Trigosul, eso implicaba que se le restituyera la licencia. La empresa sostiene que el año pasado solicitó a la Ursec que se le restituyera la licencia y la autoridad reguladora ignoró el pedido, y transfirió sus derechos a otra empresa de telecomunicaciones.
Por este motivo, Trigosul recurrió al CIADI alegando que Uruguay violó las disposiciones del Tratado Bilateral de Inversión Uruguay-Estados Unidos, firmado en 2004, que establece la obligación de otorgar a las empresas con sede en dicho país -Italba tiene sede en Miami- un trato “justo y equitativo”, y sostiene además que se le denegó el acceso a la Justicia.
Este caso se suma a la demanda que aún está pendiente de la tabacalera Philip Morris, que podría resolverse este año. El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo a la diaria que Uruguay tiene “argumentos muy sólidos para que no pueda prosperar” el recurso de Italba. Afirmó que para que esta empresa pueda presentarse ante el CIADI, no puede presentar previamente recursos en Uruguay, acción que esta empresa sí llevó a cabo, ante el TCA.