En un clima de creciente efervescencia política, y en momentos en que la oposición brasileña, impulsa un juicio político (o impeachment) contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, la región comienza a concretar sus primeros pronunciamientos. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) está discutiendo una declaración al respecto a solicitud de Uruguay (que ejerce la presidencia pro témpore del bloque), en la que expresa un respaldo institucional a Rousseff. Según dijeron a la diaria fuentes de la cancillería uruguaya, en un principio la declaración incluía una crítica al Poder Judicial brasileño, pero luego este fragmento fue quitado del texto, por entenderse que no correspondía un cuestionamiento generalizado a la Justicia de ese país por la actuación en concreto de algunos magistrados. Mientras la declaración todavía es discutida por los países de la región, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se comunicó con Tabaré Vázquez para pedirle que se convoque a una cumbre urgente del bloque para respaldar al actual gobierno brasileño. De la cancillería uruguaya, señalaron a este medio que nuestro país no tiene inconveniente en convocar un encuentro de ese tipo.
Por lo pronto, el secretario general de la Unasur, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, ya se pronunció al respecto: “Reitero apoyo y solidaridad a la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, y también el derecho del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a su legítima defensa sin presiones políticas”. También el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que el mandato de Rousseff “debe ser asegurado, conforme a la Constitución y las leyes, por todos los poderes del Estado y todas las instituciones del país, así como debe evitarse todo menoscabo de su autoridad, venga de donde venga”. En la cancillería uruguaya se espera que el Mercosur se acople a la declaración de la Unasur.
Por otra parte, el gobierno uruguayo emitió un comunicado en el que reitera su respaldo a Rousseff, “quien fue elegida democráticamente por la mayoría de los brasileños”. “Uruguay confía en que las diferencias internas existentes en Brasil serán resueltas en el marco del régimen democrático, a través del diálogo y el fortalecimiento de las instituciones”, se afirma.
El Frente Amplio también se expresó, por intermedio de su Mesa Política, en una declaración bastante más larga, en la que rechaza los “intentos de desestabilización institucional en Brasil, propiciados y llevados adelante por parte del Poder Judicial, sectores políticos y responsables de medios de comunicación”. Además, manifiesta su solidaridad con Rousseff, con Lula, y con el Partido de los Trabajadores.
Dos polos
“Respaldo que impulsa Tabaré Vázquez de Unasur a Dilma [Rousseff] no representa nuestro sentir. No tiene amplia base política ni social”, escribió el senador y ex candidato presidencial Luis Lacalle Pou en Twitter. El senador Jorge Larrañaga se mostró de acuerdo con su ex compañero de fórmula.
Verónica Alonso, senadora del PN, destacó la importancia de la “institucionalidad” en el país, lo que “no significa que los poderes no sigan actuando: tanto el gobierno, que fue electo democráticamente, como la Justicia, que es necesario que pueda actuar”. Según Alonso, el impeachment contra Rousseff no sería un ataque a las instituciones, “si cuenta con un aval de la Justicia, en donde se compruebe que existen hechos de corrupción que involucren a la presidenta”. La legisladora cuestionó al FA por respaldar a Lula, que “sí está bastante involucrado con la corrupción”.
El senador colorado José Amorín Batlle sostuvo que el juicio político en Brasil es un mecanismo previsto constitucionalmente. “Lula buscó el impeachment del ex presidente Fernando Collor de Mello e impulsó el de Fernando Henrique Cardoso. Pero ahora que es contra Rousseff, es golpe de Estado, y antes estaba fenómeno. Acá hay una doble moral”, cuestionó.
También el senador del Partido Independiente Pablo Mieres mostró una postura similar: “Es muy delicado establecer una posición categórica, pero el gobierno y el FA se equivocan, porque el impeachment es un procedimiento judicial que está en la Constitución brasileña y todo está funcionando de acuerdo a ella, aunque no me gusta que un juez actúe con un perfil demasiado alto o haciendo ciertas exposiciones públicas”.
En tanto, el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio también cuestionó la actitud del oficialismo: “En Brasil existe la figura del impeachment. Acá lo central está en ocultar la corrupción de lo que fue el gobierno de Lula. El altísimo nivel de corrupción nada tiene que ver con un gobierno de izquierda. No se trata de una ofensiva de la derecha cuando hay acusaciones tan graves, propias de los gobiernos que se dicen de izquierda pero no cambian para nada el estado de cosas y lo que hacen es prolongar y confirmar el predominio del gran capital”.