A principios de diciembre del año pasado, los trabajadores nucleados en la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas, en conjunto con una delegación del Ejecutivo y otra del PIT-CNT, decidieron la conformación de una mesa de negociación que funcionaría entre el 15 de ese mes y el 1º de febrero, con el objetivo de analizar la situación de MontevideoGas.
Sesionarían representantes de los organismos nombrados y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el diputado Carlos Varela por la Comisión de Legislación del Trabajo.
El retraso del MIEM en tomar posición con respecto al tema produjo tres sucesivas cancelaciones -la última el viernes 18-, por lo que el sindicato consideró que el espacio para negociar se redujo y se plantó firme en la discusión. “Creemos que se está conformando un clima de conflicto que no queremos ni alentamos, pero que estamos dispuestos a llevar a cabo si no se toma una decisión”, dijo a la diaria el dirigente Alejandro Acosta.
La deuda y la gestión
En un comunicado emitido tras enterarse de la suspensión de la reunión de marzo, el sindicato expresó que, al tratarse de la tercera vez que esto ocurre, “sin mediar explicación alguna”, lamenta la “falta de compromiso del MIEM”. Según Acosta, las reuniones no se llevan a cabo porque la cartera “no logra tomar una decisión” con respecto a si rescindir el contrato con Petrobras y pasar la gestión de distribución a ANCAP, o seguir con las cosas como están.
En un informe remitido al presidente de la República, Tabaré Vázquez, el sindicato sostiene que, además de una serie de faltas “graves” de gestión, como la postergación de inversiones necesarias, la pérdida de más de 5.000 usuarios, la pérdida patrimonial y el aumento del riesgo del crédito (que de 2,7 millones de pesos pasó a 45,2 en el último año), Petrobras ha violado el contrato en dos ocasiones.
La primera, cuando en octubre de 2014 una fuga por error puso en evidencia la falta de mantenimiento de los medidores y colapsaron los servicios de atención de emergencias; la segunda, por incumplimiento de pago del canon (arriendamiento por la concesión del servicio) desde hace más de seis años.
Según el sindicato, la empresa arrastra una deuda desde 2009 -cuando cambió por su cuenta la manera de liquidar el canon-, que acumula al día de hoy -junto con el recargo por mora y una multa por incumplimiento reiterado- un monto de más de 5,8 millones de dólares, superando los cinco millones que el Estado debería poder cobrar por ejecución de la garantía.
Este incumplimiento en el pago del canon comprende, según Acosta, “causal grave y motivo de rescisión del contrato”, por lo que “se podría ejecutar y hacerlo caer” y pasar la gestión a ANCAP.
La distribución por cañería de gas natural está regulada por la Ley 14.142, del 20 de junio de 1973, en la que el Parlamento declaró de “utilidad pública” la expropiación por parte del Estado de la compañía de gas, para que la explotara directamente, la arrendara o la vendiera, pero el Decreto-ley 15.279 restringió en 1982 la voluntad del Estado a “arrendar o vender” la distribución, habilitando así su privatización. Según Acosta, el Estado podría ampararse en la primera ley, que, en definitiva, “aún está vigente”.
A esto se suma el reclamo de los trabajadores a la violación del último convenio pautado en la negociación colectiva de los Consejos de Salarios, que establecía que los sueldos estuvieran “atados” a indicadores económicos como el Índice de Precios al Consumo, que registra la inflación acumulada, pero que la empresa brasileña se niega a pagar.
Petrobras considera, en cambio, un incremento nominal de 6% anual, con ajuste por inflación al finalizar 2017, lo que, “teniendo en cuenta los aumentos de precios, redundaría en una rebaja de los salarios”, estimó Acosta.
El representante de los trabajadores opinó que existen diversos discursos sobre la “fragilidad o solidez” de los números de la empresa. Con estas discrepancias como telón de fondo, la empresa resolvió no presentarse a negociar en la ronda de los Consejos de Salarios.
Señales contradictorias
Petrobras confirmó a los empleados de MontevideoGas, a principios de marzo de este año, que se piensa abandonar el único local que es patrimonio de la distribuidora, ubicado en el cruce de las calles 25 de Mayo y Juncal, y que se pasará a alquilar un piso entero del edificio Plaza Mayor, en la plaza Independencia.
Acosta sostuvo que se trata de “señales contradictorias”, ya que la empresa dice estar haciendo frente a una crisis y, sin embargo, “se da el lujo” de alquilar un local a “un costo de casi 230.000 dólares al año, con 100.000 pesos por mes de gastos comunes”. Al considerar “absurda” esta decisión, los trabajadores decidieron rechazarla y boicotear la mudanza. “Si quieren efectivizar este error, vamos a ocupar”, afirmó Acosta, y agregó que esta postura fue comunicada al Ministerio de Industria, Energía y Minería -la cartera que custodia de los bienes de la concesión- para que actúe en consecuencia.
Los trabajadores del gas habían ocupado la sede de MontevideoGas a principios de febrero del año pasado; a mediados de setiembre habían hecho lo mismo en las oficinas de ANCAP.
Para hoy a las 10.00 el sindicato tiene pautada una reunión con las autoridades en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en calidad de comisión. “Esperamos que no nos cancelen nuevamente. A esta altura -desde el 16 de enero no nos hemos vuelto a reunir-, que se siga postergando es un indicio de que no va a tener andamiento la comisión y, por ende, tampoco vamos a llegar a una solución”, dijo Acosta.