“No escapa al conocimiento o al juicio de ningún habitante de la República que en los últimos 25 años viene registrándose un progresivo pero incontenible avance de la actividad delictiva”, dice el senador blanco Jorge Larrañaga en la exposición de motivos de su proyecto de ley sobre la creación de la Guardia Nacional. Destaca que ha habido “un incremento de los delitos perpetrados por menores de edad, con o sin la participación de mayores y actuando en la mayoría de los casos con inusitada ferocidad producto de la ingesta periódica de drogas baratas, en especial, pasta base”.
Ante este panorama poco alentador, Larrañaga propone adoptar un modelo que, asegura, ya existe en Chile (Carabineros), España (Guardia Civil), Francia (Gendarmería Nacional), Italia (Carabinieri), Portugal (Guardia Nacional Republicana) y Holanda (Real Policía Militar y de Aduana). La guardia sería comandada por un oficial general de las Fuerzas Armadas (FFAA) en actividad, “secundado por un cuerpo de oficiales y un Estado”, y estaría integrada por “personal subalterno llamado a integrar la Guardia Nacional, siguiendo estrictos criterios de capacitación y especialización profesional, hasta completar una dotación de 2.000” efectivos. Según Larrañaga, las FFAA “ya han demostrado su ductilidad y capacidad de adaptación a tareas distintas de la defensa nacional en sentido estricto, más bien referidas a la conservación del orden público y la seguridad de personas y bienes en medios mucho mas complejos”. La fuerza dependería “funcionalmente” del Ministerio de Defensa Nacional, y “operativamente” del Ministerio del Interior, y se estructuraría jerárquicamente según las previsiones de la Ley Orgánica Militar, que se aprobó a inicios de la última dictadura.
Larrañaga también presentó un proyecto de ley para agravar las penas por venta de drogas, especialmente la cocaína y la pasta base. El proyecto propone subir las penas mínimas de 20 meses a dos años por producción, tráfico y tenencia de drogas, sin modificar las alternativas previstas por la Ley de Regulación del Mercado de Cannabis, respecto de la plantación y tenencia de esta sustancia. El texto establece un mínimo de tres años para las penas previstas en la Ley de Estupefacientes, siempre que las “actividades delictivas” involucren la “sustancia cocaína”. En caso de que estas actividades “tengan por objeto material cocaína en su estado de base libre o fumable”, la pena mínima será de cuatro años. “El presente proyecto pretende señalar inequívocamente que la sociedad -y el Estado a su servicio-, no tolerará el tráfico de estupefacientes”, argumenta Larrañaga.
Si bien el senador estuvo en contra de la baja de la edad de imputabilidad penal, el tema de los delitos cometidos por los menores parece preocuparle: “La ferocidad y el desprecio por la vida humana exhibida por menores en el último tiempo, producto del abuso de drogas -particularmente pasta base de cocaína- y una nueva cultura del delito apoyada por un ‘microclima’ social donde existen antivalores muy marcados, hace que deba asumirse el problema con un enfoque punitivo más severo”, sostiene. Es por eso que el senador presentó un proyecto que duplica el máximo de las medidas privativas de libertad de cinco a diez años, y que dispone que quienes cometan infracciones gravísimas a la ley penal “no gozarán del beneficio del régimen de semilibertad”. Además, duplica el mínimo de tiempo de la privación de libertad a dos años.