El trámite a la interna de la Universidad de la República (Udelar) comenzó el 6 de mayo de 2014, cuando Nilo Patiño, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, remitió una nota al entonces rector de la institución, Rodrigo Arocena. Se trata de la manifestación de disconformidad de la organización con el trabajo del antropólogo José López Mazz, que en ese entonces lideraba uno de los equipos técnicos que trabajan en convenio con Presidencia para el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. En concreto, Patiño se quejó de que López Mazz afirmó que ya se había hecho una inspección ocular dispuesta por la Justicia en el Servicio de Material y Armamento, donde funcionó el llamado 300 Carlos, cuando eso no había ocurrido. Patiño asegura que ese acontencimiento obstaculizó el accionar de la Justicia y solicitó que se tomaran “medidas administrativas” al respecto. Se trata de la causa que investiga la desaparición de Nebio Melo.
Después de la elaboración de un informe por parte del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, la Udelar archivó la denuncia, que en julio de 2015 fue reiterada por Patiño. Para abordar el caso, ya con Roberto Markarian como rector, la Udelar conformó un grupo de trabajo. El informe elaborado por dicha comisión llegó al Consejo Directivo Central (CDC) a pedido de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, fue discutido en la sesión del 15 de setiembre de 2015 y duramente cuestionado por Rico. Después de una postergación, la institución resolvió tomar conocimiento del informe, “reafirmar el compromiso de la Udelar con la causa de los derechos humanos y, en particular, con el esclarecimiento de la suerte corrida por los detenidos-desaparecidos y el hallazgo de sus restos”, además de comunicar parte de ese informe a Patiño.
En concreto, el CDC definió comunicarle las conclusiones y recomendaciones del grupo de trabajo, entre las que se señalan que “la confusión” generada sobre la inspección ocular pudo haber “afectado” el proceso judicial, a causa de “errores de coordinación y de comunicación” dentro del equipo de antropólogos, sumado a la “falta de conocimientos jurídicos y forenses” de éstos. De todas formas, se señaló que no hubo errores voluntarios.
Además, el CDC resolvió que en el trabajo de los equipos se establezcan instancias de definición política separadas de las técnicas y académicas, para las que la Udelar “reivindica” la mayor independencia de los investigadores. El CDC consideró “beneficioso” que se integren técnicos de otras áreas de conocimiento, de acuerdo con las necesidades concretas que surjan en el trabajo, y se establezca la coordinación de las acciones de la Udelar en el Prorrectorado de Extensión y Relaciones con el Medio. De esa forma, la Udelar dio por laudado el tema a su interna.
En la sesión del CDC de ayer ingresó una nota de Patiño en la que indica que “esperaba otra actitud” de la Udelar y sus autoridades con respecto al tratamiento de su planteo. Según entendió, en la información que recibió “no existe una respuesta” a su denuncia. Patiño se quejó de que en la respuesta que recibió “únicamente” se transcriben algunos puntos de lo informado por el grupo de trabajo, y manifestó que, “si hubiera habido la intención de investigar a fondo”, primero tendría que haberse expedido la División General de Jurídica de la Udelar y luego “debieron diligenciarse mínimos elementos de juicio”, como la consulta de las actuaciones judiciales por la desaparición de Melo en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal.
La nota fue tratada ayer en el CDC y el único que se refirió al tema fue el consejero docente -y nieto de Julio Castro- Ariel Castro, quien dijo sentirse “interpelado”. Castro manifestó “cierto dolor” porque la Udelar “no supo transmitir” adecuadamente lo discutido y laudado a su interna, que, consideró, se procesó adecuadamente. Por lo tanto, asumió la “autocrítica” de no haber comunicado de la mejor forma lo resuelto.