“El sistema nervioso del mundo”. Así define a la red de redes la argentina Natalia Zuazo, politóloga de formación y periodista de profesión, que llegó a Uruguay con su libro Guerras de internet en la valija. Mezcla de investigación, crónica y exploración bibliográfica, es el resultado de dos años de trabajo que la autora dedicó a desenredar los aspectos técnicos, geopolíticos, éticos y cotidianos de internet. “Quería alejarme de las dos visiones con las que se suele encarar el periodismo de tecnología: la visión paranoica (‘salgamos de internet, volvámonos ermitaños, no la usemos, porque todo es control’) y la tecnooptimista (‘a las tecnologías primero hay que adoptarlas y después vemos las consecuencias’)”, declara Zuazo, que presentará su libro mañana a las 19.00 en el Centro Cultural de España (Rincón 629).
-Da la impresión de que para la población general los datos personales no tienen valor valor; parece no haber una percepción de que vulnerar los derechos informáticos sea vulnerar derechos.
-Hay una comodidad. Parece que con conectarte estás utilizando aplicaciones y nadie te cobra por hacerlo, pero el producto sos vos. Ni Facebook, ni WhatsApp ni Google valdrían lo que valen si vos no les estuvieras dando todo el tiempo tu información. De hecho, Google es la empresa de publicidad más grande del mundo, y Facebook es la segunda; son empresas cuyo valor es tener las bases de datos más grandes del mundo, actualizadas segundo a segundo, palabra por palabra. Hay un movimiento en el mundo que exige que nos paguen por nuestros datos, y los que están en contra dicen que eso sería como legalizar la prostitución. Hay otra postura que es “como yo no tengo nada que esconder, no me importa, les dejo mis datos”, y hay una tercera que es más difícil: ser responsables como usuarios de internet, como ciudadanos y consumidores. De la misma forma en que vos no comprás cosas para comer hechas con trabajo esclavo o, como vos decís, ante un abuso se organiza una protesta, con internet es lo mismo: tenés que tomar en cuenta qué usás y cómo hacés un uso responsable. En Buenos Aires hay una aplicación de wi-fi gratuita en toda la ciudad, y la cantidad de datos que recaba sobre vos es impresionante. Yo siempre digo que si viajás en subte y no llega la señal, ¿es imprescindible que te conectes esos 12 minutos de viaje?
-Ese uso responsable implica quedarse afuera de algunas cosas.
-Yo no planteo que te quedes afuera, pero podés elegir, por ejemplo, si encriptás determinados mails o qué software usás. Estamos atrasados en cuanto a la conciencia en el ámbito de la tecnología. También pasa que vivimos en Argentina y en Uruguay, sociedades bastante democráticas en las que los usos descuidados de la tecnología no implican un riesgo de vida. Aunque, ojo: cuando asumió el gobierno de [Mauricio] Macri hizo “listas negras” en base a la información que publicaban los empleados públicos en las redes sociales; gente en contra del gobierno de Macri, kirchneristas o que simplemente habían expresado cosas a favor de Cristina Fernández de Kirchner. No es un problema hasta que es un problema, y no tenés nada que esconder hasta que alguien lo pueda usar en tu contra.
-¿Encriptás tus mails?
-Sí. Uso Thunderbird y Enigmail. Todavía no logré bajar mails encriptados en el teléfono sin que se cuelgue, así que lo hago desde mi computadora, en la que uso software libre. Pero encriptar es limitado: me comunico de esa forma con activistas o periodistas. Deberíamos ser más cuidadosos con eso, pero también lleva mucho trabajo, no vamos a mentir. Lleva un tiempito más. Usar software libre, sí, es más fácil que usar Windows.
-¿Por qué hay que elegir el software libre?
-Me parece que es otra forma de ejercer tu soberanía. Existe la posibilidad de usar una herramienta creada y mantenida colaborativamente, que tiene un ecosistema que además es abierto y protege tu privacidad. Si todos lo hiciéramos tendría más fuerza. Casi no tengo aplicaciones en el celular. WhatsApp es en la que más cedo: trato de llevar a la gente a Telegram, pero nadie va. Y WhatsApp es de Facebook, o sea, es la misma base de datos. Hay un debate sobre las plataformas: la semana pasada, cuando [Barack] Obama hizo una visita oficial a Buenos Aires, Macri publicó el detrás de escena sólo en Snapchat, y hay mensajes que sólo publica en Facebook. Si la información pública de un gobierno -cualquiera sea su signo político- está solamente en una red social, ¿dónde está el derecho a la información? Te están obligando a que tengas una cuenta en Facebook para informarte. El gobierno de Macri, cuando asumió, dejó sin efecto por decreto las leyes de telecomunicaciones y anunció que el nuevo organismo, Enacom [Ente Nacional de Comunicaciones] se va a encargar de presentar un nuevo proyecto de ley de medios y telecomunicaciones en forma convergente. Desde que Enacom está en funciones, las noticias se publican primero en la web de Clarín y a las tres horas sale el comunicado para todos los medios; pero incluso Clarín sacó una nota en la que se criticaba que el gobierno entregue la información en Snapchat, al que consideran “un medio extranjero”. Es casi un chiste que Clarín diga eso, pero es interesante el planteo de si la información pública debería estar en todas las plataformas y que sea el otro el que elija cómo consumirla.
-Eso sin contar a la población que se pierde información pública por estar por fuera de las redes. En Uruguay 81% de las personas tienen acceso a internet, lo que es un índice elevado para la región, pero implica que 19% se quedan afuera. ¿Cómo es el acceso en Argentina?
-65%, pero el gran problema es que está monopolizado por tres empresas: Telecom, Telefónica y Fibertel Cablevisión, en proporción de 30% cada una. Hay una concentración geográfica de la conexión en lugares como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, pero hay muchos otros, alejados y con niveles de conexión más bajos y precios más caros. Se instaló durante el gobierno de los Kirchner un cable de fibra óptica, pero ahora no se sabe qué va a pasar con eso.
-En tu libro te preguntás quiénes son los dueños de internet. Uno de ellos es la empresa Level 3, que tiene 71% de las conexiones de fibra óptica del mundo.
-Es muy impresionante, pero es un dato no muy conocido. Tenés a los dueños de la infraestructura -Level 3, AT&T, Comcast-, a las empresas que proveen protocolos y certificados de seguridad, como Verisign, y después tenés a las empresas de los contenidos. Los dueños de la infraestructura son los que históricamente invirtieron en internet, y Google, Amazon, Facebook, Yahoo, son los que vinieron después. Cinco de cada diez personas en el mundo están conectadas a un servicio de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook o AOL. Ellos también son dueños, porque ahí se da la mayoría de las transacciones de internet y una de las primeras guerras que describo en el libro: usamos cada vez más ancho de banda y ¿quién paga la cuenta? Como Estado tenés que encargarte de que les llegue a la mayor cantidad de personas posibles, que sea un servicio universal, de la misma forma que hacés rutas. Después te cuestionan: “¿Para qué les vas a dar computadoras a los chicos si no tienen para comer?”. Y, porque si no estás creando otra desigualdad.
-¿Seguiste el debate de la asociación entre Google y el Plan Ceibal sobre contenidos educativos?
-Sí. Me interesó porque en Argentina tenemos el mismo problema, no con Google sino con Microsoft, que hizo mucho boicot y mucho lobby para que las computadoras del plan Conectar Igualdad -homólogo del Plan Ceibal de ustedes- no tuvieran doble booteo [posibilidad de iniciar la máquina en un sistema operativo o en otro]; tienen un sistema operativo libre que se llama Huayra, creado por ingenieros argentinos, y Microsoft quería que sólo bootearan con Windows. Las empresas están muy pendientes de meterse en las computadoras y las cabezas de los chicos.
-¿Cuáles son los peligros?
-Fundamentalmente, no darte opción. Yo no estoy en contra de que exista el paquete de Google for Education [una serie de herramientas informáticas aplicadas a la enseñanza], pero sí de que pienses que eso es lo único que existe, o que si querés usar otro procesador de texto, otra hoja de cálculo, no puedas hacerlo. Y comprar estas soluciones permanentemente afuera es dejar a los recursos humanos de tu país fuera del circuito de producción del software.
-De todas formas, crear aplicaciones similares desde países como los nuestros sería más caro y trabajoso.
-Es más caro, definitivamente. Pero eso también es voluntad política: es interesante que no se presente como única opción. Usemos Windows, pero también usemos Huayra. Es importante que los políticos, los legisladores, los jueces, las personas que toman decisiones sobre los datos sensibles para un país, puedan saber cómo funciona internet. Si esas personas no saben que si un dato está en un datacenter de otro país está regido por leyes que no son las del suyo, ¿qué decisiones soberanas puede tomar? No les podés pedir que sepan todo, pero deben tener asesores tecnológicos.
-El Poder Ejecutivo uruguayo envió este mes una ley que pretende regular las aplicaciones informáticas como Uber. La metodología de la empresa parece ser llegar, empezar a trabajar y después ver cómo llevarse con las regulaciones. ¿Cómo es en Argentina?
-Lo primero que contratan es a un gerente general -en Argentina hace un año que tienen una búsqueda publicada; se ve que no encontraron- y una persona de política, para influir en las negociaciones [nota: mientras se realizaba la entrevista, Uber lanzaba una convocatoria para conductores en Buenos Aires]. Primero se instalan y miden el mapa, tratan de tensar la cuerda lo más que pueden, y en cada país han tomado decisiones muy distintas. De la misma forma que acá no había regulaciones, en Argentina tampoco hay. Allá los sindicatos del taxi tienen una imagen muy negativa por sus prácticas sanctas y non sanctas, y Uber llega con las de ganar, porque tiene un marketing positivo, no pide licencia para los conductores, trabajás en forma independiente. Lo que en general no se ve es si estas empresas son un nuevo intermediario o un nuevo monopolio. ¿Es economía colaborativa?
Ese es un término que se empezó a usar para aplicaciones en las que los usuarios colaboraban a un mismo nivel para evitar intermediarios, pero pronto fueron capturadas por las mismas estructuras empresariales que pretendían esquivar.
-Sí, ese es un riesgo. ¿Tenemos que elegir entre dos males, el sindicato del taxi corrupto y la empresa que se queda con toda la plata? Es más difícil ocuparnos de nuestra economía colaborativa en serio, pero es posible. Incluso hay ciudades donde el modelo de Uber existió durante un tiempo y después los propios municipios inventaron un sistema de taxis colaborativo entre varias empresas y lograron una solución local. Y hay otro tema interesante: vos le estás dando esa plata a Uber, una empresa que está en California, en el mismo lugar donde están Google y Microsoft, y en definitiva la riqueza sigue yendo para el mismo lugar.
-¿Cómo ves los mecanismos de cibervigilancia como El Guardián?
-El caso emblemático es el del software de Hacking Team, una empresa italiana, que fue comprado por muchos países de América Latina para la vigilancia masiva de ciudadanos. Es lo mismo: son empresas a las que les conviene vender software espía así como mañana venderán software para otras cosas; el problema es que vos, como Estado, lo compres, y con qué intención. ¿La interceptación de comunicaciones es necesaria y proporcional? Eso es lo que debería guiarte. ¿Con qué objetivo lo compraste? ¿Licitaste entre otros programas? ¿Tenés el código o lo sigue teniendo la empresa que te lo vendió? Ese tema, el de los ciudadanos espiados y el poco control que hay sobre las agencias de control, las agencias de investigación e inteligencia de los estados, es un tema común en toda América Latina. Lo peligroso es que ante la técnica que avanza no te impongas reglas sobre cómo se implementa el espionaje y qué garantías les das a quienes estás espiando. Que no lo hagas es falta de voluntad política. Sería ridículo plantearse que si tenés la herramienta técnica sigas mandando a un tipo a seguir a otro en la calle, pero, por ejemplo, en Argentina -país en el que hay grandes problemas con el espionaje-, el gobierno anterior decidió darle las escuchas telefónicas a una unidad especializada dentro de los fiscales, con todo un protocolo de escuchas telefónicas y de interceptación de mails muy estricto, que fue público.
-Esa una de las diferencias con el caso uruguayo: aquí parte del protocolo sigue siendo reservada.
-Sí, pero ahora llegó el gobierno de Macri, anuló el protocolo por decreto y quiere que el sistema de escuchas pase por una unidad en la Corte Suprema. El tema es qué garantías tiene el ciudadano de que no se están vulnerando sus derechos. El problema no es el espionaje, sino quién controla al espía.